26/04/2010
JUICIO A QUEBRACHO
Embestida judicial contra militantes populares

El próximo martes comienza un nuevo juicio contra militantes de Quebracho. En otra vuelta de tuerca en la criminalización de organizaciones populares, la justicia acusa a 14 militantes de esa organización de delitos contra la propiedad, por una protesta contra un local del Movimiento Popular Neuquino, de Jorge Sobisch, al día siguiente del asesinato del docente Carlos Fuentealba a manos de policías neuquinos. El martes 27 de abril se realizará una movilización en protesta por el juicio.

El 4 de abril de 2007, en medio de un paro convocado por los gremios docentes neuquinos, la policía de esa provincia asesinaba a Carlos Fuentealba. Al día siguiente, en medio de la jornada de protesta en todo el país, Quebracho realizó una protesta frente a al local del Movimiento Popular Neuquino, dirigido por el entonces gobernador Jorge Sobisch. La acción terminó con algunos incidentes y varios detenidos.

Los militantes detenidos fueron acusados de daños contra la propiedad, mientras que la justicia libraba la orden de detención con Fernando Esteche y Raúl “Boli” Lescano, quienes a pesar de no haber participado de la protesta, fueron acusados de ser autores intelectuales de los hechos. Esa causa los llevó a la cárcel más de 6 meses de detención y solo salieron haciendo huelga de hambre.

La causa inicialmente estuvo en manos del juez Lijo, el mismo que dispuso la extradición de a su país a 6 militantes campesino perseguidos en Paraguay, y quien mantiene cajoneada la causa por las responsabilidades políticas por los asesinatos del Puente Pueyrredón. A principios de este mes fue elevada a juicio oral en un juzgado no menos representativo de lo que hoy compone a la familia judicial.

El juzgado está encabezado por Gerardo Larrambebere, quien intervino en la causa por el copamiento del Cuartel de La Tablada. En esa oportunidad su intervención fue seriamente cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no haber investigado los homicidios y torturas cometidos por militares, por el tratamiento dado a los cadáveres de los incursores (despostados a pedido del Ejército para impedir que se investiguen los motivos de las muertes), por no investigar los desaparecidos y por el rol de la fuerza como auxiliar de la justicia, sin ningún control judicial.

Lo secunda Guillermo Gordo, quien instruyó siete juicios en el Tribunal Oral Federal n° 5 por delitos de lesa humanidad y resistió con éxito los reclamos para garantizar la publicidad de los procesos. Trabajó hasta septiembre de 1976 en un Tribunal de familia de Lomas de Zamora que se convirtió en símbolo de la complicidad de la Justicia con el plan sistemático de robo de bebés. Su padre, general de brigada Angel Andrés Gordo, fue designado por decreto del dictador Jorge Videla como vicepresidente de Somisa. El juez se excusó de intervenir en una causa contra el coronel Mario Gómez Arenas, luego condenado por delitos de lesa humanidad en Neuquén, porque era amigo de su padre.

El tercer magistrado del tribunal es Miguel Pons. Como juez federal porteño, persiguió a distintos integrantes de la organización Montoneros. Por ejemplo, dispuso la captura de ex miembros de esa organización basándose en una conferencia de prensa que habían dado en 1977, en Roma, para denunciar los crímenes de la dictadura. También inició una causa contra el poeta y periodista Juan Gelman acusándolo de asociación ilícita, ordenando su captura y declarándolo en rebeldía. Sin embargo, el 7 de enero la Cámara Federal de la Capital Federal modifica la resolución del juez Pons y lo exime de prisión.

Estos prontuarios evidencian que la composición del tribunal dista mucho de poder garantizar imparcialidad y equidad; proyecta una condena contra los militantes que resulta más bien política que jurídica conviertiendo el juicio en una pantomima, mientras la justicia sí da la espalda a los reclamos de procesar a Jorge Sobisch como autor intelectual del asesinato de Carlos Fuentealba.

En protesta a este juicio, se realizará una movilización en solidaridad con los procesados el martes 27 de abril, a partir de las 9:30 hs. en los Tribunales Federales de Comodoro Py.