18/01/2010
COINCIDENCIAS DE GOBIERNO Y OPOSICIÓN
La mala conciencia de los que se niegan a discutir la deuda externa

Con un nivel de coincidencia que, debajo de los fuegos de artificio, no tiene nada de llamativo, Cristina Kirchner y el presidente del radicalismo, el senador Ernesto Sanz, sentenciaron con horas de diferencia que es imposible, “irresponsable” y un mero “slogan electoral” cualquier planteo de discusión de ese eje determinante de la realidad argentina desde hace 30 años que es la deuda externa. La pelea entre ellos –con la participación del resto de la oposición- se reduce a decidir si hay que pagar los vencimientos de la deuda con nuevo endeudamiento y un ajuste más “suave”, por el uso de reservas, como pretende el Gobierno, o con nuevo endeudamiento y un ajuste más brutal, como pretenden la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y el “peronismo disidente” –y por supuesto el conjunto del poder económico-, según las viejas fórmulas de la ortodoxia neoliberal.

Resulta curioso escuchar a Sanz acusar de “irresponsables” a quienes plantean debatir sobre la legitimidad de la deuda como discusión real alrededor del tema del Fondo del Bicentenario, el Banco Central y Martín Redrado. Porque los radicales tienen un porcentaje importante de la responsabilidad respecto del proceso de reendeudamiento eterno, con fuga de divisas paralela y empobrecimiento de los sectores populares en que se transformó el tema de la deuda generada por la dictadura militar. Y tener una responsabilidad que no se asume es algo así como el paradigma del comportamiento “irresponsable”

El argumento de Cristina, precisamente, es que no se puede discutir sobre la legitimidad de la deuda porque el reclamo de los acreedores fue legalizado, dado por bueno y exigible, por el gobierno de Raúl Alfonsín, el primer gobierno democrático.

Hay que recordar que en esa legalización jugó un papel central José Luis Machinea, primero subgerente y luego gerente de Finanzas Públicas del Banco Central durante la época de la dictadura, cuando bajo la presidencia de Adolfo Diz el organismo avaló los cientos de operaciones falsas de endeudamiento que hicieron trepar la deuda externa argentina de 7 mil a 50 mil millones de dólares en el período. Machinea –quien también era ejecutivo del Banco Central en aquellos famosos 52 días de presidencia del organismo de Domingo Cavallo, en 1982, durante los cuales socializó la deuda externa privada- llegó a la presidencia del Central en 1986, y junto con Daniel Marx, recurrente negociador de la deuda de distintos gobiernos siempre a favor de los supuestos acreedores, decidió ese mismo año desintegrar la comisión investigadora de la deuda creada por su antecesor en el cargo en el gobierno de Alfonsín, Enrique García Vázquez, quien justamente había intentado empezar a poner en limpio qué se reclamaba y qué correspondía pagar. Eran los tiempos en los que, en los albores del Mercosur, cuando también Brasil salía de 21 años de dictadura, hubo fugaces esperanzas de crear un “club de deudores” capaz de discutir con más fuerza con el club de bancos acreedores ya formado.

Después, Cavallo llegó para ocuparse de la deuda –y de la consagración de la “independencia” del Banco Central- durante el gobierno de Carlos Menem, presidente y ministro largamente elogiados por el matrimonio Kirchner en aquellos primeros 90, sobre todo después de que juntos concretaran la privatización de YPF con el argumento de que era la única petrolera estatal que tenía deudas. YPF había sido blanco predilecto del modus operandi del endeudamiento de crecimiento geométrico de la dictadura, obligado a tomar préstamos truchos que sólo implicaban ingresos de dólares que financiarían la fuga de capitales de grandes grupos económicos y multimillonarios empresarios, entre ellos los Macri. Fue la época de la venta de valiosísmas empresas públicas, integrantes del capital social de todos los argentinos, a cambio de papeles de una deuda sin certificación, de monto calculado por los propios acreedores, papeles que se aceptaban a su valor nominal aunque en el mercado valieran 8 veces menos. Las privatizaciones, además, cumplieron un papel central en el ajuste deudor, con la expulsión de sus lugares de trabajo de 570 mil asalariados del Estado. También el tiempo de los grandes canjes que sólo multiplicaron la deuda, como el funesto Plan Brady.

Luego vino otro gobierno radical, el de Fernando de la Rúa, esta vez con Machinea directamente a cargo del ministerio de Economía, cargo al que después volvió, como si fuera un mesías, el mismísimo Cavallo. Los dos volvieron a los megacanjes, a cada cual más ruinoso, hasta que llegó diciembre de 2001, cuando el peso de la deuda y la fuga de capitales mostraron hasta qué punto la Argentina del 1 a 1 era un castillo de arena.

Fue durante ese gobierno radical cuando, en 2000, mientras se discutía –y se pagaban conciencias para- cómo precarizar todavía más la situación de los trabajadores en la Argentina, cuando se produjo un hecho clave, que echa por tierra todos los argumentos “jurídicos” de Cristina y Sanz contra la posibilidad de que el Congreso asuma de una vez por todas su función constitucional de “entender” en el tema de la deuda. Se trata del fallo del juez Jorge Ballestero, tras una investigación de 18 años, en la causa por el endeudamiento generado por la dictadura abierta en 1982 por Alejandro Olmos. El fallo de Ballesteros, en función de numerosos y exhaustivos peritajes, concluye expresamente con la definición de ilegitimidad y fraudulencia de la deuda externa, ilegitimidad y fraudulencia generada por funcionarios, banqueros y empresarios y, dice, con la complicidad de los organismos multinacionales como el Fondo Monetario Internacional. Ballestero envió formalmente su fallo a la Cámara de Diputados, que presidía el radical Rafael Pascual, para que se empezara a discutir allí una estrategia nacional sobre la deuda. Por cierto, ni Pascual ni sus correligionarios, ni la entonces principal bancada de oposición, la del PJ en la que se lucía Cristina Kirchner, hicieron un solo gesto de responder a la interpelación que les hacía el fallo.