21/05/2010
ESPECIAL BICENTENARIO
Nuestra patria o la de ellos

Generalmente cuando se habla de la constitución de los países, se apela a diferentes categorías para figurar a las fuerzas sociales que se disputan la conducción de los procesos históricos. Una de esas categorías es el “establishment”. El lunes pasado, mediante una carta abierta publicada en el diario La Nación, la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia intimó sin más dilaciones a la Corte Suprema para que suspenda los juicios contra los genocidas. Herederos de las Ligas Patrióticas y los Comandos Civiles, estos abogados, vivitos y coleando, son el testimonio vivo de las clases dominantes y la corporación judicial en Argentina.

La carta abierta fue publicada en su propio “house organ”, el diario La Nación, histórico vocero de las familias patricias argentinas. Tribuna oligárquica en la guerra contra el gaucho y el indio a mediados y fines del siglo XIX; xenófobo con los inmigrantes europeos a fines del siglo XIX y principios del XX; antiperonista de la década del ’40 en adelante - excepción hecha de los dorados ´90 - ; anticomunista durante los ’60 y ´70, antisubversivo en los ’70; antipiquetero en los ’90; antisemita siempre; en fin: sus páginas estuvieron siempre dispuestas a los más diversos engendros organizativos desplegados por la derecha vernácula.

La carta fue escrita porque “la Justicia está desvirtuada y la Concordia desconocida” según afirman desde el texto en cuestión. Unos párrafos más adelante afirman: “a esta Asociación le preocupa, señor Presidente (en referencia al titular de la SCJ, Ricardo Lorenzetti) la situación actual de injusticia y enemistad interna, que también –seguramente- desvela a ese Alto Tribunal”. Más adelante la misiva asegura que “a los militares y fuerzas de seguridad, empleados para combatir el terrorismo que asoló a la Argentina en la década del setenta, se les han negado derechos y principios que rigen desde siempre para todos los ciudadanos”, desconociendo que aquellos principios siempre vigentes a los que apelan fueron explícitamente suprimidos por estas mismas personas que hoy, bajo estado de derecho, son juzgados.

Los abogados de la Asociación, todos ellos fervientes detractores de eso que eso llaman “garantismo” y a veces es el más simple sentido común, ponen su mirada sobre el estado de las cárceles argentinas solo para evitar que en ellas caigan “sus” militares genocidas. Para las plumas clasistas de los doctores es “solo a ellos a quienes no se les aplica el plazo razonable” para su juzgamiento consagrado por el Pacto de San José de Costa Rica y se les agravan las condiciones de encierro, manteniendo prisiones preventivas por tiempo indefinido y a personas que superan los setenta años, edad en que los jueces deben conceder la prisión domiciliaria”. En el colmo de la victimización y el oportunismo rematan el párrafo recordando que “las cárceles no deben ser instrumentos de tortura y no están preparadas para recibir ancianos ni enfermos, ello ha generado decenas de muertos en cautiverio.” El texto no aclara si para la Asociación todos esos muertos valen lo mismo, ni por cuantos de ellos han escrito cartas abiertas.

Luego sostienen que en nuestro país hay más de setecientos presos políticos, situación que “ningún ciudadano debiera consentirlo y ningún hombre de derecho dejar de denunciarlo”, tal como ellos mismos hicieron durante el genocidio de la dictadura militar. Sobre el cierre y como corresponde a las buenas gentes de alta alcurnia católica, se despiden deseando que “Dios guarde a Vuestra Excelencia”.

Indagando en las firmas que acompañan el documento, salta a la vista los niveles de organicidad de quienes reclaman la impunidad de los genocidas.
Las Asociación está presidida por Mariano Grandin, apodado “Caballo” por los atributos estéticos que la naturaleza le otorgó. Grandin es un habitué de los juicios a los represores, como representante de Asociación de Familiares y amigos de los Presos Políticos de Argentina, que preside la bocona Cecilia Pando. Incluso en varias oportunidad se levantó de su silla saludando al torturador Jorge Eduardo “Tigre” Acosta con el brazo masturbante erguido, emulando los saludos nazis.

Otra firma notable, de las muchas con doble apellido, es la de Damián Becar Varela. Este abogado, integrante de una de las familias más conservadoras y prolíferas de la corporación judicial vinculada al Opus Dei, forma parte de desde hace más de 40 años, del ultrareaccionario Club de Abogados de Iberoamérica. En su prontuario consta también que ejerció como abogado defensor de la libertad de expresión y socio del pulpo mediático y gusano, conformado por Daniel Vila y José Luis Manzano.

Otro firmante e integrante de la Asociación es Jorge González Novillo. Fue fiscal de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, creada mediante la Ley 19053, por el gobierno de facto de Agustín Lanusse. El Camarón o Cámara del Terror, como la describían los militantes populares de aquellos años, fue en la práctica un fuero antisubversivo que prefiguró la complicidad judicial de la que gozaría apenas 5 años después la dictadura militar.

Firman la solicitada también Ricardo Saint Jean y Federico Saint Jean, hijo y nieto de Ibérico Sain Jean. Ibérico, padre y abuelo de los abogados, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura militar. Hombre del Ejército Argentino en 1977 confesó públicamente la doctrina que nutría a las fuerzas armadas entonces; “primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después... a sus simpatizantes, enseguida... a aquellos que permanecen indiferentes, y finalmente mataremos a los tímidos”. Este buen viejito desde mayo de 2008 permanece detenido con arresto domiciliario por crímenes de lesa humanidad.

La lista es extensa y sus firmantes no difieren mucho de las descripciones anteriores. Por ejemplo, firma prácticamente el conjunto de los abogados del estudio Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz Jr.. Además de los patriotas que dan nombre al estudio, también firman y forman parte Pedro Eugenio Aramburu hijo, Sofía Amadeo, Fernando Zoppi, Jacinto Sicardi y Jorge Lamas, entre otros.

En estas épocas en las que suele recrearse la épica patria, es bueno ejercitar la memoria y reconocer que dentro de ese amplio concepto, hay personajes, promotores de castas aristocráticas, con los cuales podremos coincidir en pisar la misma tierra, pero jamás podemos perder de vista que fueron, son y serán los enemigos históricos de nuestro pueblo, hace 200 años, hace 100 y en los que nos reste vivir.