24/03/2009
Tarifazos y servicios públicos en Mar del Plata
Entre subsidios, resabios menemistas y servicios que son negocios

Por Periodismo2001 para PDF - A las privatizaciones del menemato se le sumaron millonarios subsidios estatales durante la administración kirchnerista. El resultado, explica el economista Alfredo Zaiat, es un “híbrido poco transparente régimen de servicios públicos”.

Sobre esta base, se arma el cuadro tarifario que experimentó una suba -irracional en algún caso, infundada en otro- de distintos servicios: el gas, la luz, el colectivo y el agua se fueron para arriba.

Zaiat invita a no detenerse solamente en el cuadro tarifario -“o sea en el monto de los subsidios girado al sector privado”- como eje central para abordar el complejo sistema de transporte y energético, dado que “desvía la atención sobre lo fundamental”. ¿A qué se refiere? A la “subordinación de la política pública a la lógica de mercado”, debilitando así la imprescindible gestión estatal en áreas estratégicas.

Los subsidios, que son razonables o distorsivos de acuerdo al grupo destinatario, significaron para el rubro Energía 17.875 millones de pesos el año pasado. A Transporte se destinaron 9.990 millones de pesos. A valores de hoy, ambas cuentas totalizaron unos 8.000 millones de dólares en 2008.

A modo comparativo o ilustrativo, el dinero que el Estado destina para el sistema energético y de transporte, equivale a más de 23 millones de salarios mínimos, contemplados en 1200 pesos.

El dinero beneficia a millones de personas, advierte Zaiat, seguramente algunas sin necesidad.

Los recaudos que el Gobierno viene tomando para hacer frente a la crisis mundial -que ahora también fue la excusa para adelantar las elecciones legislativas- están dirigidos a los grupos empresarios y a la clase media-alta. Los sectores más humildes quedan, una vez más, desprotegidos. El Estado avala los aumentos de tarifas y gasta en subsidios y refinanciación de exportaciones, que permite la especulación empresaria y el enfriamiento de la economía. Mientras tanto, los vecinos más postergados siguen pagando el costo de la crisis.

Luz y Gas, bajo un mismo dominio

La electricidad y el gas en Mar del Plata son negocios del mismo grupo empresario de capitales italianos: Camuzzi, a través de EDEA y Camuzzi Gas Pampeana.

Los aumentos tarifarios hace años están avalados por el Gobierno. Y, según se dice, hay diálogo fluido con las autoridades de turno. En el caso de EDEA, hubo alguna rispidez durante el mandato de Felipe Solá por no haber aceptado los patacones. Pero en cambio, la relación es muy buena con Scioli y compañía.

¿De dónde viene uno de los puntos de contacto entre el Gobierno y Camuzzi? A través del CIADI, el ente arbitral del Banco Mundial encargado de intervenir en las demandas por violación de los tratados bilaterales de protección de inversiones.


Al CIADI acudió la mayoría de las empresas de servicios públicos privatizadas para hacer valer un pacto de protección de las inversiones que suscribió Argentina en durante el menemismo, en 1994, con Estados Unidos. Muchos desistieron a cambio de mejoras tarifarias.

Tal fue el caso del grupo Camuzzi, que incluso, en septiembre del 2007, ofreció pagar una suma de 172 millones de dólares después de que el CIADI fallara a favor de SEMPRA (socia de Camuzzi) y condenara al Estado argentino a pagar dicho monto. A cambio pidió un aumento tarifario.

Lo cierto es que desde el inicio del 2009 -año de crisis internacional como el Gobierno y los sectores empresariales se encargan de marcar y volver a marcar para justificarse ante los reclamos de la gente- la luz alcanzó subas de hasta 200%. Las movilizaciones en rechazo al tarifazo se sucedieron desde que las boletas llegaron a los hogares. Hubo marchas por el centro de la ciudad y escraches en la sede de EDEA. Allí fueron recibidos por Carlos Gastiazoro, gerente de relaciones institucionales de la firma, quien se comprometió a una reunión una semana después. Pero a través de un comunicado, horas más tarde, la empresa deshizo su promesa.

El usuario se hace cargo

La Asamblea de usuarios y organizaciones sociales, gremiales, sociedades de fomento y políticas viene trabajando desde hace casi dos meses como consecuencia de los incrementos tarifarios registrados y aprobado mediante Res. MIVSP N° 741/08, publicada en Boletín Oficial el 19/01/09. En repudio a la medida, se organizaron.

En primer lugar se cuestiona la razonabilidad de las tarifas, tanto en el ámbito provincial como nacional, remarcando que “las tarifas por los servicios suministrados por distribuidores deben ser ofrecidos a precios justos y razonables y asegurar el mínimo costo razonable para los usuarios compatible con la seguridad del abastecimiento”.

La tasa debe guardar relación con el grado de eficiencia y eficacia operativa de la empresa. Desde la Asamblea, convocada por el Sindicato Luz y Fuerza, determinaron que esta situación no se cumple en la actualidad. “Los servicios son prestados en condiciones deficientes, inseguras y no garantizan la calidad mínima exigida por los contratos de concesión”, denunciaron.

Además, mencionaron “la violación al derecho a ser informado en forma clara y precisa acerca de las condiciones de la prestación, de sus derechos y obligaciones”. La irregularidad también asoma en este punto: el usuario toma conocimiento de un aumento en el mes de enero para consumos que realizó desde el 1° de octubre de 2008.

La Asamblea denunció “la oportunidad, conveniencia y legalidad de la medida provincial”, toda vez que el nuevo cuadro tarifario que aprueba la Resolución 741 contiene aumentos que se originan en el traspaso a tarifa de los mayores costos de los precios de la energía en el Mercado Mayorista, los que se aplican a consumos superiores a 1.000 kw/bim., pero también incluye cargos por transporte de TRANSBA y TRANSENER que fueran autorizados por las Resoluciones ENRE 327 y 328/08, alcanzando éstos a todas las categorías tarifarias, aunque en menor escala. “Los aumentos tarifarios aplicados con retroactividad al primero de octubre del año pasado afectan a todas las tarifas vigentes y a cada uno de los usuarios”, determinó José Rigane, secretario general de Luz y Fuerza Mar del Plata.

Desde el ámbito oficial, los aumentos fueron justificados como consecuencia de la quita de subsidios a los mayores costos de combustibles que utiliza la generación que hasta ahora solventaba el gobierno nacional, alegando la necesidad de recomponer la cadena de productos y servicios prestados en el Mercado Eléctrico Mayorista exigiendo que cada demanda abone los costos reales incurridos para abastecerla. Sin embargo, para los usuarios, nada de ello justifica la medida.

“El incremento no se muestra como un mayor ingreso a las distribuidoras sino como un sistema de pase directo a tarifa de un mayor costo de abastecimiento”, determinaron desde la asamblea. Lo que dejó de pagar el Estado lo paga ahora, supuestamente en su misma incidencia, el usuario.

Jugarreta empresarial y pasividad legislativa

El costo del boleto de colectivo no tiene control por parte de la Municipalidad. Los números los brinda el empresariado y a pesar de que debería estar funcionando una comisión de contralor desde junio de 2008, aún no entró en funcionamiento. Este incumplimiento, además de no estar colocadas la totalidad de las rampas para discapacitados, no cumplir con frecuencias ni con el buen estado de las unidades, deberían dar marcha atrás con el anteúltimo aumento de boleto que lo llevó de $1,17 a $1,40. Pero ni el Ejecutivo ni los ediles de las distintas bancadas se hicieron cargo de los incumplimientos empresariales, que perjudican el servicio que reciben los usuarios del transporte urbano de pasajeros. Por el contrario, a través de un decreto firmado por Gustavo Pulti, un sábado a la noche se firmó una nueva suba que llevó el precio a $1,60. Las movilizaciones fueron constantes y los dardos apuntaron a los concejales: los acusan de no representar los intereses de la sociedad que los votó, de haberse “lavado las manos” ante el pedido de aumento empresarial y no hacerse cargo de los incumplimientos de José Ferraresi y compañía.

Un estudio del costo del boleto realizado por organizaciones sociales indica que la tarifa debería estar en $1,14. Incluso, algún centavo menos dado el aumento en subsidios que en febrero giró a las empresas la Secretaría de Transporte.

En la página web transportemdp.wordpress.com, relatan que en la información de los subsidios CCP (Compensaciones Complementarias Provinciales) de la Secretaría sólo figura el primer pago del mes de febrero, lo que significa que cuando esté el segundo pago o adicionales se incrementará más todavía. Por lo pronto, los números no tienen aún suficiente influencia en la tarifa, ni siquiera para bajarla 1 centavo, ya que el precio quedaría en $1,1391 contra $1,1447 calculado la semana anterior.

De acuerdo a los subsidios recientemente girados, las cifras indican:

- Por febrero del 2009, todas las empresas de transporte público de pasajeros de Mar del Plata recibieron la suma de $ 2.866.159,95

- Por enero del 2009, el monto fue de $ 2.848.730,84

- Por febrero del 2008, el monto fue de $ 2.265.973,08

- El aumento respecto al mismo mes del año anterior: 26.5%

- El aumento respecto al mes anterior del mismo año: 0.6%

La instalación del GPS llegó tarde. Pero llegó, dirán los más optimistas. Una de sus funciones es facilitar un informe pormenorizado acerca de los recorridos, frecuencias, pasajeros trasportados. Pero esos datos nunca fueron publicados. Cuando a Juan Guiñazú, entonces secretario de Gobierno, se le pidieron explicaciones sobre el incumplimiento del art. 9 de la ordenanza 18556, que obliga al Ejecutivo a informar mensualmente al Concejo Deliberante sobre los controles de frecuencias, kilómetros recorridos, pasajeros transportados y recaudación, dijo textualmente: “Eso está todo publicado en la página de la municipalidad, pueden verlo ingresando por mardelplata.gov.ar/transporte”. Pero esa página no existe.

Lejos de haber sido reprendido, Juan Guiñazú fue ascendido a un cargo nacional en la ANSES.

Los representantes de la sociedad que permiten una mentira semejante ¿acaso no acudieron a ver los números en la página o dejan pasar por alto una infracción que avala retrotraer el precio del boleto que afecta a trabajadores, desocupados, amas de casa y estudiantes?