12/04/2009
3- SOBRESEÍDO POR LA REPRESIÓN DE DICEMBRE DE 2001
De la Rua, Duhalde, Sobisch: pertenecer tiene sus privilegios

Boletín quincenal Nº 105.- Las muertes de diciembre de 2001, Kosteki, Santillán Fuentealba: son solo algunos de los caídos en represiones a la protesta social en democracia. Pese a que las responsabilidades políticas ocupan el centro de los reclamos de familiares y compañeros de los muertos, la justicia se niega a investigarlas, amparándose en la falta de pruebas escritas. Una especie de acuerdo tácito entre el poder institucional partidario garantiza la impunidad de funcionarios y autoridades implicadas.

En el fallo exculpatorio al ex presidente aliancista, el juez Bonadío justificó su medida debido a la falta de pruebas que constaten la responsabilidad de De la Rua en la represión del 20 de diciembre de 2001. Además el juez informó que, a más de siete años de aquella jornada, la justicia no pudo determinar quien dio la orden de iniciar la represión para desalojar la Plaza de Mayo aquella tarde, en la que la policía federal se cobró la vida de cinco manifestantes. En las últimas horas, se conoció también que la justicia de Santa Fé tomó idéntica resolución respecto del entonces gobernador Carlos Reutemann, por los muertos de aquella provincia.

En torno a los asesinatos en protestas sociales, sin duda alguna las condenas de prisión perpetua a Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta en los casos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán y de José Poblete en el de Carlos Fuentealba, significaron pasos de avance contra la impunidad. Ambas causas tienen sin embargo aspectos comunes, que tienden a favorecer a quienes detentaban responsabilidades políticas decisorias sobre los operativos en Puente Puerredón Avellaneda en 2002 y sobre la ruta Nacional 22 en Neuquén. En los dos casos, la justicia fraccionó la investigación, entre los autores materiales de los hechos - quienes appretaron el gatillo – y entre quienes ordenaron las represiones, el gobierno nacional encabezado por Eduardo Duhalde y el ejecutivo neuquino y su área de seguridad, con Jorge Sobisch a la cabeza.

Juzgados los policías que dispararon en Avellaneda, en enero de 2006 la justicia provincial remitió a los tribunales federales de Comodoro Py todo lo actuado. La investigación posterior, no muestra signo alguno de vitalidad y los politicos y funcionarios denunciados – el propio Duhalde; Carlos Ruckauf; Alfredo Atanasoff; Oscar Rodríguez; Juan José Álvarez; Felipe Solá; Jorge Matzkin y Jorge Vanossi entre otros – ni siquiera fueron citados a declarar. En Neuquén, las causas también fueron dos y en la primera se condenó a quien disparó contra el docente. En la segunda, los abogados querellantes lograron destrabar recientemente la posibilidad, antecedida de idas y vueltas del tribunal, de que Sobisch sea citado a declarar.

Las autoridades políticas nunca firman las órdenes de represión por escrito, sobre todo si lo que se ha hecho, es generar un clima de campaña madiática mediante la cual se alienta a los policías a “cazar” manifestantes, tal como ocurrió en Neuquén en la previa del fallido piquete en Arroyito y en Buenos Aires, en la previa de la Mascre de Avellaneda, cuando los funcionarios nacionales del más alto nivel hablaban con tono bélico de los bloqueos de los desocupados. Tanto de Sobisch con el jefe de la policía que comandó el operativo en el que Poblete fusiló a Fuentealba, como de agentes de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) con Fanchiotti y otros jerarcas de la bonaerense en la previa de Avellaneda. Medios periodísticos nacionales refieren información sobre las reuniones de gabinete previas a junio de 2002 en las que, según confirmó Carlos Soria se trataba con preocupación el bloque de calles y rutas. En los meses previos los jefes de las cuatro fuerzas federales de seguridad fueron convocados por Duhalde y su ministro Álvarez para concertar los pasos a seguir. Que luego actuarían en Avellaneda de forma conjunta, en el primer operativo de esa índole. Nueva similitud, en el fallo condenatorio a Poblete, la justicia neuquina dejó constancia de los excesivo del operativo montado por Sobisch, en el que parteciparon tras pelotones especiales.

Llamadas desde la SIDE al teléfono de Fanchiotti instantes antes del inicio de la represión, llamadas desde la oficina en la que Sobisch al jefe del opartivo en Arroyito, el poder político supervisando operativos montados de manera tal, que la exitencia de muertes es parte de la cuenta. Haciendo un correcta lectura dl clima político que acompaña estos juicios, la justicia ni siquiera profundiza estás vías investigativas.

A diferencia de lo que ocurre con Santillán, Koesteki y Fuentealba, donde organizaciones populares acompañan persistentemente con escraches, campañas, movilizaciones , denuncias y otras actividades los reclamos de Juicio y Castigo de los familiares, la absolución de De la Rua y Reutemann, por distintos motivos, ha pasado casi desapercibida. La voluntad político institucional de los gobernantes de la democracia por delucidar las cadenas de responsabilidades en las muertes durante protestas sociales – que no se reducen únicamente a los casos aquí desarrollados - oscurece con su ausencia los discursos.

El gobierno de Néstor Kirchner, que hizo de los Derechos Humanos una bandera propia y se caracterizó por no reprimir las protesta con las fuerzas de seguridad, nunca avanzó sobre las muertes recientes, de gobiernos que planificaron o permitieron matanzas. llegando incluso a cobijar a funcionarios implicados fuertemente con el armado represivo de junio de 2002, como Alfredo Atanasoff, Felipe Solá, Aníbal Fernández; el santacruceño utilizó a la Masacre de Avellaneda como chicana contra Duhalde pero nunca se sobrepasó el limíte del comentario; en Neuquén el kirchnersimo trabó acuerdos estratégicos con el Movimiento Popular Neuquino (MPN), a través de los Sapag, quienes pese a ser adversarios del ex gobernador comparten partido con él y hoy gobiernan la provincia sin ninguna intención de investigarlo. Con Carlos Reutemann, el gobierno nacional tejió una relación repleta de idas y vueltas, en la que el “olvido” de los muertos de diciembre de 2001fue el piso.

Un acuerdo no escrito corona la impunidad. Los asesinatos en protestas sociales durante la democracia permanecen hasta el momento impunes de responsabilidades políticas. Más allá de cualquier disquisición moral al respecto, ese acuerdo, que hoy beneficia a De la Rua, Duhalde y Sobisch, pavimenta el terreno del próximo “exceso”.