18/07/2010
LA MULTISECTORIAL PIDIO QUE NO SE TAPE LA MASACRE
En Bariloche reclamaron juicio y castigo a los asesinos de Bonefoi, Carrasco y Cárdenas

El sábado pasado, al cumplirse un mes de los asesinatos de Sergio Cárdenas, Nicolás Carrasco y Diego Bonefoi, familiares y vecinos realizaron una movilización hasta el centro cívico de la ciudad de Bariloche exigiendo cárcel común y efectiva ya a los asesinos de los jóvenes. Además, reclamaron la renuncia del Gobernador Saiz, del Ministro de Gobierno Larreguy y el Secretario de Seguridad Cufré. De la marcha también participaron familiares de Juan Carlos Vásquez, Jorge Pilquimán, Titi Almonacid, Franco Carón, Walter Cárdenas y Raúl Carriqueo, asesinados en casos que no han sido investigados ni esclarecidos. A continuación reproducimos un informe sobre la situación social en Bariloche.

Informe sobre la situación social en San Carlos de Bariloche frente al Terrorismo de Estado que asesinó a los jóvenes Diego Bonefoi, Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco

El dia 17 de Junio de 2010. Breve genealogía y contextualización.

San Carlos de Bariloche ha vivido en los últimos 15 años un estado progresivo de deterioro social que apenas ha sido atenuado espasmódicamente por una creciente reactivación del turismo -principal motor de desarrollo económico de la ciudad- desde cuyo producto no se genera ninguna política significativa de redistribución de ingresos.

Tal situación observable claramente en la extensión de la pobreza, la persistencia del hambre y las altas tasas de desempleo en una población que no deja de crecer -contando hoy con casi 140.000 habitantes-, apenas se “compensa” con ínfimas políticas focalizadas de contención social.

Los detalles de un trabajo reciente realizado por un centro de estudios locales/regionales (CER) manifiestan que San Carlos de Bariloche tuvo durante 2007 un índice de crecimiento de su PBI y su ingreso per cápita mayor que el promedio nacional. Sin embargo, los contrastes económicos son inconmensurables: el 10 por ciento más rico de la población supera 32,1 veces a los recursos anuales del 10 por ciento más pobre de la ciudad. De tal modo -conforme a los parámetros del INDEC- el 31,2% de los residentes locales debe ser encuadrado en la categoría de ‘pobres’. “De acuerdo a sus ingresos mensuales, al 30 de abril de 2008, el 20,10% de los habitantes de la ciudad se encontraba entre la línea de pobreza (demarcada en $ 2.188,62) y la de indigencia ($ 1.017,96), mientras que 11,10% no llegaba a ésta última” sostiene el informe.

Queda más que claro por lo tanto cuáles son siempre las prioridades en la ciudad de la nieve y la postal. La tensión social constituye una realidad a la que los barilochenses no enfrentamos cotidianamente de diversas maneras.

En Rio Negro el estado de corte claramente neoliberal comenzó a organizarse sin retorno a partir de 1995 tras un colapso irreversible que desembocó en un modelo social excluyente cuya consecuencia fue la violación sistemática y profunda de los derechos más elementales para las bastas mayorías. En su lugar lo único que se “distribuyó” por un lado fueron planes sociales y asistencialismo alimentario a las poblaciones afectadas sobre la base de una extensa red de clientelismo político y por el otro el reforzamiento del sistema represivo institucional territorializado que tuvo y tiene como objetivo fundamental el control y disicplinamiento de las zonas y de la población más pobre. En San Carlos de Bariloche : “el Alto”.

La represión y la criminalización, tanto de la pobreza como del conflicto social, se constituyen así en los modos y las respuestas que el Estado organiza sistemáticamente a través de sus instituciones frente a la diversidad de manifestaciones sociales que intentan hacer visibles sus problemas buscando alguna posible incidencia en las políticas públicas.

De tal manera, entendemos que en el contexto actual la criminalización conforma el mecanismo de acción que judicializa tanto al sedicioso-manifestante de una protesta social que bloquea una ruta u ocupa un edificio, como a aquel que comete un delito común cuyo profundo sustrato es la pobreza y la carencia de derechos fundamentales. Tales modos como sostiene el jurista Eugenio Zaffaroni han generado una nueva doctrina de la seguridad urbana cada vez más amplia y consolidada. Su matriz se sostiene en el conjunto de dispositivos represivos que se dan tanto en la actuación directa de sus fuerzas de choque como en la formalización de la reclusión de sus víctimas en constante crecimiento. En los últimos años resulta evidente el aumento de la población carcelaria y el agravamiento de sus condiciones de vida en las unidades penitenciarias de todo el país, y en el de la provincia en particular.

En el contexto descripto de ampliación y polarización de las contradicciones sociales, durante el presente 2010 la violación de los derechos humanos ha encontrado en la localidad un nuevo punto de inflexión que se condice con el general.

Entre esos principales elementos nos interesa destacar los datos que siguen en una breve y puntual genealogía que traduce los niveles y giros políticos alcanzados en la localidad y en la provincia hasta llegar a las muertes de Diego Bonefoi, Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco el pasado 17 y 18 de junio del corriente año.

En 1995 se crea el BORA: (Brigada de Operaciones, Rescate y Antitumulto) grupo especial de choque que fuera creado para hacer frente a la intensa movilización social, ola de ocupaciones y tomas de edificios públicos en las distintas localidades de la provincia tras los conflictos que se desataran frente a los retrasos en los pagos de los salarios estatales y los inicios de las luchas contra los ajustes en el marco del segundo plan de reformas del gobierno menemista y fin del gobierno de Horacio Massaccesi .

Aún no se halla desmontado y por el contrario complementa en forma permanente el accionar policial de la provincia.

En 1996 ya era de público conocimiento que la Alcaidía local poseía una población carcelaria que duplicaba el número que podía contener.[1]

En 1997 se desarrollan cortes de ruta en defensa de los salarios y en contra de los ajustes estatales a partir de los gremios nucleados en CTA y de la participación particular de la comunidad educativa. Se inicia el procesamiento de una decena luchadores sociales, gremiales y comunales y se culmina con la condena en 2001 de Marina Schifrin por parte del juez federal Leónidas Moldes. El caso llega a la Corte Suprema de la Nación pero es dejado en prescripción.

Hacia principios de 1998 un conjunto de grupos juveniles del “alto” comenzaron a ser estigmatizados y responsabilizados de “desbordes preocupantes” (Informe realizado por la Policía de la provincia de Rio Negro dirigido al Ministerio del Interior de la Nación -en ese momento Carlos Corach-). El pedido de liberación de uno de los miembros del grupo por parte de unos treinta jóvenes significó ya en ese momento el ataque a la Comisaría N ° 28, situación que motivó la interposición del juez de turno, la asesora de menores, varios concejales y la intervención del BORA.[2] Esto da cuenta del significado particular que dicha comisaría posee en esa zona concentrando el odio y la bronca de la población juvenil.

En febrero de 2000 se produce el asesinato de Héctor “Titi” Almonacid, caso de represión y abuso policial que se caratula socialmente y en los medios locales como “gatillo fácil”. La intervención de la justicia dejó sin condena alguna tanto al sargento Miguel Angel Anticura -acusado de realizar el disparo contra “Titi”- como a Elio Daniel Tapia, acusado por la acción de "falsear" el acta de procedimiento policial llevado a cabo en el barrio 34 Hectáreas por personal de la Comisaría N º 28. Asimismo fue absolutamente comprobado que la bala había sido de un policía a la vez que descartada que la víctima y quienes lo acompañaban en ese momento habrían disparado contra los uniformados.

Un proceso de militarización y aumento de represión constante y creciente sobre los barrios altos de la ciudad se da en 2005 luego de la muerte del remisero Néstor Cid, en el que participaron conjuntamente fuerzas provinciales y federales organizando una verdadera línea de fortines en el control de ascenso y descenso de la población hacia el caso urbano. Ese mismo año se produce el caso de Jorge Pilquiman.

Un balazo policial en 2006 le arranca un ojo a Blanca Grande, una joven madre del barrio 34 hectáreas cruzada por el fuego de las fuerzas de seguridad en el marco de un operativo “cerrojo” que se realiza en ese mismo barrio y dentro del plan de acorralamiento y control desplegado desde el año anterior.

El caso de Jairo Britez de 20 años se da en 2007. El joven había sido sacado a la fuerza del boliche Babilonia por policías que cumplían adicionales como patovicas. Cuando volvieron a tener noticias, Jairo se encontraba internado, en grave estado. Según la versión oficial de la Comisaría 2ª, ellos lo "encontraron" golpeado sin conocimiento cerca del Lago a partir de una llamada anónima. El paralelismo de lo sucedido con el asesinato de Jorge Pilquimán hizo que de inmediato los familiares y amigos de Jairo, acompañados por el Colectivo del Alto, se concentraran en el Centro Cívico pidiendo justicia y pronta condena por este hecho. Jairo tuvo graves lesiones en el cráneo, golpes en el cuerpo, y estuvo estado de coma.

Los jóvenes de los Barrios del “alto” de Bariloche sufren persecución cotidianas y sistemáticas por parte de las fuerzas de seguridad de este Estado al mando de los Gobiernos de turno y son los mismos a quienes se les niega los derechos más elementales para la vida como alimentación, vivienda, acceso a la educación, la salud, al trabajo, la gran mayoría de estos ellos pertenecen a familias desocupadas que viven con un plan social de $150 devorado en los primeros días del mes por la feroz inflación, en una ciudad donde la canasta familiar es una de las mas caras de la Argentina. A estos jóvenes que se les impide sistemáticamente bajar al centro de la ciudad como parte de una política que pretende sostener la postal de la “hermosa Bariloche turística” y a quienes además se les quiere imponer como salida el alcohol y la droga se rebelaron y salieron a la luchar.

Paralelamente, y como otro conjunto de elementos fundamentales a observar, las planas gubernamentales de la provincia protagonizan un escándalo a inicios de 2010. Más de 40 actuales o ex ministros, legisladores, titulares de organismos y hasta jueces se hallan con imputaciones penales. Una docena de ellos se encuentran procesados y el resto está imputado o investigado. Las acusaciones mayoritarias son por defraudación al Estado y, en general, los inculpados formaron parte de los gobiernos de Pablo Verani y Miguel Saiz.

Junio-Julio de 2010:

La madrugada del jueves 17 de Junio fue asesinado en un barrio del Alto de Bariloche, un joven de 15 años DIEGO BONEFOI, víctima del gatillo fácil de la policía de Río negro. Al enterarse del hecho, vecinos y familiares se movilizaron hacia la Comisaría N º 28 (Ubicada en el Barrio Furman, donde asesinan al joven y lugar donde desempeñaba funciones los efectivos responsables) en repudio a este asesinato. La policía respondió con una brutal y sangrienta represión usando armas de fuego matando a dos jóvenes, NICOLAS CARRASCO Y SERGIO CARDENA, de 17 y 29 años.

La represión a manos de la policía policial frente a la furia del barrio, que ante el asesinato de los jóvenes apedreó a la Comisaría N °28 dejó además un saldo de al menos 10 heridos y 20 detenidos.

A lo largo del día 17 de Junio, la ciudad se encontró en una situación de indefección absoluta, dado que el único aparato gubernamental presente era la policía y el Bora, que reprimían con gases lacrimógenos, balas de goma y balas de acero. No hubo funcionario Municipal, Provincial, judicial que respondiera a la solicitud pública de cese represión.

Se organiza una movilización convocada por vecinos y vecinas en unidad con distintas organizaciones de Derechos Humanos, Sociales, Gremiales Políticas que inmediatamente reclama por el esclarecimiento de los hechos, verdad y justicia.

Se constituye una Multisectorial contra la represión institucional y policial. Esta se va organizando en torno a un conjunto de organizaciones sociales y algunos partidos políticos y sindicatos que comienzan a coordinar acciones a corto mediano y largo plazo en relación a las causas directas pero también profundas que desencadenaron la tragedia.

La Pastoral Social Región Patagonia-Comahue integrada por las Diócesis de Viedma, Alto Valle, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y la Prelatura de Esquel participa desde la multisectorial y emite un duro comunicado donde denuncia " la complicidad entre el gobierno y la policía como responsables directos de estos hechos" reclamando que "sea garantizada la transparencia y honestidad de la investigación de los hechos y que se supere una falsa polarización en las posturas a favor de unos u otros, que nos impiden ver el problema de fondo", rechazando además “toda implementación de 'políticas de mano dura', 'limpieza', 'autoritarismo' y 'terror' que, disfrazadas de justificación, sólo logran poner en riesgo a la democracia y convierte en vulnerable a todo el pueblo"

La única presencia, momentánea, la Secretaria de DDHH Provincial Gladys Cofré. Del Cuerpo Deliberante, solo tres concejales Darío Duch, Arabella Carreras y Alfredo Martín se acercan a la Sala de prensa ocupada por las organizaciones sociales hasta obtener respuestas oficiales. De los tres solo el primero continuó ligado a las demandas de esclarecimiento y justicia y al trabajo con la multisectorial.

Desde la “Multisectorial contra la represión en Bariloche” se impulsaron diversas actividades de denuncia y lucha contra la impunidad y por políticas publicas que contemplen a los jóvenes. Conferencias de prensa, ocupación de la sala de prensa de la Municipalidad , volanteadas en la vía publica, dos multitudinarias marchas bajo la nieve y la lluvia, tomando medidas de protección a testigos entre otras.

Exigiendo la renuncia del Gobernado Saiz, la remoción del Ministro de gobierno Diego Larreguy y del Secretario de Seguridad Victor Cufré.

Se producen dos manifestaciones a favor de la policía del 20 y 21 de junio con la presencia de miles de personas que aplaudían el accionar policial con la gravísima presencia de varios Concejales en la misma: Laura Alves, Claudio Otano y Hugo Cejas además de reconocidos empresarios y comerciantes de la localidad. En dicha oportunidad la fuerza policial desfilaba frente a las personas allí presentes frente al centro Cívico en una clara actitud provocadora e irrespetuosa con el dolor de quienes velaban a sus familiares muertos.

El juez del Juzgado de Instrucción Numero II, Lozada Martín carátula causa de Diego Bonefoi como homicidio doblemente agravado debido a haber hecho uso del arma policial a una distancia de no mas de 3 metros y por detrás del joven. Ordenando la Prisión preventiva del Policía Colombil acusado de asesinar al joven

Comienzan a producirse un conjunto de amenazas directas y diversas sobre quienes pueden resultar testimonios claves en el juicio contra el cabo Sergio Colombil o han alzado la voz en demanda de verdad y de justicia públicamente. Se hace nuevamente evidente la selectividad del amedrentamiento sobre un medio de radio popular: FM Gente de Radio y la abogada y militante social Marina Schifrin, entre otros.

La Cámara Segunda del Crimen -conformada por los camaristas César Eduardo Lanfranchi, Héctor Leguizamón Pondal y Miguel Angel Lara- apartan de la causa de Diego Bonefoi al Juez Martín Lozada de consabida posición garantista. Es de destacarse además que los dos últimos camaristas se hallan altamente cuestionados por actuaciones escandalosas. En el caso de Leguizamón Pondal por su participación en insultos antisemitas y solicitud del apartamiento de la causa al camarista Carlos Rozanski por ser judío mientras se lo investigaba por corrupción. Miguel Lara ha sido duramente cuestionado por sus actuaciones frente a menores en audiencias judiciales. Tal cuestión motivó al mismo Rozanski a ser autor de la la Ley 25.852 que protege a los menores en consonancia con la Convención de los Derechos del Niño, prohibiendo su participación en una audiencia como víctima o testigo.

A partir del apartamiento del Juez Martín Lozada, el caso queda a cargo del juez Miguel Ángel Gaimaro Pozzi que cambia la carátula de la causa. Esto le permite quitar la prisión preventiva al cabo Sergio Colombil .

El Inadi se expresa de manera crítica frente al apartamiento del Juez Lozada donde se plantea que existe un cuestionamiento a su línea e ideología por parte de la corporación de jueces de la localidad.

El gobernador no se hace presente en San Carlos de Bariloche durante los 15 días que sucedieron a los violentos hechos. El silencio es adjetivado como estremecedor. La decisión de Miguel Saiz de no destituir de sus cargos ni al jefe de la Regional policial de Bariloche, Argentino Hermosa ni al Secretario de Seguridad y Justicia Víctor Cufré, ni el Ministro de Gobierno Diego Larreguy aduciendo la espera de la actuación judicial, genera una reacción de los familiares de las víctimas y de la multisectorial. Saiz anuncia inversiones en seguridad y asistencia social. Durante la conferencia de prensa la policía vuelve a actuar de manera violenta frente al periodismo golpeando a una reportera del diario Clarín. Saiz expresa a Familiares de las victimas que “si la gente rompía la comisaria los policias tenian que defenderla” con lo cual legitima el acciona asesino y reafirma el terrorismo de estado.

El CELS presenta su informe de DDHH anual en San Carlos de Bariloche y participa de una sesión de Concejo Deliberante donde proponen adherir al Acuerdo de Seguridad Democrática impulsado por el Congreso de la Nación en 2009 criticando al gobierno provincial y “a la política de mano dura”. Al mismo tiempo manifiestan su profunda preocupación por el apartamiento de la causa del Juez Martín Lozada. El organismo adelantó que analizará la posibilidad de llevar el caso Bonefoi a instancias internacionales.

La Defensoría del Pueblo a cargo de Ana Piccinini vuelve a denunciar en contexto los innumerables casos de apremios ilegales, balazos, golpes y muertes en los calabozos y la vía pública en manos de la policía rionegrina sin que ello ameritara ninguna actuación por parte del gobierno de Miguel Saiz. La presentación del informe se había realizado en abril de este año (Se adjunta articulo de diario que sintetiza el Informe de la funcionaria).

En Dina Huapi el PPR (Partido Provincial Rionegrino) solicita al intendente actúe frente al avance de los robos y la delincuencia mediante una carta pública sumándose al pedido de “mano dura” y una escalada institucional que no cede en avanzar.

El Juez Gaimaro Pozzi dictó el sobreseimiento a Nilda Rodriguez de Runge y José Runge en el marco de la causa por “distribución facilitación y tenencia de pornografía infantil”, suceso que representó un escándalo en la ciudad pues ambos habían sido conocidos docentes de ejercicio de años a su vez que parte de las familias tradicionales de la ciudad.

En síntesis y hasta el momento en que se escribe el presente informe, la situación descripta en la provincia de Rio Negro y San Carlos de Bariloche permite observar con certeza no sólo el avance progresivo, peligroso y permanente de niveles de violencia y represión institucional a manos de la policía rionegrina y el grupo BORA -como brazos ejecutores del Estado, que es expulsor- sino también las actuaciones funcionales y complementarias de la Justicia provincial y federal cuya orientación convalida una larga tradición en Argentina: castigar a los desprotegidos, criminalizando cualquiera de sus acciones, mientras deja libres o con penas atenuadas a los responsables directos del “gatillo fácil”, “el terrorismo de estado, la corrupción o el robo “de guante blanco” que liga a figuras prominentes de la sociedad o directamente a los funcionarios políticos que ocupan u ocuparon cargos en el Estado en todos sus niveles.

Este tipo de accionar “mano dura” frente al tema de la “inseguridad” resulta una preocupante cuestión que deberá ser afrontada la Aplicación de Políticas Públicas acordes a la realidad que vivimos. La ilusoria y fantasiosa representación acerca de soluciones rápidas y mágicas que ofrecería la violencia institucional y la reclusión carcelaria como respuesta a los gravísimos problemas sociales que continúan padeciendo las bastas mayorías criminalizadas en su condición de pobreza y de protesta, convierten en una ilusión la pretendida sociedad democrática en todas sus dimensiones y respetuosa de los Derechos Humanos.

SEGUIMOS RECLAMANDO JUNTO A LAS FAMILIAS DE LOS JÓVENES ASESINADOS:

Investigación juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de Diego, Sergio y Nicolás
cárcel común y efectiva ¡ya!
Exigimos la renuncia del Gobernador Saiz, del Ministro de Gobierno Larreguy y el Secretario de Seguridad Cufré.
Investigación y Desafectación de los policías con causas penales.
Exigimos a los Gobiernos Municipal, Provincial y Nacional la disposición de recursos necesarios, para la implementación de Proyectos productivos y becas para jóvenes bajo control de los vecinos organizados.
Protección efectiva a las víctimas de torturas y vejaciones como así también las garantías necesarias para que puedan efectuar las denuncias correspondientes.
Creación de puestos de trabajo genuino
Apertura inmediata de espacios recreativos, deportivos y culturales.
Aumento de presupuesto para Educación, salud y equipamiento para los centros de salud y escuelas de los barrios.

MULTISECTORIAL CONTRA LA REPRESION EN BARILOCHE

1. Asociación Ecologista Piuke - 2. Asamblea En Defensa De La Radio Pública – 3. Gente De Radio - 4. Movimiento Democrático De Trabajadores - 5. Liga Argentina Por Los Derechos Del Hombre – 6. Grupo Encuentro– 7. Red Comunitaria Bariloche– 8. Trabajadores De Promoción Familiar Bariloche – 9. Co.de.ci - 10. Estudiantes Independientes De Crub – 11. Partido Comunista Revolucionario – 12. Juventud Comunista Revolucionaria - 13. Proyecto Sur Río Negro – 14. Partido Obrero- - Unión Juventud Por El Socialismo 15. Movimiento socialista de Los Trabajadores – 16. Partido Comunista– 17.Asociacion Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Bariloche 18. Coordinadora De Estudiantes Secundarios – 19. Centro De Estudiantes De IFDC – 20. Comisión Pro-Encuentro Nacional De Mujeres Bariloche - 21. Radio El ArKa – 22. Estudiantes De Trabajo Social De La UMSA – 23. Vecinos y Vecinas Independientes – 24. Hijos Bariloche – 25. Asociación Civil El Brote – 26. Pastoral Social – 27. Parroquia San Cayetano – 28. Izquierda Socialista – 29. Coordinadora Del Pueblo Mapuche – 30. Agrupación Violeta Unter – 31. Centro De Educación Popular Antonio Alac – 32. Defensor Del Pueblo Vicente Mazzaglia – 33. Concejales: Alfredo Martín (Frente Grande) Darío Duch (Ari). 34. Ruka Mapuche Furilofche – 35. Trabajadores De Promoción Social Del Municipio – 36. Red Por La Identidad Lagos Del Sur – 37. APDH El Bolsón – 38. APDH de Bariloche - 39. Movimiento Libres del Sur Paula Sanchez Legisladora de Neuquén – 40. Victoria Donda – 41. Teatro por la Identidad Bariloche - 42. Estudiantes de la Licenciatura de Arte Dramático de La UNRN - 43. EPADHES - 44. Mesa de Organizaciones De La Tierra - 45. Junta Vecinal Villa Llanquihue - 46. Primera Escuela de Psicología Social E .P. Rivière (Sede Bariloche) 47-Comunidad del Limay –48 Asamblea Tierra Libre –49Afiliad@s a UNter.



Adhesiones:

Asamblea de Organizaciones Sociales y Sindicales de El Bolsón -. Asamblea Coordinadora Patagónica –. Por la Vida y el Territorio, Contra el Saqueo y la Contaminación. S.O .S. NO A LA MINA Esquel - Red Nacional de Acción Ecologista RENACE - Foro Permanente por el Medio Ambiente de Neuquén –FOPERMA -. Comunidad Newen Mapu Neuquén - Asamblea por la Sanidad de la Cuenca del Lago Nahuel Huapi y los ríos Limay, Neuquén y Río Negro - Foro Permanente por una vida Digna - Viedma/Patagones - Fundación Eco-Sur Neuquén –Fundación Uñopatún -Carmen de Patagones –MOI Buenos Aires. Corriente Clasista y Combativa.