14/12/2009REELECTO EN EL CONGRESO RODEADO DE POLICIAS
Otra vez en medio de una fuerte represión, Hallú fue elegido rector de la UBA

La Asamblea Universitaria eligió hoy en el Congreso Nacional a Rúben Hallú para continuar en el cargo de rector que ocupa actualmente por el período 2010-2014, en medio de una feroz represión por parte de la policía federal sobre los estudiantes que se movilizaron para protestar por el adelantamiento de la elección del rector y el incumplimiento de la promesa de reforma de los estatutos en cuanto al cogobierno universitario.
La represión policial utilizó balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes. Pero este no fue el peor accionar de las fuerzas de seguridad: según denunció Germán Feldman (Consejero Directivo electo de la Facultad de Ciencias Sociales y militante de la Corriente Julio Antonio Mella), a un grupo de asambleístas no los dejaron ingresar a participar del debate y policías de civil, junto a personal de seguridad del Congreso y la UBA, los agredieron físicamente.
Posteriormente, no los dejaban salir de la zona vallada y debieron recurrir a un grupo de decanos y los medios de comunicación para que la policía les permitiera abandonar el lugar.
A esta elección se llegó en el marco de un fuerte cuestionamiento por parte de la Federación Universitaria de Buenos Aires, varios Centros de Estudiantes (los denominados “centros combativos”: Ciencias Sociales, Filosofía y Letras, Exactas, Ingeniería, Psicología, Veterinaria y Arquitectura, encabezados por fuerzas de izquierda e independientes) y la representación gremial docente, la Asociación Gremial Docente (AGD). A su vez, los Consejos Directivos de las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de la Facultad de Ciencias Sociales también rechazaron el adelantamiento de la Asamblea Universitaria.
Finalmente la Asamblea Universitaria se pareció más a una “reunión de amigos”, ya que de 236 asambleístas 91 decidieron no ingresar dada la represión desatada, quedando adentro 145 de cuales 144 votaron a Hallú.
Las críticas a la convocatoria realizada por el Consejo Superior (resolución tomada el miércoles 27 de octubre) se basan principalmente en dos cuestiones: por una parte, se denuncia que el adelantamiento de la Asamblea Universitaria, que por tradición se realiza a fines de marzo o principios de abril, vulnera los derechos de los actuales consejeros y otorga esas atribuciones a consejeros que todavía no asumieron; por otra parte, se considera que el nuevo rector de la UBA faltó a su promesa de renovar los estatutos de la casa de estudios en lo referente al cogobierno universitario, compromiso que tomo cuando asumió hace cuatro años y en medio también de una caótica sesión en el Congreso Nacional que contó con la ayuda para su realización de la Policía Federal, que reprimió en la puerta del Palacio Legislativo a los estudiantes que pedían la democratización de la Universidad.
Este reclamo, compartido por estudiantes, docentes y no-docentes significa en lo esencial una modificación en la actual composición del cogobierno, en donde los docentes titulares son una enorme mayoría y donde el resto de los docentes deben votar como graduados, donde los no-docentes tienen voz pero no voto y donde los estudiantes, en donde los reformistas del `18 ponían “el demos universitario”, están subrepresentados.
Para ponerlo en números, el claustro de profesores en la UBA está compuesto por sólo unos 2.000 docentes de los más de 40.000 que tiene la Universidad. Estos profesores garantizan su continuidad a través del manejo de los concursos. Además, al contar con la mayoría automática en los órganos de cogobierno, tienen el dominio de los destinos de la casa de estudios.
Pero el cuestionamiento realizado por diversos sectores no es por un problema numérico, sino que se considera que la estructura de gobierno es la herramienta que permite a las autoridades impulsar una orientación mercantil y realizar negocios millonarios con la Universidad.
Por eso, se considera que el logro de la democratización de los órganos de gobierno permitirá terminar con los ad-honorem, exigir mayor financiamiento estatal, cambiar los planes de estudio y garantizar la realización y el acceso a los concursos docentes.
En esa misma sesión del 27 de octubre y ante el escenario que se abría, de reapertura del debate sobre la democratización, las autoridades informaron que “en el marco del proceso de reforma del Estatuto de la Universidad iniciado en el año 2007, el rector Hallu elevó al Consejo Superior la sistematización de todos los proyectos presentados oportunamente en la Comisión de discusión Nº4, que abordó el Título V referido al gobierno de la Universidad. El trabajo fue girado para su análisis y consideración a la Comisión de Interpretación y Reglamento”.
No es casual que en la sesión en la que se adelantaba la elección de rector se informara sobre la situación en la que se encontraba el proceso de reforma de los estatutos, del que no se había tenido noticia hace ya bastante tiempo.
Esta decisión también se enmarca en los resultados electorales, en los cuales las fuerzas de izquierda e independientes, que conducen los “centros combativos”, lograron 29 de 52 consejeros directivos, lo que permitió que una alianza conformada por la Corriente Julio Antonio Mella, PO y MLI ganará las elecciones de consejo superior y se adjudicará 4 de 5 representantes.
Por otra parte, las autoridades adelantaron que para “garantizar” la realización de la elección volverán a contar con la inestimable ayuda de la Federal. Cabe recordar que para que los uniformados estén presentes en las puertas del Colegio y en sus adyacencias, el gobierno nacional debe prestar su conformidad, ya que la fuerza responde al ministerio del Interior, encabezado por Florencio Randazzo.
Sin embargo, está no fue la única “ayuda” que prestó el Gobierno nacional a las autoridades de la UBA: la más importante fue el edificio dónde se realizó la Asamblea Universitaria, el Congreso Nacional.
Estos dos “servicios” que hicieron posible la elección de Rúben Hallú deja a las claras el lugar en el que elige estar el gobierno encabezado por Cristina Fernández: junto aquellos que permiten la mercantilización y la creciente privatización de la educación superior.