11/02/2010
AVANCE DE LA CRIMINALIZACION
Brasil: Campaña por la liberación inmediata de los presos políticos del MST

Por Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra.- En una acción coordinada entre los grandes medios de comunicación, latifundistas y sectores del poder judicial y de la policía, se da una fuerte ofensiva de criminalización de los movimientos sociales de Brasil y del MST particularmente. A continuación difundimos un informe realizado por la organización campesina.

La lucha social y, especialmente, la lucha por la reforma agraria
vuelven a ser fuertemente criminalizadas. Otra vez se enviste de manera
grotesca contra el Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil. En este
momento, decenas de “sin tierra” están presos en varias ciudades del
país, y otros tantos fueron condenados a largas penas por el simple
hecho de buscar tierra para sobrevivir y producir, una acción que el
propio Superior Tribunal de Justicia ya decidió que no configura los
delitos de “despojo posesorio” y “formación de cuadrilla”, por los
cuales muchos de los militantes han sido acusados.

La ofensiva, articulada en conjunto por los grandes medios de
comunicación, latifundistas, agronegocio, diversos sectores de la
Policía y del Poder Judicial, se muestra más evidente con nuevas
represiones y encarcelamientos de trabajadores en São Paulo y en Santa
Catarina. Estas configuran un escenario agravado de criminalización que
ya estaba presente en otros estados (como Río Grande do Sul, Pará y
Pernambuco, entre otros). Medidas represivas que se suman y se articulan
también, milimétricamente, con el inicio de una investigación
parlamentaria sobre el MST (como desea la gran prensa), que, a su vez,
está siendo usada por la bancada rural y por otros sectores
reaccionarios como un gran escenario y verdadero instrumento para las
disputas electorales de 2010, que ya están en pleno desarrollo en todo
Brasil.

La intensificación de la criminalización y de la estigmatización del
MST, así como la tentativa forzada de vincular al MST con grupos,
candidatos y partidos políticos, apuntan, por lo tanto, no sólo a la
represión contra los militantes sociales que luchan por tierra y
dignidad, sino que pretenden confundir y manipular la opinión pública
brasileña, atentando contra la frágil democracia del país.

Estado de São Paulo

El estado de São Paulo es uno de los lugares donde la situación es más
grave y escandalosa en este momento. El 25 de enero, la policía puso en
marcha un cerco a los asentamientos y campamentos de la reforma agraria
en la región de Iaras, interior del estado, portando órdenes de
“búsqueda, incautación y cárcel”, con el objetivo de intimidar, reprimir
y aprehender militantes del MST. Nueve militantes asentados y acampados
fueron detenidos y llevados a la comisaría de Bauru, de donde fueron
conducidos a diferentes cárceles de la región, para dificultar su
contacto y su asistencia. Entre ellos, se encuentran el ex alcade de
Iaras -SP, Edilson Granjeiro Xavier, y la actual concejala por la
ciudad, Rosimeire Pan D'Arco de Almeida Serpa, ambos del Partido de los
Trabajadores (PT). EL intento de uso electorero de la situación es
evidente, ya que los propios “investigadores” involucrados en el caso
admiten que no efectúan ninguna acción sin el total conocimiento del
Secretario de Seguridad Pública del Gobierno de São Paulo, de la
administración José Serra.

De aquí para allá, en un proceso oscuro, lleno de arbitrariedades
políticas y fragilidades jurídicas, más de 50 militantes del MST ya
fueron sindicados; 20 militantes ya tenían sus “detenciones” decretadas;
y 7 militantes continúan presos, sin posibilidad de salida. Además,
otros procesos antiguos contra militantes del MST, en diversas regiones
del estado – como Campinas, Ribeirão Preto, Puntal y el Vale del Paraíba
-, están siendo resucitados en una increíble “coincidencia”. Sólo en el
Vale del Paraíba hay más de 11 militantes condenados, siendo que dos de
ellos (Eulino Oliveira - Suyo Lino - y Luciano Correia) están cumpliendo
penas de más de 6 años de reclusión. Hay la posibilidad de más
detenciones y otros tipos de represión en el estado.

En el caso específico y urgente de Iaras, tal represión representa todo
un proceso de criminalización y persecución que fue acelerado a partir
del circo espectacularmente montado por la gran prensa (sobre todo por
la Red Globo), y de los acontecimientos políticos ocurridos con ocasión
de la ocupación de la hacienda Capín, una inmensa área grilada (1) por
la transnacional Sucocítrico Cutrale. El MST reivindica desde hace años
para la reforma agraria aquellas áreas públicas del Complejo Monzones,
comprobadamente griladas a la Unión por esta poderosa empresa del
agronegocio. Es lamentable que, en lugar de acelerarse el proceso de
reforma agraria y la democratización del uso de la tierra, una vez más
lo que hay es mayor arbitrariedad, represión y violencia, tan acelerada
cuanto más indeciso ha sido el Estado para recuperar tierras públicas y
expropiar tierras desocupadas para fines de reforma agraria y
democratización del acceso a la tierra.

En un clima de terror, además de apresar a militantes de Iaras-SP, los
policías cercaron casas y barracas, amedrentando a las familias y
también tomando pertenencias personales. Todo eso con el objetivo de
forjar pruebas contra los agricultores, induciendo que los objetos
habrían sido robados durante la ocupación de octubre de 2009 a las
tierras griladas por la Cutrale. Lo curioso es que, pasados más de 4
meses desde la ocupación y de los hechos calificados como delitos, el
comisario de la Policía Civil ya escuchó a más de 47 personas entre
funcionarios y exfuncionarios de la Cutrale e integrantes del MST
(acampados y asentados) en la región de Iaras, que participaron de la
ocupación. Sólo no diligenció para oír a los 20 investigados antes
mencionados. En relación al comprobado grillo efectuado por la
transnacional a las tierras públicas, obviamente ninguna diligencia o
medida concreta ha sido tomada.

Otro elemento grave es que el juez que firmó las órdenes de captura se
valió de hipótesis, conjeturas y subjetivismo personal, articulados por
el comisario de Policía y endosados por el Promotor de Justicia, para
decretar la cárcel temporal de los investigados, por cinco días, ya
prorrogada por un tiempo mayor. La "justificación" es que, si las 20
personas continuas libres, podrían obstaculizar las investigaciones, ya
que son “peligrosas, violentas, que ejercen influencias sobre los demás
“sin tierra” y que causan temor y miedo a las personas y, que por ser
del MST, pueden fácilmente esconderse en un lugar u otro”. Ocurre que,
en cuatro volúmenes de investigación, no existe una prueba siquiera que
respalde el acuerdo de estas tres autoridades oficiantes en los autos.
Eso muestra la ilegalidad de las órdenes de detención. Desde hace más de
5 años, la billonaria transnacional Cutrale ha sido acusada e
investigada por prácticas monopólicas en el sector de las naranjas y por
beneficiase de las peores formas de utilización de agrotóxicos y
venenos, así como de relaciones laborales absolutamente precarias,
generando perjuicios y destrucción para centenas de miles de
trabajadores rurales, sin embargo ninguna medida ha sido tomada, ni
tampoco sus billonarios propietarios son considerados “peligrosos,
violentos” para la sociedad brasileña.

El hecho es que las detenciones de los “sin tierra” no encuentran
motivación fáctica, están desviadas de las exigencias legales, no
atienden a los dictámenes de la Justicia sino al egoísmo de quienes las
requieren, de quien las endosó y de quien las decretó, pues, con ellas,
pasaron a ganar notoriedad y evidencia en los mass media, sobre todo en
la Red Globo (vía su filial local, TV TEM). Emisora esta que, a
diferencia del tratamiento dado a los abogados de los trabajadores, los
cuales deberían tener constitucionalmente asegurada una amplia
información sobre los autos, siempre tiene de primera mano, en cuestión
de minutos, lo que se pasa en los autos de la investigación. Y más grave
aún: muchas veces, obtienen con anticipación informaciones que deberían
ser secretas y restringidas a la Justicia. Medidas que, lejos de ser
imprescindibles para el curso de las investigaciones criminales y para
la información de la opinión pública, están orientadas a satisfacer las
demandas políticas de los latifundistas, del agronegocio y de la elite
local, opuestos a la realización de la reforma agraria en la región.

Los abogados de los trabajadores están intentando, con mucha dificultad,
acompañar la situación y obtener información sobre los procesos, pues la
policía no asegura a las partes plenamente el derecho constitucional de
la información sobre los autos y, sobre todo, sobre las cárceles.

Santa Catarina, Río Grande do Sul, Pará, Pernambuco...

En Imbituba (SC), Altair Lavratti, uno de los coordinadores del MST
catarinense, fue arrestado el 28 de enero. Cerca de 30 policías
militares realizaron la “detención preventiva” en el momento en que el
dirigente del MST realizaba una reunión pública, en un galpón de
reciclaje de basura de la ciudad. La acusación fue que Lavratti, junto
con otros sindicalistas y militantes sociales, preparaba una ocupación
de tierras en la región. Al igual que en otros lugares, fue llevado bajo
la acusación de “formación de cuadrilla”. Otras dos personas también
fueron detenidas, una de ellas, Marlene Borges, presidenta de la
Asociación Comunitaria Rural, está embarazada. Su casa estaba vigilada
desde la madrugada del mismo día y fue llevada a Criciúma (SC). El otro
militante, Rui Fernando da Silva Junior, fue llevado a Laguna (SC).

Desde neutro punto de vista, claramente se trata de un nuevo “globo de
ensayo”, semejante a los ya realizados en estados como Río Grande do Sul
– donde el Ministerio Público regional llegó a listar, en las actas de
las reuniones, una serie de estrategias buscando la “disolución del
MST”-, igual como en los estados de Pará – región en la que entre 1982 y
2008, fueron asesinados más de 680 trabajadores rurales, según la
Comisión Pastoral de Terra (CPT), y prácticamente ningún latifundista
fue juzgado o castigado- y de Pernambuco –que está viviendo un aumento
de encarcelamiento y asesinatos significativos de trabajadores rurales y
militantes sociales “sin tierra”. En todos estos estados, siguiendo el
ejemplo de los montajes recientes de São Paulo, los grandes medios de
comunicación, se han especializado en convertir en crimen y anarquía, el
derecho constitucional a la reunión y organización popular por
reivindicación de derechos. Para eso actúan cada vez más descaradamente
junto a la policía y las elites locales, forjando “reportajes”,
“pruebas” y “escándalos” que son utilizados para aumentar la
criminalización y estigmatización de los luchadores sociales y de la
población más pobre en general, describiéndolos como “anarquistas”,
“bandoleros” y “terroristas”. Así contribuyen, de forma absolutamente
ilegal e irresponsable, al aumento de la tensión en el campo.

Criminalización y Derechos Humanos

Un cuadro terrible que sólo ratifica la creciente criminalización de los
pobres y sus movimientos sociales en todo el país, el cual viene siendo
ampliamente denunciado y detallado, de forma muy amplia, por cientos de
organizaciones sociales, sindicatos de trabajadores y trabajadoras,
foros sociales, medios de comunicación independientes, movimientos
populares, y militantes de derechos humanos.

Un escenario que sólo refuerza la urgencia de la aprobación e
implementación integral del Programa Nacional de Derechos Humanos 3
(PNDH-3), firmado por decenas de ministros y por el propio Presidente de
la República, el cual prevé una serie de medidas y avances importantes
en el sentido de disminuir la violencia y garantizar los derechos
humanos fundamentales a la sociedad brasileña y a su incipiente
democracia. En el caso específico de los conflictos rurales, se orienta
a la creación de nuevos mecanismos de mediación previa antes de la
concesión de providencias de reintegración de posesión y de las órdenes
de prisión en el medio rural brasileño, con el objetivo de disminuir la
violencia contra los trabajadores rurales.

Otro elemento importante, que coincide con ese cuadro de violencia y
criminalización agravado en el campo brasileño, está relacionado al
hecho de que el gobierno Lula no ha cumplido con la meta (ya rebajada)
de reforma agraria, y no haber tenido la voluntad de ordenar al Ministro
de la Agricultura, Reinhold Stefanes – representante del latifundio en
su Gabinete –, que firme la instrucción de actualización de los Índices
de Productividad –, aspecto que fue mencionado por el Presidente en
2009, y que está también previsto y reiterado en el PNDH-3.

Solidaridad y libertad

Se trata de una situación urgente, vivida ahora con más violencia por el
Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y sus
militantes, pero que tiene motivaciones y estrategias muy semejantes a
aquellas utilizadas contra militantes sindicales en sus huelgas y
movilizaciones (que cada vez más sufren “interdictos prohibitorios”);
contra militantes de la comunicación popular, de radios comunitarias y
otros medios (expropiados, presos y criminalizados); contra mujeres que
se levantan contra el machismo y el sexismo, dentro de casa y en el
espacio público (sobre-violentadas); contra comunidades indígenas,
quilombolas, ribereñas y de poblaciones afectadas por inundaciones y
represas (victimizadas y desatendidas); y sobre todo contra trabajadores
pobres y negros de las periferias urbanas, donde se vive desde hace
tiempo un verdadero genocidio clasista y racista.

Es obvio que no somos nosotros, trabajadores y trabajadoras pobres,
quien estamos llevando a cabo este verdadero proyecto de destrucción,
vía explotación de las personas y de los recursos naturales del país. Es
obvio que el dinero de toda esta explotación y de toda esta destrucción
no sale de nuestras manos, mucho menos regresa en forma de lucro y
corrupción a nuestros bolsillos; sin embargo somos nosotros quien
estamos sufriendo, cada vez más, las violencias de este proceso de
segregación y de acumulación sin limites, teniendo aun que sufrir en
nuestra piel con más intensidad los terribles daños socio-ambientales de
una elite irresponsable, además de ser cada vez más criminalizados,
reprimidos y estigmatizados por un Estado y por unos grandes medios
serviles a los intereses de sus propietarios y financistas. Ahora, la
organización social se tornó, para ellos, en sinónimo de “formación de
cuadrilla”.

Por todo esto es urgente que nos solidaricemos unos con otros, en nombre
de la democracia y de la libertad. En este momento, “somos tod@s sin
tierra” y exigimos la inmediata liberación de los presos y presas
políticas del MST. Convocamos también a todos los simpatizantes
políticos, organizaciones de derechos humanos y periodistas
comprometidos con la lucha por la reforma agraria y con la lucha del
pueblo brasileño a divulgar ampliamente y acompañar más de cerca toda
esta urgente situación. Es necesario que se formen Núcleos de Denuncia
de la Criminalización y de Solidaridad entre los trabajadores y
trabajadoras de cada región. Y, así, deberemos hacerlo en cada sector,
en cada movimiento, en cada persona de nuestra clase social que esté
siendo víctima de violencias y abusos semejantes. (Traducción Minga
Informativa de Movimientos Sociales)

Nota:
(1) NdT. Grillar significa apoderarse de tierras ajenas con falsos
títulos de propiedad.