12/05/2010
OTRA CARA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
“La ilegalidad del aborto no protege la vida”

El proyecto de ley presentado por las 250 organizaciones nucleadas en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, ya cuenta con la firma de 42 diputadas y diputados. La necesidad de que el aborto cobre un marco de legalidad se hace urgente frente a las muertes y complicaciones que sufren las mujeres a diario como consecuencia de la clandestinidad de esta práctica.

En nuestro país se realizan aproximadamente 500.000 abortos por año. Según estudios comparativos entre estadísticas oficiales e internacionales, en el 2006 se registraron 20 veces más muertes por abortos que en países donde la interrupción voluntaria del embarazo es legal. A partir de datos relevados por el Ministerio de Salud de la Nación, se informa que el aborto inseguro es una de las principales causas de muerte materna.

Los riesgos de la clandestinidad conducen a la mujer a la realización de esta práctica en lugares que no cuentan con las condiciones adecuadas. Los sectores empobrecidos son los más perjudicados y el riesgo de muerte, u otras consecuencias derivadas por una mala intervención, se incrementan. La salud de la mujer, como un derecho esencialmente humano, está en riesgo y es vulnerado cada vez que ingresa al hospital ante los efectos de un aborto mal realizado, que revela aquello que aún la ley considera como un “delito contra la vida”.

El inciso 1 del artículo 86 del Código Penal explicita la no punibilidad “cuando está en peligro la vida o la salud de la mujer y si este peligro no puede ser evitado por otros medios”. Mientras que en el inciso 2 la ley manifiesta la legalidad “cuando el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”.

La disputa entre las dos interpretaciones del inciso 2 sobre los casos en que la ley contempla el aborto no punible, se convierte en un claro abuso sobre los derechos de las mujeres. Esta ambiguedad se traslada en una interpretación amplia y una restringida de la ley que solo habilita a las mujeres dementes a la realización del aborto. Esta dualidad interpretativa genera idas y vueltas entre la salud y la justicia, y en el medio la mujer debe soportar la continuación traumática de un embarazo no deseado.

En este sentido, el derecho que tiene toda mujer a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional, es lo esencial del proyecto de ley presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito.

“La Campaña es como una heredera de otras experiencias feministas, y de otras organizaciones del país, la organización pionera y de la que nosotras sentimos que somos deudoras y de la que formamos parte, es la Comisión por el Derecho al Aborto, que desde la década de los ’90 aglutinó a los grupos feministas en relación al aborto legal”, explica Yamila Balbuena, integrante de la Campaña y militante de Las Azucenas, agrupación de mujeres de La Plata.

Fue durante el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, en el 2003, cuando por primera vez se llevaron los pañuelos verdes para simbolizar específicamente la lucha por la legalización del aborto. “Ese año un grupo de compañeras y organizaciones nos empezamos a juntar para ir pensando una coordinación que contemple toda la pluralidad de voces y de fuerzas que se estaban manifestando a favor del aborto legal, que al mismo tiempo articule todo ese consenso que parecía estar surgiendo”, agrega.

Como parte de una expresión de lo social que busca una incidencia política, la Campaña marca en el 2005 su momento fundacional. A partir de ese año y hasta el 2008 se fortaleció con una apuesta activa en 17 provincias del país, definiendo su carácter federal. “En el 2008 se presentó el proyecto con el aval de 22 legisladores/as y este año ya lleva las firmas de 42 diputadas/os de todo el arco político que están respaldando el proyecto. Para nosotras esto da cuenta de la inserción de la Campaña y el proyecto”.

Durante este proceso de visibilización y acciones concretas, se consiguió la ley de Salud Sexual y Reproductiva. “Sabemos que la ley no funciona como debería, las leyes por sí solas no garantizan o no se transparentan en políticas públicas de inmediato. Para nosotras son pasos, una vez la ley, después está la exigencia para que eso se cumpla. Es necesario el primer momento, porque la ley legitima no sólo la práctica en sí, sino que jerarquiza la situación de ciudadanía de la mujer en pleno derecho que es lo que no existe hasta ahora. En qué Estado liberal ocurre, qué ciudadanas no puedan elegir sobre su propio cuerpo, su propia vida, me parece que el Estado tiene una responsabilidad; otra es la que venimos trabajando que tiene que ver con el imaginario social”, manifiesta Yamila.

En la actualidad, el tema se ha instalado en varios ámbitos de la sociedad y el consenso hacia la necesidad de la legalización del aborto ha dado un giro a su favor en este último tiempo. “Hay diferentes planos, uno en el que estamos todas involucradas, que es entender estas como banderas de todos los movimientos sociales y políticos, que tienen que ver con la educación sexual para decidir, con la anticoncepción para no llegar a situaciones que ponga en riesgo la salud de las mujeres, y con el aborto legal para que la mujer pueda decidir en último término, y una vez que esto está en movimiento ya nadie lo para”, añade.

Sin embargo, aún los sectores más conservadores, como la Iglesia Católica, siguen luchando para que temas como estos sean demonizados socialmente, y presionan en ese sentido al poder político. “La Iglesia está obligada a impedir que el aborto se legalice, es una línea bajada desde el Vaticano, es una línea que tiene que ver con la derecha más recalcitrante y más conservadora, que tutela los cuerpos de las mujeres desde el Medioevo en adelante, y eso tiene su peso en el Congreso”.

ACCIONES
La Campaña está instalada en las 17 provincias donde permanentemente se acciona para visibilizar la importancia del tema. A nivel nacional, el 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, se va a realizar una jornada para juntar 50.000 firmas por el aborto legal.
El próximo 13 de mayo en la ciudad de La Plata se hará una presentación en la legislatura con los diputados/as firmantes de la provincia de Buenos Aires. La Cámara de La Plata va a sacar una declaración para que el proyecto sea tratado en el Congreso.

“Hoy se ve como un momento oportuno para que salga la ley. Que existan 42 diputados y diputadas que consideren que se debe tratar como parte de un consenso que hay en la sociedad, que tiene un costo político no tratarlo, es un triunfo de la lucha y lo que se viene trabajando durante tanto tiempo. En este momento el proyecto esta en distintas comisiones, Penal, Familia y Salud. Creemos que hay posibilidades de que este año sea el año de la despenalización del aborto”, concluye.

VÍCTIMAS
Ana María Acevedo falleció de cáncer el 17 de mayo del 2007 en Santa Fe. A ella se le negó la realización del aborto cuando estaba contemplado por la ley al correr riesgo su vida, y se la obligó a seguir con su embarazo. Le impidieron un tratamiento oncológico, para evitar los dolores producto de su enfermedad. A las 22 semanas de gestación dio a luz, y el bebé murió a las horas. Finalmente, fueron procesados seis médicos. Hoy la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe trabaja para que este fallo siente jurisprudencia y se multiplique.

Una joven de 17 años, oriunda de El Bolsón, violada sistemáticamente por su padre y su tío desde sus once años, solicitó a la justicia la autorización para interrumpir su embarazo. Pese a que la Defensora de Menores intervino para pedir que se negara la autorización con el argumento del “derecho a la vida” del llamado “niño por nacer”, finalmente el juez barilochense Martín Lozada resolvió a favor del pedido de la joven. Pero días después, aunque la intervención ya se había realizado en el hospital local, la Cámara del Crimen se hizo eco de los argumentos de la Defensora y anuló el fallo de Lozada, para que no pudiera sentar un precedente para otros casos similares.


Ante estas irregularidades, que humillan y maltratan a la mujer una y otra vez, en la Provincia de Buenos Aires y en Rosario ya existen protocolos para que quienes se ocupan de la salud no atrasen el proceso ante consideraciones y creencias personales, en los casos en que la ley no sanciona la realización del aborto.

MIENTRAS TANTO...
Como parte de una iniciativa del grupo Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, y ante la urgencia de resolver el mientras tanto, se creó en el 2009 la línea telefónica “Más información, menos riesgos”.

En esta línea telefónica (011-156-664-7070) que funciona de lunes a jueves de 9 a 15 horas, y los viernes, sábados y domingos de 18 a 0 horas, se brinda información sobre abortos medicamentosos, como un medio para prevenir la muerte y los graves perjuicios a la salud por la realización de abortos inseguros.

Según sus integrantes, el objetivo de la línea telefónica es lograr que la información sobre aborto medicamentoso producida por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, sea más accesible. Para la realización de este tipo de aborto, de carácter medicamentoso, se asesora en la utilización del misoprostol, siendo su uso obstétrico un método eficaz sólo hasta las 12 semanas de gestación. Esta experiencia también funciona en Ecuador y Chile.

Según las responsables de las líneas, la importancia de que las mujeres estén informadas sobre modos de abortar en forma segura es un derecho, de lo contrario “es condenarlas a morir por falta de información. El uso de medicamentos para realizar abortos seguros, principalmente con misoprostol y mifepristone, lleva más de veinte años como práctica establecida y es recomendado por la Organización Mundial de la Salud y otros organismos por su eficacia y bajo riesgo de muerte y complicaciones cuando se realiza con el método correcto”, aseguran.