09/03/2010
5- DENUNCIAN EL RECORTE EN GASTOS PARA LA NIÑEZ
Trabajar en la Ciudad, no es para niños

Boletín quincenal Nº116.-Por trabajadores y trabajadoras del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Desde el mes de diciembre de 2007, fecha en que asume el actual jefe de gobierno, comenzó en la Ciudad de Buenos Aires un proceso sistemático de vaciamiento y privatización de las políticas públicas destinadas a la niñez y adolescencia y, particularmente, del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Dicho organismo fue creado por la Ley local 114, que le otorga las funciones que le incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes; fija y articula políticas y asegura a través de mecanismos de exigibilidad, el cumplimiento de la normativa de derechos vigentes para garantizar su efectivización.

Actualmente, el Sistema de Protección Integral de derechos de niños, niñas y adolescentes de la Ciudad está siendo desarmado. La garantía de exigibilidad de esos derechos, a través de la implementación de las políticas necesarias para efectivizarlos, resulta más de la sujeción del Ejecutivo a los fallos de la Justicia, que del cumplimiento de las competencias que cada área de gobierno tiene asignadas en materia de disponibilidad de programas y recursos para la infancia. De este modo, el Estado pierde el lugar relevante que tiene en el sistema de protección integral y se asume como auxiliar de la Justicia, respondiendo subsidiariamente ante aquellas demandas puntuales a que los fallos lo obligan.

Esta evidente falta de interés en materia de infancia y adolescencia, se traduce en el achicamiento sistemático de programas, servicios y recursos destinados a niños, niñas y adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, y en la tercerización de servicios en organizaciones privadas. La pobreza de las políticas sociales fragmentadas, focalizadas y de bajo impacto, que no garantizan condiciones mínimas de acceso a la ciudadanía, se contrapone presupuestariamente con el énfasis puesto en el fortalecimiento de instituciones privadas que asumen cada vez un mayor protagonismo en el conjunto de las políticas sociales.

El Consejo goza de autonomía técnica y administrativa y de autarquía financiera. Sin embargo, muchas decisiones no son adoptadas por el organismo debido a un avasallamiento por parte de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social sobre la autonomía del organismo, que se expresa en la modificación de estrategias de trabajo definidas desde el Consejo; en contrataciones directas con presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social; en la falta de respuesta de programas de ese organismo frente a las medidas de exigibilidad de recursos.

Desde la gestión macrista, se desprestigia a los equipos técnicos especializados en la temática y se saltean los circuitos formales de trabajo, lo que ataca claramente la institucionalidad del organismo para el control y funcionamiento de la política pública.A su vez, la política oficial del organismo tiende a disminuir cada vez más la exigibilidad de recursos y fortalece dispositivos que reemplazan las funciones que deberían cumplir los distintos Ministerios.

Además, el modelo que pretende llevar a cabo la actual gestión GCBA se basa en un fuerte control social que privilegia la institucionalización de los niños pobres por sobre el fortalecimiento de sus vínculos familiares y comunitarios. Desde esta perspectiva, el “derogado” paradigma del patronato, basado en la separación de los niños en situación de vulnerabilidad social de sus familias para su internación en institutos o en hogares, ha sido retomado por el actual Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido y en franca contradicción con el mandato legal, el 50% del presupuesto de la Dirección General de Niñez, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, se destina al Programa de Atención de Niñez y Adolescencia en Situación de Vulneración Social que consiste mayoritariamente en políticas de internación de niños en hogares. Solo el 5% del presupuesto de esa Dirección se asigna al Programa de Fortalecimiento de los Vínculos Familiares y Comunitarios que resulta ser casi el único programa creado al efecto de evitar las institucionalizaciones. En este aspecto, corresponde agregar que tampoco se ha reglamentada la Ley 2213 de Acogimiento Familiar, que se ha sancionado en el año 2006 y que permitiría evitar la institucionalización de niños que por alguna razón deban ser separados de sus familias.

Por otro lado, es notable la subejecución presupuestaría que afecta directamente a la población más pobre. En 6 meses el rubro veredas y asfalto alcanzó el 49% mientras que, otros rubros, como Desarrollo Social muestran un alarmante nivel de ejecución de 8,5%

El personal es insuficiente y existe un desprecio absoluto por los trabajadores de la infancia.El Consejo se encuentra funcionando sin estructura ni Planta Orgánica Funcional propias. La modalidad de contratación precarizada se impone representando un 73% sobre el total de trabajadores del organismo (incluso para quienes cuentan con una antigüedad de entre 5 a 10 años) percibiendo un salario que ronda los $ 1500.

Las condiciones edilicias son cada vez peores. Actualmente en muchos lugares, desarrollamos nuestras tareas sin los insumos necesarios ni el espacio físico adecuado para la realización de las tareas.

Por lo expuesto hasta aquí, los trabajadores y trabajadoras del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, nos encontramos en estado de movilización y alerta permanente reclamando los siguientes puntos:

- Pase a planta permanente y consecuente equiparación salarial dispuesta por la Resolución Nº 745/CDNNyA/07.
- Aumento salarial de todos los trabajadores.
- Estabilidad laboral.
- Condiciones laborales dignas.
- Pago de plus por conducción a los trabajadores que se encuentran ejerciendo cargos.
- ART para los trabajadores con contratos de locación de servicios.
- Eectivo cumplimiento de la ley local Nº 114.
- Plena vigencia de la ley nacional Nº 26.061
- Jerarquización de los/as trabajadores/as de infancia en la ciudad.
- Cumplimiento de la autonomía del consejo.
- Estructura y planta funcional propia para el organismo.


NO A LOS SALARIOS COMO VARIABLE DE AJUSTE DE UNA GESTIÓN INEFICIENTE
NO AL VACIAMIENTO DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
NO AL DESMANTELAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS