12/07/2010
82% móvil para las jubilaciones
Un paso necesario hacia un sistema previsional más justo

En las últimas semanas, el gobierno y parte de la oposición vienen sosteniendo un debate sobre el 82% móvil para los jubilados. Bandera justa en manos en su mayoría cuestionables, la discusión enfrenta a muchos que rebajaron el 13% a los jubilados y a todo el gasto social en 2001 y a otros que, ahora en el gobierno, dicen que esta reivindicación histórica –un ingreso mínimamente digno para los ancianos y ancianas- es una medida “irresponsable”.

Historia de un sistema en crisis permanente
En su origen, los sistemas de previsión social (jubilaciones, pensiones) surgieron como respuesta de los propios trabajadores y trabajadoras. Sindicatos, mutuales y otras formas de auto-organización obrera conformaron las primeras “cajas de previsión” en los albores del siglo XX. Con el ascenso del movimiento obrero, en los primeros años del peronismo, el sistema mutó hacia una forma estatal y crecientemente centralizada. En sus inicios, los pagos del sistema fueron financiados por aportes que los propios trabajadores y trabajadoras hacían de sus salarios, más los aportes que los empresarios fueron forzados a realizar por las luchas obreras. Con la estatización de la política de seguridad social, este régimen de financiamiento continuó y poco a poco se consolidó. El 82% móvil para las jubilaciones se estableció como criterio de base en el marco de esta consolidación. Progresivamente, el sistema de seguridad social fue incorporando otros beneficios bajo su órbita, como las asignaciones familiares -para los trabajadores y trabajadoras con empleo formal- y recientemente, los beneficiarios de las asignaciones “universales” por hijo/a (AUH).

Hasta mediados de los años setenta, el sistema de previsión funcionó sobre esta base, aunque crecían sus contradicciones. Por un lado, caía la relación entre los aportantes y los beneficiarios: había cada vez más trabajadores jubilados y la masa de aportantes (obreros en blanco) aumentaba en menor proporción. Por otra parte, el empleo precarizado había comenzado a multiplicarse y con la dictadura de 1976 se profundizó una tendencia de deterioro en los niveles de salarios. Esta dinámica condujo a un desfinanciamiento brutal del sistema. Para compensar esta situación, ya en la década de 1980 comenzaron a asignarse recursos adicionales, provenientes de otros impuestos, para financiar las jubilaciones y pensiones.

En los 90, la creación del sistema de AFJPs, la reducción de los aportes patronales y el elevado empleo en negro aumentaron la presión sobre las finanzas del sistema de previsión social (en cabeza del ANSES). La re-estatización total del sistema en 2008 compensó sólo parcialmente el problema; sin embargo permanecen aún hoy vigentes dos cuestiones clave de los noventa: el impacto del empleo en negro (cercano al 40%) y la reducción de los aportes patronales. En los últimos años, la expansión en la base de beneficiarios no contributivos y de la AUH aumentaron las erogaciones sin incorporar nuevas fuentes de financiamiento.

El resultado de este proceso de largo alcance fue que las jubilaciones cayeron sostenidamente en comparación con los salarios (aún cuando los salarios han caído también fuertemente en estos últimos 35 años). Hoy el haber previsional medio apenas si alcanza el 40% del salario promedio, mientras que cerca del 85% de los beneficiarios de la seguridad social reciben los beneficios mínimos (equivalentes al 31% del salario promedio: menos de novecientos pesos). Si bien la cobertura del sistema alcanza hoy a casi el 90% de la población en edad de jubilarse, esos ingresos los mantienen al límite de la pobreza.

¿Qué puede hacerse? ¿Qué debe hacerse?
La demanda histórica del 82% móvil para las jubilaciones se basa en el criterio de garantizar que el nivel de vida de las personas no se reduzca con el fin de su vida activa en el mercado laboral. En la situación actual, la primera medida para mejorar los beneficios que paga ANSES sería utilizar el superávit que hoy tiene el sistema. Si bien históricamente ha estado en crisis financiera, hoy el ANSES tiene superávit cercano a los 10 mil millones de pesos sobre la base de mantener bajas las jubilaciones y pensiones. Esos recursos permitirían aumentar un 20% de manera inmediata los beneficios para jubilados y pensionados.

En segundo lugar, la recaudación del ANSES en concepto de contribuciones patronales y aportes personales podría incrementarse sustancialmente. Como mencionamos antes, para 4 de cada 10 trabajadores/as los patrones no realizan aportes a la seguridad social. La inclusión de estos trabadores y trabajadoras al sistema de previsión significaría, por un lado, una justa y necesaria mejora en su situación laboral y, por otro, un ingreso promedio para el ANSES de aproximadamente 1.000 millones de pesos al año. En concepto de contribuciones patronales, la rebaja de los años noventa (que se mantiene intacta aún hoy) priva al Estado de unos 20 mil millones de pesos. Es imperativo su aumento para el conjunto de las empresas más grandes, cuyas ganancias en los últimos años han superado ampliamente las que obtuvieron en los noventa.

Sólo estas dos medidas permitirían en lo inmediato aportar al ANSES los recursos necesarios para llevar las jubilaciones mínimas al 82% del Salario Mínimo. Sería un buen primer paso. A partir de allí pueden empezar a pensarse medidas adicionales de recaudación de impuestos y eliminación de subsidios para recomponer los ingresos del sistema de seguridad social y configurarlo como un sistema universal de garantía de ingresos.

En este sentido, un primer paso sería afectar un porcentaje de la recaudación en concepto de retenciones a la seguridad social. Actualmente casi la mitad de los pagos de jubilaciones se realiza con la recaudación de impuestos (IVA, Ganancias, Impuestos personales y al cheque, entre otros), pero las retenciones a las exportaciones (que representan un ingreso de 33 mil millones de pesos) no se utilizan con este fin. Si, por ejemplo, se destinara un 25% de estos ingresos a financiar los aumentos de las jubilaciones mínimas se lograría cubrir el 82% móvil para la mitad de los jubilados.

Además, podrían empezarse a imponer retenciones a las exportaciones mineras, incrementar las alícuotas del impuesto a las ganancias de las grandes empresas y grandes propietarios, la reimposición del impuesto a la herencia y a las ganancias financieras y el ajuste progresivo en los impuestos a la propiedad inmobiliaria.

El problema de la seguridad social hoy no es –como señalan los sectores más conservadores- que el gobierno usa la plata de los jubilados para otros fines (como la AUH) ni –como sostiene el kirchnerismo– la ausencia de recursos. El problema son las prioridades políticas. La disyuntiva es si se continúa privilegiando a los grandes capitales, al complejo agro-minero, a los sectores financieros y a los acreedores externos, o se decide avanzar sobre ellos para redistribuir la riqueza social producida por los trabajadores y las trabajadoras, con un sistema de seguridad social que elimine la pobreza y garantice un nivel de vida digno para nuestros mayores.