26/12/2009
VERGÜENZA JURIDICA
La justicia argentina extraditó a dos militantes políticos chilenos

Marcelo Villarroel y Freddy Fuentecilla, nacieron del otro lado de la cordillera de los Andes, pero permanecieron detenidos en la unidad penal Nº 11 de la provincia de Neuquén hasta el pasado 15 de diciembre, cuando el justicia local falló a favor su expulsión a Chile donde se los acusa del asesinato de un carabinero durante un asalto a un banco. Un nuevo fallo contrario a la tradición argentina de otorgar asilo a los perseguidos políticos.

Freddy Fuentecilla y Marcelo Villaroel, fueron detenidos el 15 de marzo de 2008 en la localidad de San Martín de los Andes en Neuquén tras una pelea callejera que involucró a integrantes de la policía y de las fuerzas armadas argentinas que los provocaron con insultos xenófobos. A partir de ese momento se montó una operación mediática y jurídica tendiente a vincular a los ex militantes del Movimiento Juvenil Lautaro con el asesinato de un policía chileno sucedido en octubre del 2007, durante el asalto al banco Security en el centro de Santiago de Chile.

Ambos activistas tenían tramitado el pedido de refugio político y aún así fueron juzgados por la justicia argentina que los procesó por portación de arma de guerra. Esta acusación, a pesar de no haber sido comprobada, sirvió para que el 29 de septiembre de 2008, tras un juicio abreviado, los militantes trasandinos sean condenados a la pena de 3 años y medio de prisión.

A partir del cumplimiento de la mitad de la condena, Marcelo y Freddy hubieran tenido la posibilidad de gozar de salidas transistorias, entro otros beneficios contemplados en el código penal argentino. Justamente hace solo dos semanas, el 15 de diciembre, día en que cumplían ese porcentaje de pena, se le comunicó que se suspendían las visitas por tiempo indeterminado a ambos detenidos. Horas después se les anotició de que el Estado Argentino ratificaba su negativa a acogerlos políticamente, a la vez que se les comunicó la extradición a Chile y que se serían entregados a la justicia militar de aquel país.

Así Villaroel y Fuentecilla fueron entregados ese mismo día a una comitiva especial de la Policía de Investigaciones (PDI). Pasadas las 22.45 horas de ese martes arribaron al complejo aduanero Licura de Lonquimay, para ser trasladados posteriormenete hasta el aeropuerto Maquehue (Comuna de Padre las Casas) en la Novena Región de La Araucanía y abordar un helicóptero hasta la Región Metropolitana, en donde deberán enfrentar los Tribunales de Justicia.

Por parte del gobierno chileno quien realizó las declaraciones sobre el caso fue el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, quien sostuvo que "ahora es el turno de la justicia chilena para que se apliquen las sanciones que corresponden. Las gestiones para ello (su traslado) han sido múltiples y culminan con un operativo de la PDI que los traslada a Santiago". Rosende, integrante del Partido por la Democracia, es uno de los funcionarios señalados como responsable de la legitimación de vía represiva como salida a los reclamos de la nación mapuche en el sur de Chile y quien encabeza la las operaciones mediáticas que intentan vincular a los pueblos que reclaman sus tierras, con organizaciones militares, tales como las FARC colombianas y ETA del país vasco.

El fallo de la justicia argentina continúa en sintonía con el cambio de línea adoptada a partir de la negativa de asilar políticamente a Agustín Acosta González, Roque Rodríguez Torales, Basiliano Cardozo Giménez, Simeón Bordón Salinas, Gustavo Lezcano Espínola, Arístides Vera Silguero, dirigentes campesinos del Partido Patria Libre, que en 2006 entraron al país legalmente pidiendo refugio ya que eran perseguidos políticos en Paraguay. Estos finalmente fueron extraditados a su país de origen.