12/06/2009
4 -CIENTISTAS SOCIALES EN EL FORO:
"En las universidades el financiamiento privado condiciona la enseñanza"

Especial Foro Nacional de Educacion para el Cambio Social - La charla “Influencia de los Organismos Internacionales en las Políticas Educativas”, estuvo a cargo del politólogo Atilio Borón y el economista de la UBA Ariel Langer. En la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, ante más de 250 estudiantes, los especialistas analizaron y discutieron el ahogo presupuestario de la educación superior, que favorece la intromisión de los organismos de crédito en la educación y ha impactado en los planes de estudio de las carreras de economía.

En ese sentido, al explicar la importancia de hacer el encuentro en la Facultad, la presentación realizada por el Movimiento de Unidad Estudiantil de Ciencias Económicas (MUECE) apuntó a la notoria influencia de aquellos organismos en la formación actual de los economistas.

El primer orador del encuentro realizado el viernes pasado fue Borón, quien calificó como un “eufemismo” a la pretendida condición de “internacionales” de los organismos financieros, y referenció las palabras de Zbigniew Brzezinski, Jefe del Consejo de Seguridad de Bill Clinton, quien sostuvo que las instituciones financieras internacionales son “extensiones de nuestro gobierno federal en Washington”. Luego, cuestionó los vínculos crecientes entre la educación y los organismos de crédito –centralmente el Banco Mundial (BM)-, los cuales tuvieron como contrapartida la decadencia de instituciones destinadas a pensar la política educativa como la UNESCO, desfinanciada por Estados Unidos e Inglaterra, luego de que radicalizada su discurso durante las décadas del 60 y 70, en pleno auge de los países “no alineados” en la política mundial.

Las reformas educativas en América Latina de los años 80 y 90, estuvieron signadas por el conjunto de recomendaciones de la oficina de Asuntos Universitarios del BM, las cuales se centraban básicamente en la privatización del saber “superior”, acortamiento de los planes de estudio (lo que se dio a conocer como “Plan Boloña”), la incorporación de criterios de mercantilización y uniformidad del conocimiento y la eliminación de pautas de cogobierno, entre otras. En la Argentina, esta reforma se dio en el `95, durante el gobierno de Menen, con la llamada Ley de Educación Superior.

En los últimos tiempos, particularmente a partir del mandato de George W. Bush –continuó Borón-, existen fuertes presiones para incluir a la educación dentro del Acuerdo General de Comercio de Servicios (GATS es su sigla en inglés), que viene pugnando por favorecer la liberalización de las actividades económicas y no económicas. La batalla se centra en su incorporación como servicio, dejando de lado la condición de derecho. Una vez inserta, debe regirse en el marco general del acuerdo -exigible legalmente, por cualquiera de los países firmantes del mismo, en tribunales internacionales-, donde se prohíben los subsidios a las “empresas locales”, por lo que el financiamiento educativo pasa a ser una práctica comercial desleal. La instalación de nuevas universidades dispuestas a ofrecer el servicio en un ambiente competitivo, garantiza la calidad del producto y mejora la formación de los futuros profesionales.

En segundo lugar tomó la palabra Langer, quien resaltó algunos números de la problemática de financiamiento universitario, centrando su análisis en la UBA pero destacando que es aplicable a la mayoría de las universidades. El gasto público por alumno de 2006, comparado con el de 1993, es un 20% menor. Por otro lado, en promedio para todas las universidades, el 90% de ese gasto se destina al pago de salarios y el 10% restante será para todo lo demás. Es decir, la gran mayoría de las líneas de investigación que desarrolla la universidad, son financiadas por “recursos externos”, en buena medida de organismos internacionales y/o empresas privadas, quienes lógicamente imponen condicionamientos, y exigirán cierta “utilidad” de los resultados de la investigación.

Estas prácticas de desfinanciamiento, por un lado ponen a la Universidad al servicio del sector privado, pero por el otro van más allá, ya que esa “sangría económica” ha sido una práctica común en cada una de las privatizaciones de las empresas públicas.

Por último, en relación con la autonomía universitaria, íntimamente relacionada con las fuentes de financiamientos, el panel acordó que el pensamiento crítico se encuentra en franca retirada de las universidades argentinas, como una muestra más de que mientras el Estado no privilegie el financiamiento educativo los docentes e investigadores universitarios serán rehenes de los intereses privados en lugar de ser -en palabras de Freire- “el espejo crítico de la sociedad”.