28/05/2009
5 - ORLANDO GONZÁLEZ ESTUVO DESAPARECIDO 30 HORAS
Apareció con vida el testigo del juicio sobre delitos de lesa humanidad en Tucumán

Boletín quincenal Nº 107 - Sobreviviente del CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga, Orlando Gonzáles iba a declarar el martes a la mañana en la causa contra el ex comisario Francisco Orce. Sin embargo, no apareció en la fiscalía y estuvo desaparecido durante treinta horas. Si bien ayer por la mañana fue encontrado, el hecho trajo al recuerdo la desaparición de Jorge Julio López y la vigencia del reclamo de los organismos de derechos de garantizar la protección de los testigos en los casos de delitos de lesa humanidad. Gonzáles fue amenazado directamente por Orce y lo intimidaron para que retire su denuncia.

A continuación reproducimos una nota de la edición impresa de Contrapunto, sobre las amenazas que sufren los testigos en Tucumán.

Testigos amenazados exigen mayor protección del Estado

Son de Ranchillos, una localidad al este de Tucumán. Vienen siendo objeto de constantes persecuciones por sectores vinculados al represor Emilio Orce desde noviembre último. Bernardino y Dardo González, familiares de desaparecidos, advierten que “jamás nos vamos a callar; nunca más van a tocar a ninguno de nuestra familia”.

Un sábado lluvioso de fines de abril, se realizó en la plaza El Empalme de Ranchillos una jornada cultural convocada por organismos de Derechos Humanos.

La actividad, que contó con una importante concurrencia, tenía como objetivo principal hacer una demostración de apoyo a testigos de la localidad que están siendo permanentemente amenazados y perseguidos por sectores ligados al represor y ex policía provincial, Camilo Orce.
Dardo y Bernardino González son familiares de Héctor Ricardo y Víctor Hugo González, quiénes fueron secuestrados el 19 de Agosto de 1976 por una patota de efectivos de las fuerzas de seguridad. Orce integraba ese grupo.

Desde noviembre, cuando se suicidó el “malevo” Ferreyra, Dardo, Bernardino y otros siete testigos de Ranchillos, están siendo víctimas de intimidaciones, que van desde las amenazas telefónicas hasta las “apretadas” en lugares públicos. También sus abogados, Laura Figueroa y Pablo Fernández, fueron objetos de amenazas.

“Estamos recibiendo todo tipo de amenazas sicológicas, persecuciones. Nos presionan para que no denunciemos, para que no nos presentemos a declarar. En esta tarea están involucrados ex policías. Gente que está siendo juzgada, como Orce y Albornoz”, contaron los testigos.

Hace unas semanas, personas relacionadas a Orce fueron a la oficina donde trabaja Bernardino y lo amenazaron. Amparados en la impunidad, le dijeron que tenga cuidado, porque algo le podía pasar a su hijo. También afirmaron que tienen una lista de gente de apellido González “que va a ser boleta”.
Estos sectores tienen un trabajo de inteligencia muy aceitado. Hasta intervienen los teléfonos; señal de alerta de que cuentan con un importante nivel de organización.

“No son solo ex integrantes de las fuerzas de seguridad. Están trabajando con sectores de inteligencia de la policía”, manifestó Dardo.

En este sentido, contó que hace unos meses, el comisario Monteros, de Ranchillos, se presentó en su casa para “hacer un tipo de allanamiento. Fue en un auto sin patente, sin uniforme. Lo denunciamos en el juzgado federal y fue separado de esa comisaría. Pero ya está trabajando en otra unidad y no se le empezó sumario”.

Pero no solo personas que tienen un vínculo indirecto con el ex policía provincial son artífices de amenazas y persecuciones. La hija del represor, Nadia Orce, juega un rol fundamental en la estrategia de amedrentar testigos para evitar que declaren.

“Nos persigue cuando vamos a declarar. Nos saca foto, nos filma. Tiene sicarios que la ayudan y que nos seguían hasta dentro del juzgado, pero ya la Cámara Federal les ha prohibido ingresar al edificio. Sabemos que hasta tiene contactos con la mafia de los Ale”, indicaron Bernardino y Dardo.

Ese es el nivel en el que operan. Por lo bajo. Sucio. Cobardes. Intentando ampararse en la oscuridad. Aprovechando un Estado que no los combate a fondo. Son el aparato represivo. El que sigue intacto.

Estado, ausente

Ante la magnitud de la situación, el Estado –tanto provincial como nacional- se encuentra prácticamente ausente.

“Nosotros queremos apoyo del gobierno, porque nosotros tememos por nuestra familia. Un solo policía no alcanza para protegernos; tenemos miedo porque nos dejan desprotegidos. Es como si estuviéramos viviendo en la década del ‘70. Por eso, pedimos que el Estado tome más cartas en el asunto y nos proteja”, exigió Bernardino.

En este sentido, insistió en que no tuvieron apoyo del gobernador José Alperovich, ni del ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera ni del secretario de Derechos Humanos, Daniel Posse. Tampoco el gobierno provincial reglamentó la Ley de Protección al Testigo, sancionada en el 2006.

Todo esto ha ocasionado que muchos testigos no se animen a declarar, lo que convoca la reflexión de cuál es la real voluntad de los gobernantes de turno para que realmente se juzgue a los represores.

Pero Dardo concluyó que “vamos a seguir adelante hasta que llegue el día de mi muerte. Jamás nos vamos a callar. Nunca más van a tocar a ninguno de nuestra familia. Ya no estamos más en la dictadura. Ya no tienen el poder ilimitado para violar, secuestrar, asesinar. Deben pagar por lo que han hecho. No vamos a permitir que este genocida siga suelto, vamos a seguir luchando para que haya justicia”.

Para más información:
Comunicado -Urgente: Testigo de crimenes de lesa humanidad desparece en Tucumánn