12/06/2010
5-1º Parte: La Asignación por Hijo como derecho
El carácter permanente de las demandas populares

Boletín quincenal 119. Por Equipo de Economía Política del Centro de Estudios para el Cambio Social.- A fines del año pasado, el gobierno lanzó la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH), respondiendo a una demanda impulsada por diversos sectores de la sociedad, desde hace más de una década. El consenso acerca de los resultados positivos de la medida, impone la necesidad de discutir su consagración como derecho, más allá de los gobiernos por venir. El presente artículo se dividirá en dos partes, en primer lugar nos proponemos evaluar críticamente los fundamentos que existen detrás de la Asignación. En la segunda entrega, debatiremos cuestiones específicas de su implementación, de cara a su sostenimiento en el tiempo.

El Decreto que promulgó la AUH, sostiene que la solución estructural de la pobreza sigue afincada en el crecimiento económico y la creación constante de puestos de “trabajo decente”. De esta manera, la Asignación se entiende como una medida temporaria, hasta tanto tasas sostenidas de crecimiento resuelvan de manera concluyente las condiciones de pobreza y precariedad en la que vive buena parte de la sociedad. En definitiva, se vuelve necesario discutir los postulados que existen detrás de la implementación de la medida, los cuales precisan un determinado funcionamiento del mercado de trabajo en particular, y de la economía en general.

La economía política de la asignación por hijo

La lectura post-keynesiana del funcionamiento económico -afín al diagnóstico gubernamental-, sostiene la existencia de un problema de demanda efectiva insuficiente, es decir, insuficientes niveles de inversión pública, privada y/o exportaciones, implican exiguas oportunidades de empleo y, a su vez, generación de empleos de baja calidad.

Siguiendo esta línea argumental, la actual política económica se serviría de un equilibrio macroeconómico orientado básicamente a la resolución del problema del desempleo: un tipo de cambio real elevado y estable permitiría aumentar la inversión y el empleo en las actividades comercializables internacionalmente (transables), lo cual mejoraría la distribución del ingreso y disminuiría los niveles de pobreza. De esta manera, la ampliación de la demanda de trabajo de la economía –reducción del desempleo-, implicaría iniciar una trayectoria con “trabajo decente”, es decir, empleos registrados y bien remunerados.

La pregunta que aquí se plantea tiene que ver con los plazos necesarios para que se produzca este proceso auspicioso del devenir económico. Habiendo transitado el proceso de valorización del capital más exitoso de la historia económica reciente (2003-2008), con tasas de crecimiento promedio del producto mayores al 8% anual, ¿cómo se entienden los sostenidos niveles de desocupación y subocupación que mantienen al 20% de la población económicamente activa con problemas laborales? ¿Cuándo podrán resolverse las condiciones de desprotección, inseguridad y abuso con las que convive uno de cada dos trabajadores producto de su ocupación informal?
En definitiva, nos cuestionamos cuáles son los niveles de crecimiento, y durante cuánto tiempo, para que se cumpla el mencionado postulado gubernamental.

A nuestro entender, la imposibilidad parte de las características productivas de la economía capitalista periférica. En una economía dominada por el capital, tanto la dinámica del empleo de la fuerza de trabajo como las condiciones de contratación estarán ligadas a su “deber ser”: la generación de un excedente económico (plusvalor) por medio de la apropiación privada de una porción del valor socialmente creado.

En la etapa de auge del ciclo económico, el incremento del capital implicará aumentos en el empleo (masa de trabajo vivo) aplicado al proceso de producción. A medida que el trabajo se vuelve escaso, se hace cada vez más difícil extraer plusvalor a los trabajadores/as. Por tanto, el ritmo de crecimiento del producto y del empleo caerá, mientras que mediante tendencias opuestas como incrementos en la productividad de la fuerza de trabajo, precarización laboral e incluso despidos de trabajadores/as, se restablecerá una relación “adecuada” entre el capital y la población relativamente sobrante.

En consecuencia, el desempleo y la precarización de la vida -ampliada sustancialmente durante la década pasada y estructuralmente presente en la actualidad-, son funcionales al proceso de acumulación ya que actúan como instrumentos disciplinadores de la fuerza de trabajo, claves en la generación de plusvalor y, por tanto, ganancia.

El capitalismo, sin embargo, da lugar a una serie de tendencias antagónicas. Aunque las clases dominantes busquen aumentar los niveles de explotación hasta sus límites históricos y sociales, las clases subalternas resistirán esos intentos al punto de dar pelea contra las condiciones sociales que hacen necesaria esa lucha. La pugna por una asignación universal de carácter permanente, consagrada como derecho, se inscribirá como una reivindicación más de los sectores populares organizados, en el marco de un objetivo más amplio que involucra la recomposición de las condiciones de vida del pueblo trabajador.