24/02/2009
COLOMBIA: ENTREVISTA A LUIS ALFONSO RUIZ, ABOGADO
"El proceso contra la ACVC es un caso de persecución política"

Por Agencia Prensa Rural - Según el abogado Luis Alfonso Ruiz, el proceso que se adelanta contra la Asociación Campesina de Valle del Río Cimitarra (ACVC) y sus líderes campesinos surge de una investigación de la Fiscalía de más de seis años, durante la cual se ha venido vinculando gradualmente a la dirigencia de esta organización social.

Dentro de este proceso fueron emitidas órdenes de captura contra 18 personas, de las cuales, en septiembre del 2007, fueron detenidos Andrés Gil, Evaristo Mena, Óscar Duque y Mario Martínez, y posteriormente Miguel González Huepa y Ramiro Ortega, sindicados de ser colaboradores de la guerrilla de las FARC-EP, del bloque del Magdalena Medio a través de la Asociación. Todos ellos son campesinos de muchos años liderazgo en la región y víctimas de la persecución política y del paramilitarismo.

Para el 2008 fue precluida la investigación contra cuatro de ellos, quedaron detenidos Andrés Gil y Miguel Gonzáles Huepa. Dentro de este proceso están vinculados y continúa otra investigación, por parte de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía en la ciudad de Medellín, contra el agrónomo Miguel Cifuentes y contra Gilberto Guerra, el líder histórico del campesinado del Magdalena Medio; contra Luis Carlos Ariza, quien fuera presidente de la ACVC; y contra otros campesinos de la región, muchos de los cuales ejercen labores de liderazgo a través de las juntas de acción comunal o de comités veredales.

Según el abogado defensor de derechos humanos, las personas vinculadas tienen acusaciones fundamentadas en testimonios de reinsertados, muchos de los cuales son campesinos que, obligados por el Ejército o seducidos por conseguir algún beneficio económico, se hacen pasar como reinsertados.

Dicha investigación, según Ruiz, se inició a espaldas de la ACVC y es adelantada en una fiscalía que despacha en el batallón Calibío, institucion militar vinculada a numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos. Sumado a ello, todos los testimonios con los cuales están siendo acusados nunca han podido ser debatidos y demostrados, ya que estos testigos reinsertados no han vuelto a aparecer. Por otro lado, estas supuestas pruebas testimoniales fueron invalidadas para los cuatro dirigentes de la ACVC liberados, su acusación precluyó, y no se entiende cómo estas mismas son válidas para Andrés Gil y Miguel González.

Todas las acusaciones que se le adjudican a la ACVC no tienen un soporte en la realidad, puesto que es imposible deducir que la Asociación es colaboradora de la guerrilla por desarrollar sus labores en un territorio de conflicto y que gestiona sus proyectos a través de su estructura, cuando es de público conocimiento que todos sus proyectos hacen parte de la cooperación internacional, han sido financiados por la Unión Europea y agencias de cooperación y existen todos los controles y todas las auditorías que dan cuenta de ello, pruebas que han sido entregadas a la Justicia.

Por lo tanto, lo que sí se puede afirmar es que este no es un proceso jurídico sino un proceso político, porque a la ACVC le están cobrado su liderazgo en la región y su compromiso decidido con la defensa de los derechos humanos. Con respecto al hecho de que existen órdenes de captura contra otros dirigentes de la ACVC, se plantea que éstos no van a asistir a un proceso penal donde no se han brindado las garantías procesales. En esta medida se aclara que no es que los líderes se sientan culpables y estén huyendo, sino que no hay garantías para que los líderes campesinos concurran ante un sistema de justicia ilegítimo a todas luces.

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