14/06/2009
MASACRE DE PERÚ: CRONOLOGÍA Y CONTEXTO GEOPOLÍTICO
Obama habla “manso” pero el imperialismo acelera la ofensiva en la Amazonía

Por Brasil de Fato - El capital transnacional presiona gobiernos con jurisdicción sobre la selva para acelerar el proceso de explotación de la mayor reserva de biodiversidad del planeta. La escena es dantesca: a bordo de helicópteros, soldados disparan contra manifestantes indígenas; decenas caen, entre heridos y muertos, y el pánico se instala. Pero la firmeza no cesa. Los manifestantes corren, toman nuevas posiciones y se preparan para de resistir de nuevo a las tropas gubernamentales.

El día 5 de junio terminó en Bagua, Perú, con un saldo de por lo menos cuarenta muertos, incluyendo once policías. El presidente Alan García regó con sangre el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos, que permite a empresas transnacionales ocupar tierras pertenecientes a los pueblos originarios del Perú.

Las protestas indígenas comenzaron meses antes, de forma pacífica. Ellas denunciaban decretos presidenciales que violan la constitución peruana, que asegura a los pueblos originarios el derecho de decidir sobre los destinos de sus propias tierras. Un breve relato cronológico de los eventos es suficiente para mostrar una acción deliberada del gobierno peruano, con el objetivo explícito de entregar las tierras a las transnacionales, en nombre del “progreso”:

- Noviembre, 2007: Alan García publica artículos en el diario El Comercio, para defender a explotación comercial de la amazonía peruana, sin hacer ninguna mención a los derechos de los pueblos originarios;

- Diciembre, 2007: García pide al congreso autorización (y la obtiene) para crear decretos que permitirian la implantación del TLC, incluyendo legislación sobre la explotación de la región amazónica;

- Junio, 2008: García promulga los decretos que permiten a las transnacionales explotar riquezas del subsuelo amazónico;

- Agosto, 2008: comienzan las movilizaciones de los pueblos originarios contra los decretos, organizada por la Aidesep, que agrupa 1.350 comunidades, presidida por Alberto Pizango; las movilizaciones provocan reacciones del Congreso y un proceso de inconstitucionalidad de los decretos presidenciales; Javier Velázquez Quesquén, presidente del Congreso, promete la formación de una comisión para evaluar los decretos;

- Abril, 2009: ante el silencio de Quesquén y la complicidad del Congreso, la Aidesep decide retomar las movilizaciones;

- 9 de mayo: el gobierno declara “estado de emergencia” en cinco regiones localizadas en la Amazonía peruana;

- 15 de mayo: Pizango invoca el “derecho a la insurrección”; Alan García proclama que “la selva es de todos los peruanos y no apenas de un grupo”;

- 19 de mayo: con el impacto de la presión indígena, a comisión del Congreso declara inconstitucional los decretos sobre la flora y fauna y sobre los recursos hídricos, pero el gobierno maniobra e impide el debate;

- 22 de mayo: la ministra de Justicia Rosario Fernández denuncia a Pizango por “fomentar la rebelión, la sedición y la conspiración” contra el Estado peruano. El gobierno prepara la guerra;

- 4 de junio: la Defensoría Pública argumenta que los decretos presidenciales (en particular, el DL 1064) son inconstitucionales, por violar los derechos indígenas;

- 5 de junio: las tropas del gobierno lanzan la ofensiva sangrienta.

Extraña coincidencia: la ofensiva del gobierno peruano ocurre prácticamente en el mismo momento en que, en Brasil, la bancada ruralista se arremanga para imponer la aprobación de un conjunto de leyes que legalizan el “grilagem” (escrituración ilegal de tierras) en la amazonía brasilera. Claro que no se trata, aquí, de una “conspiración”, pero si de una lógica en curso: el capital transnacional presiona a los gobiernos con jurisdicción sobre la selva, para acelerar el proceso de exploración de mayor reserva de biodiversidad del planeta, en un momento en que el capitalismo enfrenta una de sus crisis más profundas y espectaculares.

La creciente arrogancia del capital transnacional tiene, como contrapartida, la retórica aparentemente “mansa” y conciliadora del presidente estadounidense Barack Obama, que, varias veces, asumió públicamente el compromiso de enterrar en el pasado las relaciones imperiales que, históricamente, Washington mantuvo con América Latina. La practica desenmascara la retórica, y fue ese el sentido del rechazo manifestado por Cuba para reintegrarse a la OEA (Organización de Estados Americanos), de donde fue expulsada, por presión de Washington, en 1962. La 39ª Conferencia de la OEA, realizada a inicios de junio, en Honduras, revocó la expulsión, abriendo las puertas de la organización a La Habana.

En su Declaración sobre la OEA, publicada el 8 de junio, Cuba alerta de hecho que la organización continúa siendo un instrumento del imperialismo estadounidense, a pesar de su nueva configuración, creada por la existencia de varios gobiernos populares. Los hechos en Perú y la saña del ruralismo brasilero confirman plenamente el diagnóstico. La Declaración de La Habana retoma, como conclusión, los mismos términos de su resolución de 1962, cuando fue expulsada. Proféticamente, sintetiza los desafíos colocados por Nuestra América hoy:

“Con lo grande que fue la epopeya de la independencia de América Latina, con lo heroica que fue aquella lucha, a la generación de latinoamericanos de hoy le ha tocado una epopeya mayor y más decisiva todavía para la humanidad. Porque aquella lucha fue para librarse del poder colonial español, de una España decadente, invadida por los ejércitos de Napoleón. Hoy le toca la lucha de liberación frente a la metrópoli imperial más poderosa del mundo, frente a la fuerza más importante del sistema imperialista mundial y para prestarle a la humanidad un servicio todavía más grande del que le prestaron nuestros antepasados.. […]Porque esta gran humanidad ha dicho: « ¡Basta!» y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes, ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia, por la que ya han muerto más de una vez inútilmente.”