22/08/2010COMO CON MACRI PERO EN EL ESTADO NACIONAL
La Justicia ordenó la reincorporación de un delegado del Correo Argentino

A comienzos del año pasado en la empresa Correo Argentino, intervenida por el estado nacional en 2003 ante las reiteradas violaciones al contrato por parte del Grupo Macri, una serie de trabajadores impulsaron la afiliación a la Asociación de Trabajadores del Estado. La respuesta de la empresa fue la persecución y despido de más de 100 trabajadores, en su mayoría pertenecientes a la planta de Monte Grande. Pablo Orellano era uno de ellos, y había sido electo como delegado. El 18 de agosto, casi un año después, la justicia ordenó su reincorporación.
En noviembre de 2009, una entrevista Pablo Orellano se pregunta “cuanto tiempo pueden ir en contra de la voluntad de los trabajadores”. No sabía que recién un año después de su despido, la justicia le iba a dar la razón ante el reclamo que presentó para que se le reconocieran los fueros gremiales y se lo reincorporara a su puesto de trabajo.
En el momento que comenzó el conflicto en el Correo, Pablo llevaba más de 10 años trabajando en la Planta de Monten Grande. Si bien había logrado entrar directamente en planta permanente, la amplia mayoría de los trabajadores de ese establecimiento fueron contratados por fuera del convenio correspondiente. Al cambiar de manos la empresa, que fue propiedad del Estado desde su creación en el 72, bajo el nombre Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (ENCOTEL), hasta su privatización en 1997 cuando se integró al Grupo Macri como Correo Argentino S.A., buena parte de los puestos de trabajo que se generaron fueron bajo esa modalidad contractual, reconocida hoy como fraude laboral por permitir la rebaja salarial, el mal pago de aguinaldo y horas extras, entre otras irrugalirades.
Al volver al Estado la realidad no se modificó la situación de los cientos de contratado, a quienes la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telégrafos (FOECyT), les dio la espalda reiteradamente. Este sindicato posee es el triste record de no haber llamado a paritarios durante más de 6 años, entre el 2004 y el 2010. El retorno del correo a manos del Estado permitió romper el monopolio de representación de la FOECyT y abrir la posibilidad a la afiliación a la Asociación de Trabajadores del Estado, integrante de la CTA.
El proceso de afiliación a ATE y el comienzo de los reclamos por la formalización de los trabajadores, tuvieron su epicentro en la Planta de Monte Grande, donde se selecciona y ordena la correspondencia desde que el edificio de la Av. Leandro N. Alem se declaró patrimonio arquitectónico. En julio comenzaron los despidos vía telegramas que envío la empresa. En estos se comunicaba que se rescindía el contrato por “participar activamente en reuniones y asambleas que están prohibidas por el Convenio Colectivo de Trabajo”. Uno de los que recibió el telegrama de despido fue Pablo Orellano.
A partir de ese momento se abrió una disputa judicial que duró 13 meses y concluyó el jueves 19 de agosto, cuando la justicia declaro el despido de Orellano como anticonstitucional y ordenó su inmediata reincoporación. De todas maneras, todavía está pendiente la resolución de las demandas por el despido el año pasado, de varios trabajadores más y de la reciente cesantía efectivizada en el mes de julio contra Marcelo Ortega, del Centro de Distribución Domiciliaria de Escobar.