Gabriel Alejandro Roser se encuentra acusado de robo calificado mediante el uso de arma y está detenido desde el 29 de abril del 2004 en el Penal de Magdalena. A pesar que se trata de un delito común, sus compañeros expresaron: “Gabriel está preso por ser un militante social, un militante de un movimiento o sea una persona que lucha por sus derechos”. La causa fue armada por policías y el suyo es un ejemplo de cómo el aparato institucional del estado actúa sobre los más pobres y sobre quienes se organizan.

Integrante del Movimiento Unidad Popular (MUP) en el Frente Popular Darío Santillán, Gabriel Roser hasta el momento de su detención vivía en Ringuelet (La Plata) y participaba en un centro comunitario del barrio junto a vecinos que se habían organizado.

La actividad que desarrollaba Gabriel consistía en trabajar una huerta y en el comedor -que funciona en el mismo terreno que su casa- e intentar modificar las condiciones de vida participando en una asamblea barrial. Además, era uno de los responsables de garantizar la seguridad de la gente que se moviliza –familias enteras de desocupados- durante las marchas o cortes de ruta.

Como parte de la militancia en los barrios, Gabriel y sus compañeros habían denunciado ante una asistente social de la Municipalidad de La Plata a un puntero del PJ por irregularidades en la distribución de bolsones de mercadería. A partir de ese hecho, varios integrantes del MUP fueron víctimas de persecuciones por parte de efectivos de la Comisaría 6ª de Tolosa, quienes por averiguación de identidad detuvieron a Roser en varias oportunidades.

La sexta de Tolosa

A pesar de que Roser nunca había estado implicado en ningún hecho delictivo –no cuenta con antecedentes penales-, los efectivos de esa comisaría lo tenían perfectamente individualizado. Gabriel era víctima de una persecución por parte de esos efectivos que lo detuvieron sin ninguna razón en cuatro oportunidades durante los primeros meses del año pasado.

La primera vez ocurrió en la estación de trenes de Tolosa. Pese a que Gabriel les exhibiera su documento y les manifestara que se dirigía a su domicilio, fue conducido a la Comisaría 6ta a fin de “descartar”, según la expresión que utilizó la policía, la existencia de algún pedido de captura. Luego de confirmarlo y tras firmar el acta correspondiente fue puesto en libertad a las pocas horas de su detención.

Días después estaba conversando con tres amigos en la pasarela que atraviesa el arroyo El Gato y fueron abordados por personal policial para pedirles identificación. Nuevamente, y tras exhibir sus respectivos documentos, fueron llevados a la misma comisaría. Estuvieron demorados aproximadamente tres horas y en el interín fueron conducidos a una habitación de la dependencia y se les extrajo fotografías a todos, siendo los otros tres menores de edad. Al presentarse los padres, fueron dejados en libertad.

El mismo argumento de averiguación de identidad y el mismo personal policial intervino en la tercera ocasión en la que Roser visitó la comisaría 6ta. En esa oportunidad se encontraba solo y le solicitaron que se desnudara en una oficina con el objetivo de “revisarlo”. Luego fue conducido esposado al Cuerpo Médico y finalmente recuperó su libertad.

A los pocos días de esa “visita”, a fines del mes de marzo del 2004 y cuando Gabriel regresaba de una fiesta, en la estación de trenes de Tolosa fue detenido junto a otras dos personas, otra vez con el pretexto de averiguar su identidad, pese a que todos ellos poseían su correspondiente DNI. En la comisaría los interrogaron sobre el MUP y cómo era el funcionamiento “piquetero”. Además, se les extrajeron fotografías que fueron incorporadas a los álbumes o “registros de sospechosos” de esa comisaría.

El 29 de abril del año pasado Gabriel estaba jugando al truco en su casa. Eran ocho entre familiares y amigos hasta que escucharon sirenas y ruidos afuera: “Había como siete patrulleros y más de veinte policías. Tenían orden de allanamiento. Andaban buscando un Rolex, plata y un arma”, expresó Diego, quien se encontraba con él esa noche. “Nos tuvieron contra la pared apuntándonos durante más de media hora. Como no había nada de lo que buscaban salieron y rompieron una pared lateral para entrar al comedor, hicieron un destrozo bárbaro y no tenían orden para entrar ahí. En ese momento llegaron dos policías más con un papel y se lo llevaron”

Contradicciones del denunciante

Novecientos ochenta pesos, un celular y dos relojes pulsera fueron robados por dos hombres armados –un tercero los esperaba en un automóvil- el 24 de abril del año pasado en el autoservicio Simar, ubicado en la esquina de 12 y 526 de La Plata.
Marcelo Rodolfo Toni, dueño del comercio, sargento de la policía de la provincia y uno de los damnificados por el robo, pudo ver los rostros de los asaltantes e incluso los siguió sigilosamente cuando éstos se dieron a la fuga, dando inmediato aviso a la policía que los habría perseguido infructuosamente.

Por corresponder a su jurisdicción, en la comisaría sexta se realizaron las diligencias de rutina. Al prestar declaración testimonial, Toni sostuvo que no conocía a quienes cometieron el robo pero que se trataba de personas mayores de edad, uno “de contextura física mediana y el restante de contextura física delgada” y que estaba en condiciones de realizar un dictado de rostro.

Dos días después de cometerse el robo y la consecuente declaración en la sexta de Tolosa, Toni declara nuevamente pero en sede judicial e increíblemente aporta la identidad de los autores del robo, identificándolos como Rossi, de 25 años y Timoteo de alrededor de 22 años. Según su nuevo testimonio, los conocía porque los había visto en la comisaría sexta al desempeñar su trabajo y porque ya le habían robado en cuatro oportunidades anteriores y en otras tantas habían intentado hacerlo sin éxito, a pesar que en ninguna de esas ocasiones había realizado la correspondiente denuncia. Nada decía Toni – y el fiscal tampoco se lo preguntó- sobre su primera declaración, en la que desconocía la identidad de quienes le robaron.

Sólo faltaba que se le exhibiera la fotografía que se encontraba en el álbum de la comisaría para que Rossi sea Roser no importando que la contextura física de Gabriel no se corresponda con la primera declaración de Toni y que Timoteo sea un menor, a pesar que el denunciante había visto a personas mayores de edad. Esas fueron las pruebas que fundamentaron el pedido de detención de Gabriel.

La causa judicial

Al Fiscal Marcelo Eduardo Martini, titular de la UFI 3 encargada de la instrucción de la causa y responsable de pedir la detención de Gabriel, no le llamaron la atención las contradicciones de Toni.

Tampoco se preocupó de recolectar información para constatar la veracidad de los datos que aportaba el denunciante, como por ejemplo averiguar sí Toni había desempeñado tareas en la comisaría sexta como afirmó –no consta en su foja de servicio- o pedir a través del sistema informático de la Fiscalía de Cámaras y Garantías si había denunciado algún hecho delictivo anterior o si Roser estaba imputado en alguna causa.

Mucho menos indagó sobre los hechos delictivos en sí: no pidió precisiones sobre quienes fueron los damnificados, ni sobre los testigos, ni sobre los objetos robados.

El Juzgado de Garantías nº 3 a cargo de Néstor De Aspro dictó la prisión preventiva de Gabriel a pedido del Fiscal, mientras la Defensora Oficial que lo asistía nada hacía, siendo los compañeros de Gabriel quienes acercaron los nombres de los testigos. Martini no se preocupó en ubicarlos y elevó la causa a juicio.

La Sala II de la Cámara de Apelaciones con la firma de los jueces Ricardo Szelagowsky y Sergio Almeida denegó en tres ocasiones el pedido de excarcelación para que espere el juicio oral en libertad. No tuvieron en cuenta la falta de antecedentes penales ni la buena conducta de Gabriel en el penal de Magdalena; tampoco se fijaron en el informe de la trabajadora social y en los ofrecimientos laborales que tuvo: “...intentará eludir la acción de la justicia...”, sostuvo la Cámara en su resolución.

El 10 de diciembre del 2004 – cuando se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos- acompañados por una movilización los abogados que defienden a Gabriel presentaron ante la Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia Dra. María del Carmen Falbo una denuncia por falso testimonio contra Marcelo Rodolfo Toni. La misma se radicó en la UFI nro. 4 a cargo por aquel entonces del Dr. Sergio De Lucis –actualmente está a cargo de esa fiscalía la Dra De Gregorio- y la causa no ha avanzado, a pesar de toda la evidencia que han presentado los abogados y de lo grosera que resulta la maniobra mediante la cual lo involucraron a Gabriel con el hecho.

De avanzarse con Toni, se corre el riesgo de que queden expuestos penalmente el Fiscal Martini y el Juez De Aspro y en actitudes de neto corte corporativo pueden encontrarse las razones de esa demora.

Prueba de ello es que al día de la fecha –casi pasó un año desde esa denuncia y ninguna prueba útil se produjo a instancias de la fiscalía- ni siquiera han llamado a declarar a Toni, mientras que en poco más de dos meses realizaron la instrucción de la causa por la que Gabriel está imputado y detenido, y sin más la elevaron a juicio.

El álbum de malvivientes

Desde que la causa fue elevada a juicio, Gabriel es asistido por el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) y además de trabajar directamente sobre el caso, se demostró la inconstitucionalidad de la habitual práctica policial de confeccionar archivos fotográficos, carpetas de modus operandi (prontuario policial), o “registros de malvivientes”.

Sí bien es legal la extracción de fotografías a personas para fines identificatorios en el marco de un proceso penal, de hecho y por abuso de la policía se ha convertido en una herramienta clásica a la hora de fraguar causas. Con la excusa de averiguación de identidad, la policía “demora” y fotografía a todos aquellos que por sus cualidades físicas o circunstancias sociales puedan a su criterio ser autores de un delito en el futuro. Ser negro, pobre, inmigrante, tener el pelo largo o juntarse en una plaza o en un barrio son algunos de los motivos para adquirir ese status según los parámetros policiales.

Junto con distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos y el Defensor General de Casación, el CIAJ presentó un amparo de habeas data colectivo con el fin de prohibir la extracción y utilización de fotografías en las comisarías de la provincia de Buenos Aires. Además de fundamentar ese pedido en distintas normas y garantías constitucionales, el ejemplo práctico de cómo operaba ese arbitrario uso policial era precisamente el caso de Gabriel Roser.

El Tribunal Contencioso Administrativo Nº 1 del Dto. Judicial de La Plata – cuyo titular es Luis Federico Arias- hizo lugar a una medida cautelar y además de prohibir su uso, ordenó que todos los registros fotográficos que se encontraban en las comisarías de la provincia fueran remitidos a las fiscalías de cámara de cada jurisdicción.

Lejos de cumplir con esa disposición, el Ministro de Justicia León Arslanián dictó la resolución 784/05 que reglamentaba el uso de los álbumes y disponía su centralización en la Policía Científica. El Juez Arias insistió expresando que la medida de Arslanián “no satisface las garantías constitucionales en juego”.

A pesar de la declaración de inconstitucionalidad de una de las principales pruebas que permitieron que Gabriel fuera arbitrariamente incriminado, quienes son los encargados de administrar justicia no hicieron lugar a los pedidos de excarcelación que se presentaron, ni a los planteos nulificantes articulados por la defensa.

Criminalización de la pobreza y de la protesta social

El caso de Gabriel Roser es un ejemplo de como actúa el aparato institucional contra los sectores populares: punteros políticos del municipio y el reparto corrupto y clientelar de la asistencia social, policías bonaerenses que arman causas, la justicia que encubre y leyes penales que llenan cárceles de pobres. Pero el suyo no es el único caso.

En las cárceles bonaerenses, de los 30 mil presos 24 mil no fueron juzgados y cuando lo sean, cerca de 8 mil serán declarados inocentes. Si los compañeros de Roser y las organizaciones defensoras de los derechos humanos no se hubieran movilizado y denunciado su situación, el juicio oral se hubiera realizado - con suerte- recién a fines de 2006, habiendo pasado casi tres años desde la detención de Gabriel como ocurre en la mayoría de las causas. Trágico ejemplo lo constituyen algunos de sus vecinos en el Penal de Magdalena: 29 de los 32 asesinados por el sistema penitenciario el 16 de octubre pasado estaban privados de su libertad a pesar de no tener condena.

El endurecimiento de las condiciones para obtener la excarcelación en los delitos contra la propiedad desde las reformas a los códigos penal y de procedimientos aplicadas por la política de meter bala del ex gobernador Ruckauf y del "efecto Blumberg" del actual gobierno, contrastan con el trato que el sistema judicial aplica sobre quienes cometieron defraudaciones millonarias al estado y contra los genocidas de la última dictadura o los responsables de asesinatos durante movilizaciones populares.

También es un ejemplo de la aplicación de la política del gobierno nacional de criminalizar la protesta social “con el Código Penal en la mano”. A pesar de la retórica sobre derechos humanos, durante el gobierno de Kirchner hubo más presos políticos que en anteriores periodos constitucionales y alrededor de cinco mil militantes y luchadores sociales se encuentran con procesos judiciales abiertos, buscando cobertura legal a la represión política sobre quienes enfrentan esta realidad de opresión.

El 28, 29 y 30 de noviembre se realizará el juicio oral y quienes ya impidieron que espere esa instancia libre serán los encargados de juzgarlo, se cumplirán entonces diecinueve meses desde que fue detenido. “Me pueden tener preso en cuerpo pero no en mente“ expresa Gabriel a través de una carta, y a todos los que se movilizan por su libertad les dice: “Más allá de todo tenemos que estar juntos y esto va a cambiar. Por el trabajo, la justicia, la libertad y por sobre todas las cosas la dignidad que nosotros nos merecemos”.