10/12/2009
LA LUCHA CONTRA LAS CONTRAVENCIONES.
La movilización popular frena el código represivo de Scioli.

El miércoles 9, por cuarta vez, un numeroso grupo de organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos; logró frenar el tratamiento en el Senado de las reformas al Código Contravencional de la Provincia de Buenos Aires. Con largas concentraciones, radio abierta, entrega de panfletos y hasta un picadito de fútbol frente a la Legislatura bonaerense, la movilización popular intentó presionar una vez más a los legisladores y expresar el repudio a la iniciativa del gobernador Daniel Scioli y el ministro de Seguridad Carlos Stornelli que criminaliza la pobreza, judicializa la protesta y atenta contra la libertad y los derechos humanos de los y las bonaerenses.

Desde que el proyecto oficial fue presentado en la Cámara de Senadores, cientos de manifestantes se convocaron a través de mails, comunicados, panfletos y hasta mensajes de texto para manifestarse frente a la Legislatura, mostrar un amplio repudio y evitar el debate en el recinto. El miércoles 9, la protesta comenzó poco después del mediodía y terminó cerca de las 18 cuando se informó que el Senado no trataría la reforma al Código. Hubo un festejo contenido y un llamado a seguir alertas. Se sabe que cuando asumió Scioli prometió darle “más poder de fuego a la Policía”. El proyecto todavía está en la legislatura esperando quizás alguna distracción para avanzar.

El espacio de coordinación contra el código de Scioli está conformado por un grupo heterogéneo de organizaciones que se agruparon para fortalecer la lucha. Lo conforma el Frente Popular Darío Santillán, la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez, el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria, la Asociación Miguel Bru, la CTA, Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otros. Crearon un blog y se organizaron para convocar a más de 300 personas cada vez que se llama a una sesión extraordinaria en el Senado. Sin embargo, los grandes medios de comunicación prefieren informar sobre las marchas de “vecinos indignados” por la inseguridad.

Persecusión a los Bonaerenses
El espacio de coordinación NO al código de Scioli, se propone, además, difundir detalles del proyecto que no aparecen en la mayoría de los medios. En sus folletos y comunicados preguntan “¿Vos sabías que se castigará jugar a la pelota en lugares públicos,andar por la calle sin motivo aparente; ensayar con tu banda o escuchar música fuerte; a un/a maestro/a que “permita” a un/a chico/a que deje la escuela; ensuciar a el/la compañero/a que se recibió o se casa; manifestar ante las autoridades, incluso por seguridad; usar visera, capucha o bufanda; dormir en lugares públicos; trabajar limpiando vidrios o cuidando coches.” Además, explican que “el juez de todas estas conductas será un policía. Su palabra será suficiente, sin ningún otro elemento para que se imponga la sanción.” Y agregan que “si no podés pagar las multas sufrirás de 30 a 60 días de arresto.”

Las dictatoriales características de la iniciativa de Scioli, no solo generaron el rápido reflejo, la unión y la organización en la lucha, también ocasionaron el valiente comunicado de los trabajadores de la Secretaria de Derechos Humanos quienes repudiaron el apoyo de la titular de la Secretaría, Sara Derotier de Cobacho al proyecto. El respaldo de la funcionaria, una madre de Plaza de Mayo y ex detenida desaparecida fue inesperado para muchos sectores.

El código que propone endurecer Scioli fue redactado durante la dictadura de Agustín Lanusse en 1973. Las reformas fueron denunciadas como “inconstitucionales” por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Comité Contra la Tortura, la Asociación de Pensamiento Penal y el equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo La Plata, entre otros.

El nuevo código criminzaliza la pobreza penando con multas o arrestos a la mendicidad, la venta ambulante, los limpia vidrios y a las trabajadoras sexuales. También criminaliza la protesta social al condenar con distintas penas el uso de “atuendos destinados a ocultar el rostro” –prohibidas bufandas en invierno-, el corte de calles y la manifestación en la puerta de edificios públicos. Además, se castigará el “escrache”, un instrumento histórico de sectores populares vulnerados o silenciados por el poder de turno y otras manifestaciones “ciudadanas”, como un picado de fútbol en el parque si con ello molesta a otras personas, el brindis de fin de año en la vereda y el toque de campanas (o cacerolas) “si afectaren la tranquilidad de la población”. Finalmente, el texto oficial que espera tratamiento en el Senado, tiene costados ridículos como castigar a quien “tuviere en su poder llave alterada o contrahecha, o bien llaves genuinas o instrumentos aptos para abrir o forzar cerraduras, sin justificar su tenencia”.

Voces críticas al proyecto de Reforma al Código Contravencional
Son muchas y variadas las voces que se levantaron en contra del proyecto:
“En lugar de resolver los problemas de la población con políticas económicas y sociales que garanticen el derecho a un trabajo digno, alimentación, salud y educación, el gobernador de la provincia le quiere dar más poder a la misma policía que gerencia todos los delitos, con el objetivo de criminalizar la pobreza y la protesta ante las injusticias”, expresa el Frente Darío Santillán en un comunicado. “La única manera de oponernos es estando en la calle”, dice Alberto Mendoza Padilla, de la Asociación Miguel Bru. “El gobierno bonaerense le miente a la ciudadanía cuando dice que con este código se resuelva el problema de la inseguridad”, explica la abogada Marta Vedio, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata. “Scioli quiere financiar la política con la caja de la Policía”, denuncia Horacio Verbitsky, miembro del CELS. “La propuesta pone en mayor riesgo la seguridad de todos”, agrega Carola Bianco, de la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez. “Los negocios de la política y la policía corrupta son las verdaderas causas de la inseguridad”, dice Hugo Cañón, presidente de la Comisión por la Memoria. Por último, en el mismo sentido se expresó el juez platense Luis Federico Arias, quien en tono preocupado sostuvo: “La policía va a tener respaldo legal para hacer lo que ya viene haciendo.”