28/05/2010
2º parte: DEUDA PÚBLICA Y POLÍTICA ECONÓMICA
Pago de la deuda: ¿soberanía o dependencia?

Por Equipo de Economía Política del Centro de Estudios para el Cambio Social.- En la primera nota hemos visto que el mundo –y en particular la “periferia”– ha sido testigo de un proceso de acelerado endeudamiento de los Estados nacionales y de expansión del capital financiero. Argentina no ha sido la excepción a este proceso. En esta oportunidad, analizamos la evolución de la Deuda Pública y nos adentramos en la discusión del mentado Canje que está instrumentando el gobierno en estos momentos.

El primer gran incremento de deuda fue durante la última dictadura, cuando a través de la “bicicleta Financiera” y la estatización de deuda privada pasó de 9.700 a 45.100 millones de dólares entre 1976 y 1983. Durante los gobiernos constitucionales posteriores, el stock de deuda continuó incrementándose, sobre todo en el período de vigencia de la convertibilidad, en el cual se pasó de 57.000 millones de dólares en 1990 a 144.000 hacia fines de 2001.

Con la salida de la crisis de la convertibilidad, la deuda pública argentina aumentó todavía más en el período 2003-2009, a excepción de lo que ocurrió en el año 2005 con el pago al FMI. Entre 2002 y 2005 se incrementó un 68% y luego volvió a crecer, aún cuando no se tomó nuevo endeudamiento de manera masiva. Esto llevó a que hacia fines de 2009 la deuda pública del Estado Nacional trepara a los 147.000 millones de dólares, todavía mayor que los valores de 2001 y 44% superior al promedio de toda la etapa 1992-2001.

Evidentemente, los pagos y renegociaciones de la deuda pública no han permitido reducirla de manera significativa. Los mecanismos que la generaron siguen operando y recreando un amplio espacio para la valorización del capital financiero. Los títulos públicos continúan funcionando como formas de inversión de alta rentabilidad y relativo bajo riesgo.

Si bien en la etapa actual la proporción de endeudamiento en manos de “extranjeros” se redujo al igual que la proporción de deuda sobre el PBI, la deuda pública continúa siendo un condicionante de la política económica. A través del Estado, el capital financiero internacional se apropia de casi 10% de la riqueza total generada en el país. A pesar de haber pagado la deuda con el FMI, el peso global de la deuda pública en la economía nacional mantiene al capital financiero en condiciones de seguir direccionando –a favor del conjunto del capital– la orientación general de las políticas públicas.

De este estado de situación surge una pregunta central: ¿por qué la deuda sigue siendo un problema para la Argentina? Luego de años de alto crecimiento y tasas de rentabilidad elevadas para el capital (superiores a las vigentes en los noventa), con una situación fiscal mucho más holgada que en otra épocas y un ingreso excedente de dólares para el conjunto de la economía. ¿Por qué el Estado Nacional decide hoy retomar la negociación con los acreedores (antes llamados “buitres”) y refrendar ese endeudamiento con el fin declarado de “volver a insertarse en el mundo” o de “tomar nueva deuda a menores tasas”?.

En primer lugar, el canje planteado por el ministro de economía es una decisión que beneficia a aquellos acreedores que se auto-excluyeron del canje de 2005. Los bonistas y bancos de inversión que quedaron afuera apostaron a esperar que el gobierno argentino retomara el ciclo del endeudamiento. El canje de 2010 privilegia la rentabilidad de los bonistas, reconociendo una deuda de al menos 10.000 millones de dólares, que no existía por decisión soberana del Estado argentino. El reconocimiento por parte del gobierno de que los especuladores –paradigmas de lo más rancio del capital financiero– tienen razón en reclamar el pago de sus acreencias difícilmente pueda defenderse como un acto de soberanía popular.

En segundo lugar, existe un mejor destino para los ingresos fiscales que el pago que año a año se lleva la deuda pública. De acuerdo al presupuesto nacional, en 2010 se destinarán al pago de intereses un 9,7% del gasto público total planeado para este año. Si lo comparamos con el 3,7% que se destina a salud y el 7,2% que se asigna a educación y cultura queda en claro cuáles son las prioridades más allá de los discursos grandilocuentes. Si no se pagara este monto de intereses, se podría -por ejemplo- cuadruplicar la cantidad de viviendas construidas en el año.

Tercero, los salarios de las y los trabajadores del sector público se encuentran aún hoy muy por debajo de sus niveles de 2001. Sin embargo, el incremento salarial estipulado en el presupuesto no permite siquiera una recomposición por la inflación.

Cuarto, la necesidad de sostener y aumentar el endeudamiento para financiar la actividad del Estado es una opción política anti-popular, claramente inferior a otras alternativas. Con un sistema tributario regresivo como el actual, los/as trabajadores/as pagan con su esfuerzo a los más ricos acreedores del Estado.

Una política alternativa implicaría, al menos, tres medidas: (a) Constituir una Comisión para la Auditoría Integral de la Deuda Pública –tal como se ha hecho recientemente en Ecuador- que declare el endeudamiento ilegítimo e ilegal, (b) eliminar los subsidios al gran capital y (c) aumentar la carga impositiva sobre los sectores con mayor capacidad contributiva para terminar con la “necesidad” de hacer uso del endeudamiento.

Notas relacionadas:
http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2010/04/29/p5608