19/02/2006
Informe sobre el 20 de febrero. Parte 1: Cuentos de la selva.

Revista Desatormentándonos (Humanidades - UNLP)
Abril de 1997

En Abril de 1997, a poco de cumplirse el primer aniversario del 20 de febrero, la agrupación AULE de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) editó la revista Desatormentándonos. En ese primer número, el informe central estaba compuesto por cuatro notas sobre la Ley de Educación Superior y su introducción en el Estatuto de la UNLP. Reproducimos los cuatro artículos que integran ese informe especial, en dos partes. En la primera, a continuación, presentamos Educación Superior: CUENTOS DE LA SELVA. En la segunda parte la información se vincula específicamente con lo sucedido el 20 de febrero de 1996, al reformarse el Estatuto de la Universidad Nacional de La Plata.



DESATORMENTÁNDONOS
Nro. 1, abril 1997, editada por AULE (Agrupación Unidad para la Lucha Estudiantil), Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación- UNLP


Educación Superior
CUENTOS DE LA SELVA

El 20 de febrero ya es parte de la historia de nuestra universidad. Si a un año de lo sucedido el propio oficialismo de la UNLP se ve obligado a emitir un comunicado o a confeccionar afiches para insistir con su particular lectura de la realidad, es porque esa fecha no ha sido olvidada, aún para los que nunca asumieron sus responsabilidades por lo sucedido. Es evidente que el 20/2 no tiene el mismo significado para los diferentes sectores políticos. La idea de estas notas es acercar una visión para pensar estos hechos, no entendidos de manera aislada sino formando parte de un proceso, en un contexto difícil para la universidad pública y en el marco de aplicación de un plan económico-social inhumano.

El individualismo y la división de los lazos de solidaridad son dos de los rasgos que pueden caracterizar el modelo de sociedad actualmente en marcha. La supervivencia del más fuerte, la competencia y la adaptación ciega a una realidad en la que se dejan de lado derechos fundamentales, aparecen como los únicos caminos posibles para sobrevivir. La universidad ha aceptado esta ley, y rigen en su interior estos mismos valores, reconociendo de esta forma su falta de proyectos y su limitada capacidad política. Las propias autoridades universitarias han venido admitiendo y legitimando la concepción de que deben formarse profesionales que sirvan a las necesidades de una sociedad cada vez más injusta.
Documentos, sucesivos anteproyectos de ley, injerencia en las políticas de las universidades, presiones presupuestarias, negociaciones con los rectores, fueron algunos de los elementos que permitieron al gobierno nacional avanzar hacia la aprobación de la Ley de Educación Superior (LES), que significa la profundización de un modelo presentado como inevitable.

La lucha contra este proyecto empezó hace tiempo, porque su implementación no esperó la sanción formal. Reclamar por la no aplicación de esta ley, así como exigir su derogación, requiere conocer la historia de lo actuado por la universidad a lo largo de estos años. Esta primera nota brinda algunos elementos como para entender en qué situación se llega a la reforma del Estatuto de la UNLP.


En febrero de 1990 Enrique Bulit Goñi (por entonces Secretario de Coordinación Educacional, Científica y Cultural del Ministerio de Educación) envió un documento a todas las universidades en donde planteaba la necesidad de una serie de reformas para "dimensionarse a sus reales posibilidades" e "introducir racionalidades que permitan su sobrevivencia". Se sugería que, como los rectores conocen mejor las distintas realidades, los cambios se emprendieran desde adentro de las universidades: "los cambios sólo serán efectivos y duraderos si la propia comunidad universitaria los asume como imprescindibles, y los impulsa como la única vía para su autopreservación". De lo contrario, "sólo quedaría la posibilidad de hacerlo desde arriba".
Para "estimular las adecuaciones" se planteaba un sistema "por el cual el aporte estatal pudiera verse aumentado para las universidades que se ajusten en mayor medida a un parámetro cualificador que contenga, por ejemplo, las siguientes pautas: obtención de fuentes complementarias de financiamiento, mejora de la eficiencia en la aplicación de los recursos (racionalización) ...".
El ingreso, la permanencia en los estudios y el financiamiento, constituían la base de ese escrito.


Se proponía examinar la política de ingreso, ya que "es evidente que el número de alumnos se vincula con el costo operativo de las universidades" y no se pueden "abrir las puertas desaprensivamente como si el presupuesto fuese ilimitado".
En distintas facultades, al poco tiempo y con diferentes modalidades, fueron surgiendo cursos introductorios que comenzaron con inocentes propósitos de "nivelación" y "articulación". Pero, la obligatoriedad de la asistencia, aprobación de trabajos prácticos, parciales y finales los fueron convirtiendo, en muchos casos, en cursos eliminatorios y restrictivos al acceso.
Fue en noviembre de 1990 que la Secretaría Académica de la UNLP señalaba su preocupación por la gran cantidad de ingresantes en Medicina (también había preocupación por Psicología y Educación Física). Desde el mismo Rectorado se propuso un curso de un año, de tres materias, con parciales y finales. En diciembre, el profesor Fassi (hoy decano de Medicina), presentó la propuesta de un curso eliminatorio de cuatro meses. Implementado desde 1992, de los aproximadamente 2100 inscriptos por año en esa carrera, sólo pasan el Módulo de Admisibilidad cerca de 450 "aspirantes".
Otra de las variantes para dificultar el ingreso, puede ejemplificarse con el Régimen Especial para primer año que rige en la Facultad de Ciencias Económicas, y que en los hechos actúa como un curso de ingreso eliminatorio y encubierto. En el primer cuatrimestre se cursan tres materias introductorias con innumerables trabas que no tienen ningún sentido pedagógico o académico, y que impiden cursar el segundo cuatrimestre al sesenta por ciento de los ingresantes.
Postergar el inicio de la carrera es también el objetivo que en la universidad más importante del país cumple el Ciclo Básico Común, poderoso filtro denominado como "primer ciclo de todas las carreras". Durante la segunda mitad de 1995 se intentó centrar todo el problema universitario en torno al curso que impuso en Medicina de la UBA el decano Ferreira. Si algo quedó claro es que en el debate "CPI o CBC" el ingreso irrestricto estaba ausente. Por otra parte, el CPI es apenas una copia de lo que el mismo sector político que lo cuestiona ha permitido en La Plata.
Estos breves ejemplos bastan para concluir que en la Universidad se ha aceptado desde hace años lo que hoy permite la LES: que cada facultad defina el régimen de admisión, permanencia y promoción.
En Humanidades los cursos para ingresar en Lenguas Modernas ya eran eliminatorios desde hace algunos años, pero en diciembre pasado se agregaron nuevas restricciones. De los cursos existentes en las dos carreras de mayor matrícula -Psicología y Educación Física- este año existen mayores exigencias para los ingresantes al PUEF, y la estructuración de estos cursos puede ir acentuando los obstáculos a través de simples trámites administrativos. Además, siempre estuvo la idea de extender los cursos a todas las carreras de la facultad.


El "documento Bulit Goñi" también proponía examinar "la política de permanencia en la condición de alumno regular... ya que también esto incide en el costo". Con el fin de dejar estudiantes afuera de la universidad, comenzaron a surgir mayores exigencias de regularidad, limitaciones arbitrarias de correlatividades, etc.
Generalmente es en las carreras de Medicina donde problemas estructurales se traducen a una simple ecuación: a mayor número de estudiantes, menor "calidad" de la enseñanza; la solución, entonces, suele buscarse en la reducción de la matrícula. En La Plata, fue Medicina la facultad que claramente comenzó a implementar este tipo de recetas. En diciembre de 1992, el Consejo Académico de esa facultad aprobó un nuevo régimen de regularidad que quitaba el derecho a seguir estudiando a 2138 personas, y que además era aplicado retroactivamente, es decir, se legislaba hacia atrás.
A pesar de que el Consejo Superior había resuelto que el decano Frutos Ortiz debía dejar sin efecto las restricciones, el presidente de la UNLP, Luis Lima, permitió que no se cumpliera dicha decisión. Frutos Ortiz tuvo entonces el tiempo necesario para enmendar algunas irregularidades (como aprobar un plan de estudios en tiempo récord en una sesión a escondidas en el ex Jockey), y lograr la aprobación de un nuevo plan que incluía las normas restrictivas. A cambio, la agrupación de profesores Hoja de Roble, prometía sus votos para la futura refección de Lima, que hoy le permiten seguir conduciendo la UNLP.
Hoy la LES exige la aprobación de dos materias por año para mantener la regularidad. Pero el tema de la permanencia va más allá del tiempo y las normas exigidas para las cursadas; se relaciona con la duración de las carreras de grado, y es por eso que actualmente se están impulsando reformas en los planes de estudio en todas las universidades nacionales.


Por último, Bulit Goñi relacionaba las cuestiones del ingreso y permanencia con el financiamiento de las universidades. El ajuste comenzaba desde afuera, desentendiéndose el Estado de su obligación, y debía seguir desde adentro, ya que es "el estrato educativo que está en mejores condiciones de introducir fuertes racionalizaciones y de obtener fuentes complementarias de financiamiento".

Para tal fin se proponía el "arancel de la enseñanza de grado", cuyo monto "debería quedar librado a la decisión de cada universidad".
En 1990, en Córdoba, a instancias del rector radical Delich, se aprobó el cobro de una "contribución voluntaria" que, para no ser pagar, requiere una declaración jurada en la que conste que no se está en condiciones económicas de hacerlo.
En nuestra facultad, ese mismo año, la resolución 319 aranceló los trámites administrativos. No fue el único caso, ya que en Observatorio existió una disposición similar, y no son pocas las facultades en donde para inscribirse en algunas materias se exige dinero para comprar el material educativo necesario.

El gobierno instaba a la comunidad universitaria a no "demandar mayor presupuesto estatal", y proponía remover las restricciones legales para la "constitución de empresas de asociación con capitales externos a la universidad, públicos o privados, nacionales o extranjeros ... o las diversas formas de cooperación nacional e internacional".
En 1990 la agrupación estudiantil del radicalismo fue la abanderada de la creación de cooperadoras para colaborar en el mantenimiento económico de las facultades. En Humanidades ya existía la "Fundación" para dar "apoyo a todas las actividades académicas, desde la obtención de recursos materiales hasta la formación de recursos humanos". Muchos de sus objetivos se superponen con los que corresponden a los órganos de gobierno de la facultad. Sus fondos provienen de "socios" docentes y no docentes, contribuciones que se pretendieron extender a los estudiantes. También recibe "un porcentaje del importe de la venta de los cuadernillos del curso de ingreso".

La "comercialización de bienes y servicios" se planteaba como otra fuente alternativa de financiamiento. La Universidad debía ajustarse a la lógica empresarial, y producir lo que el mercado necesita, transformándose también el conocimiento en una mercancía. La venta de servicios a terceros es presentada como programas de "extensión", distorsionando el sentido de la forma de integración de la universidad con la comunidad. La relación entre universidad y sociedad es concebida desde un punto de vista meramente economicista.

El gobierno planteaba como fuente de financiamiento la recurrencia al crédito de organismos internacionales. En 1995 fue la UNLP la que aceptó la incorporación al Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria (FOMEC), subprograma del Programa de Reforma de la Educación Superior (PRES) que lleva adelante la Secretaría de Políticas Universitarias. El gobierno acordó con el Banco Mundial este programa para otorgar recursos para el "mejoramiento de las ciencias básicas e ingenierías, la capacitación de la planta docente, el apoyo al reequipamiento de las unidades académicas involucradas en programas de posgrado acreditados y el fortalecimiento de su oferta de formación". De esta manera el Estado renuncia a su obligación de financiar la educación superior, reduciendo el presupuesto y cubriéndolo con capitales privados nacionales e internacionales.

Como forma de acentuar este proceso de reducción presupuestaria, se fue trasladando el problema de los salarios de personal al interior de la comunidad universitaria. Con la excusa de complementar la autonomía académica "con una verdadera autarquía financiera", el documento Bulit Goñi proponía que el tema de las escalas salariales "podría quedar librado a la decisión de cada universidad, o ser coordinado con la participación de este Ministerio (Educación) o del CIN". (Consejo Interuniversitario Nacional).
Hoy la LES -previo acuerdo con los rectores- impone que las universidades fijen su régimen salarial y de administración de personal. Esto significa que en las negociaciones paritarias la parte patronal no serán los Ministerios de Educación y Economía, sino que será el CIN y los Consejos Superiores. El conflicto se resolverá de diferente manera al interior de cada universidad, según su presupuesto, por lo que un docente, por igual tarea, puede recibir un salario mayor o menor en distintas universidades. De esta forma se acentúa la división al interior del sector docente.
Esa división ya se viene fomentando con una política que consiste en no otorgar aumentos generales de salarios sino incentivos por "productividad" con la pretensión de estimular la investigación científica. El decreto 2427/93 creó el Programa de Incentivos, cuyos pagos no son remunerativos, no son bonificables, y son otorgados fuera del nomenclador docente. Se trata de remplazar el salario con "premios", sin aportes sociales y previsionales; no hay permanencia de pago y tampoco se remunera antigüedad. Además, la escala remunerativa está estratificada según las categorías (A, B, C y D), que son arbitrariamente asignadas por cada universidad a sus investigadores.
La implementación de esta política de investigación en nuestra facultad es uno de los "logros" que tanto los representantes de los profesores, graduados y la conducción estudiantil señalaron en la justificación para impulsar la relección del actual decano.

El gobierno planteaba en 1990, "disminuir el perfil burocrático que hoy presentan las plantas de personal aumentando la relación entre docentes y no docentes en favor de los primeros, o marchar hacia normas de automatización o de contratación de servicios privados".
La intención explícita de destruir al claustro no docente fue también la política de las autoridades universitarias, que provocaron los extensos conflictos vividos hace un par de años. Las plantas de trabajadores no han crecido, en relación al incremento de sus actividades, el crecimiento de la matrícula estudiantil, etc. La solución adoptada por la UNLP fue la contratación de empresas privadas para el mantenimiento y la limpieza, y un sistema de pasantías por el cual los estudiantes ocupan el trabajo de los no docentes.
La medida de incorporar a los no docentes al cogobierno a través de la LES es claramente demagógica, ya que antes ninguna ley lo prohibía, y esconde las verdaderas intenciones del gobierno hacia los trabajadores. Las autoridades universitarias son las responsables de no permitir la participación de uno de los claustros en el gobierno de la universidad.


Las ideas básicas expresadas en aquel documento del gobierno de febrero de 1990 pasaron de a poco a formar parte de la realidad universitaria, aún antes de que se produjeran los cambios en el terreno legal. Frente a la disyuntiva de ser afectados por un ajuste proveniente desde afuera de la universidad o, por el contrario, administrarlo desde adentro, muchos responsables del gobierno universitario fueron tentados por los "premios" que se prometían a nivel presupuestario, y encararon las políticas "sugeridas". Al respecto está claro lo que decía de Diego en abril de 1990: "¿Cuál es el papel que nos toca en el ajuste?... Si la Universidad tiene que hacer ajustes, que esos ajustes salgan de la Universidad".
Ante la brusca caída del presupuesto universitario, sus autoridades han actuado con la lógica de negociar el ajuste con el gobierno, con el fin de no perder los privilegios obtenidos desde los espacios de poder institucional que ocupan.
Este ajuste interno es el que permite al gobierno seguir reduciendo el presupuesto (por ley o por decretos). Las universidades "compiten", según las pautas de racionalidad ministeriales, para quitarse entre sí los escasos fondos. Lo mismo sucede entre las unidades académicas o dependencias al interior de cada universidad. En las facultades se complementa con la división entre docentes y entre éstos con los estudiantes. Las medidas de protesta impulsadas por cada claustro son vistas como ajenas por el resto, y se prefiere la salida individual a la lucha colectiva. Una verdadera ley de la selva está instalada.


El proyecto de LES que el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso el 24/5/94 es la concreción de todos estos objetivos. Para demostrar la baja "eficiencia" del sistema y la necesidad de una reforma estructural, Juan Carlos Del Bello (ex Secretario de Políticas Universitarias) presentó en agosto de 1994 las "Estadísticas básicas de universidades nacionales". El informe planteaba la existencia de "problemas estructurales en el régimen de ingreso y permanencia de los alumnos". La duración de las carreras y la demora en el cursado se mostraban como indicadores de "eficiencia" y "rendimiento" del sistema.
Con el pretexto de conocer la cantidad de alumnos de cada universidad, para así distribuir el presupuesto, los rectores acordaron con Del Bello la implementación del Censo Universitario en noviembre de 1994. A pesar de que la encuesta era obligatoria y compulsiva, el decano de nuestra facultad reforzó ese pedido ante el Consejo Superior para que se sancionara a los estudiantes que no lo respondieran.
Los datos sobre nivel socioeconómico, el número de materias rendidas por año, el tiempo para cumplimentar la carrera, etc., tenían el claro objetivo de justificar el proyecto de LES. El gobierno publicó los datos en abril de 1995, en pleno conflicto por el tratamiento del proyecto de Ley en el Congreso.


Las felicitaciones del Banco Mundial luego de la media sanción de la LES, y su aprobación en el Senado un día antes de tratarse en el organismo internacional el otorgamiento de un crédito, dejan bien claro quiénes son los autores intelectuales del plan educativo del gobierno. Según documentos del Banco Mundial, los objetivos para la educación superior son la reducción de la expansión de la matrícula y la privatización del sistema, reduciendo los recursos públicos y trasladando a las familias el costo de la educación.
Los fines perseguidos involucran a todo el sistema educativo. La Ley Federal de Educación descentraliza el financiamiento de los niveles primario y secundario, sin quedar estipulado de dónde provendrán los recursos, conduciendo a su privatización. Un nivel básico que se extiende, pero sin recursos, se complementa con el achicamiento de la escuela media, que tiende a la desaparición. Este sistema, en el marco de una sociedad cada vez más empobrecida, provocará una gran deserción, que será la mejor restricción al ingreso a la educación superior.


En noviembre de 1994, Del Bello señalaba cuál es la principal transformación que se encara en este momento: "Pretendemos desarrollar el sistema de posgrado, capacitar a los docentes y, a la vez, reducir las carreras de grado". El FOMEC está orientado a apoyar el desarrollo del sistema de posgrados, que serán acreditados por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Los docentes que quieran acceder a becas sólo podrán perfeccionarse en posgrados acreditados.
Una de las formas de profundizar el avance de este modelo universitario consiste en el achicamiento de la formación de grado (la duración de las carreras, la cantidad de materias, la degradación de sus contenidos, las incumbencias de los títulos, etc.). Así se combina un fuerte ajuste económico con la desvalorización de este nivel de formación, complementado con el impulso brindado al desarrollo del nivel de posgrado, arancelado, que se plantea como una continuación necesaria de los estudios. Amparados en la excusa de modernizar la universidad y adecuarse a las nuevas tendencias internacionales, estas transformaciones fueron anunciadas por las autoridades de la UBA como la nueva reforma universitaria, que tiene como base la revisión de la oferta curricular de grado, la eliminación de carreras no necesarias, el acortamiento de la duración en los estudios y la difusión del posgrado.
En Humanidades, la reforma de los planes de estudio encarada con el único fin de adecuarlos al sistema educativo planificado desde la Ley Federal de Educación también se inscribe en el mismo sentido. Se trata de una muestra más de la carencia de proyectos propios sobre los egresados que está formando la universidad, de la pérdida de independencia para encarar programas de investigación y extensión, de la ausencia de reflexión sobre el contenido de la educación y del rol de la institución educativa en el contexto social. Y por sobre todo, una muestra de la inexistencia de diferencias fundamentales entre los proyectos del gobierno y de quienes todavía dicen llamarse opositores.
Hoy puede verse más claramente a dónde apuntaban muchas de las políticas encaradas hace algunos años. No siempre los temas que eran visibles (ingreso, permanencia, presupuesto) permitían advertir la profundidad de los cambios. Esta limitación es consecuencia de los ejes en los que fue instalado el debate, que tanto desde el ministerio de Educación como desde las autoridades universitarias y la dirigencia estudiantil fue centrado en una discusión sobre cupos y aranceles, cuando lentamente se estaban modificando las condiciones para introducir una nueva lógica en el papel a desempeñar por la universidad, en sus criterios sobre política académica, posibilidades para la investigación, condiciones laborales de los docentes, perfil de la formación de los graduados, en fin, estructuras institucionales, modelos de pensamiento y de construcción del conocimiento.
Este cuadro de situación pretende relacionar algunas medidas que se han venido implementando en los últimos años, con un proyecto global. En este marco, la adecuación del estatuto de la UNLP a la LES debe interpretarse como una parte más del proceso de aplicación de esta política universitaria. Desde este punto de vista puede entenderse mejor el significado de lo sucedido en febrero de 1996.