01/12/2009
"FRENO" A LA PROTESTA SOCIAL
El gobierno muestra los dientes a la protesta, ¿quién garantiza el límite?

La decisión de impedir por la fuerza que una masiva movilización popular arribe a la Plaza de Mayo, va en sintonía con una serie de hechos represivos recientes que apuntan a la criminalización de la protesta social por parte del gobierno nacional. Durante el último mes se sucedieron balazos de armas de fuego en dos movilizaciones, bastonazos a protestas pacíficas y denuncias penales a referentes de organizaciones de desocupados. Estas medidas configuran una "vuelta de tuerca" en el discurso derechohumanista oficial, que hace tiempo dejó de mostrarse junto al pañuelo blanco para dar lugar a los discursos fascistas de Scioli o justificatorios de la represión de Aníbal Fernández.

Durante el último mes, la Federal disparó con 9 mm. durante el acampe en la 9 de julio; apaleó a 40 personas de la Mutual Sentimiento en Plaza de Mayo ante una protesta pacífica; partió el cráneo a golpes de un joven en la repersión durante el recital de Viejas Locas; desalojó con hidrantes a ex combatientes de Malvinas en Congreso. La bonaerense desalojó por la fuerza la fábrica Kraft y una protesta en la Panamericana, y baleó, otra vez con plomo, a manifestantes en Esteban Echeverría. El ministro Aníbal Fernández, abanderado oficial de la justificación de la represión, denunció penalmente en dos oportunidades a Juan Carlos Alderete, como respuesta al anuncio de planes de lucha de los desocupados.

El hecho más grave y menos difundido fue el acontecido durante la represión de una movilización de organizaciones sociales en Esteban Echeverría, en el conurbano bonaerense. El 20 de noviembre pasado la represión que reconoció haber pedido el intendente kirchnerista Fernando Grey dejó 150 heridos de distinta consideración, dos de ellos con heridas de arma de fuego. El escuadrón GAD (Grupo de Acción Disuasiva, generalmente destinado a contrarrestar los motines carcelarios) fue identificado como el que disparó con cartuchos de plomo hiriendo a Ernesto Castillo, joven de 17 años, quien según el parte médico elaborado por el doctor Juan de Rosas recibió un impacto “en la planta del pie izquierdo, en contacto con los huesos del tarso, otro en el antebrazo izquierdo, presentando además dos orificios de entrada y salida”. También constató las lesiones de Alejandro Tula, “paciente que presenta orificio de entrada en brazo izquierdo, sin salida, con pequeño proyectil de metal en la profundidad de la musculatura.”.

En el propio oficialismo están dispuestos a asumir el cambio represivo. Según el diario crítica, en la Casa Rosada “están poniendo límites. Se permite la manifestación, pero no las tomas, ni los bloqueos”. Sin embargo, se sabe, cuando se da via libre a las fuerzas represivas para la acción contra la protesta social, es imposible pensar que podrá haber una frontera entre un tipo de protesta y otra. El mismo Kirchner lo sabe, y así lo dejó trascender cuando ordenó, años atrás, que no se reprima la toma de la comisaría de La Boca en protesta por el asesinato del militante Oso Cisneros. “No voy a dar la orden de reprimir con estas policías”, había dicho entonces el actual presidente del PJ. La fuerzas represivas son las mismas ahora que antes, con un agravante: el clima de enardecimiento generado por el discurso que reclama “más poder a la polícia ante la inseguridad”, sumado a un guiño desde las más altas esferas del Ejecutivo para que se empiece a reprimir, generan las condiciones necesarias para que quienes busquen otro “hecho aleccionador” como los asesinatos de Kosteki y Santillán en 2002, encuentren el campo propicio, y las complicidades políticas necesarias.