18/01/2009
LA POLÍTICA HABITACIONAL DE MACRI
Incendios y desalojos para los porteños pobres

El incendio que causó la muerte de seis hermanitos en La Boca debería haber sido a Mauricio Macri lo que Cromagnon fue para el por entonces jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, quien tuvo que irse a causa de la masacre. Es que la negligencia estatal y la despreocupación por la vida se repiten, sin que nada sustancial cambie en “la Reina del Plata”, donde medio millón de personas sobreviven hacinadas en viviendas que carecen de las mínimas condiciones de seguridad y salubridad sin que ninguna autoridad competente se preocupe demasiado.

Para el empresario y político derechista que gobierna la capital del país, las personas que se ven obligadas a tomar viviendas o a vivir en lugares “irregulares”, como conventillos, villas, asentamientos, son “usurpadores”, y como tal, deben ser tratados como delincuentes. Los niños que perdieron la vida en el siniestro, todos hijos de un mismo matrimonio, cayeron víctimas del humo y el fuego pero también de la desidia criminal de la administración porteña. La ausencia de políticas para solucionar el drama habitacional aqueja a todo el país, pero el gobierno porteño es el que lleva a la máxima expresión la total despreocupación por la suerte de quienes no tienen techo.

En lugar incendiado en la madrugada del 10 de enero pasado –en Suárez y Almirante Brown - era un ex banco quebrado y abandonado, una más de las viviendas tomadas donde familias sin techo buscan cobijo ante la deliberada ausencia de respuestas por parte de los funcionarios de la Ciudad. Allí vivían 9 familias (28 personas) que ahora quedaron desamparadas. El fuego comenzó probablemente a causa de un cortocircuito. La madera, el cartón y el nylon hicieron el resto. En La Boca esto no es una novedad: de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, se producen 300 incendios por año en este barrio. El ex banco tomado no contaba con conexiones eléctricas seguras, como suceden en cientos de miles de hogares porteños.

Cuando se desató el incendio, fueron los vecinos y las organizaciones sociales, como el Comedor los Pibes, quienes se preocuparon por brindar su ayuda. La puerta fue tumbada a patadas por jóvenes del barrio, ante la mirada de los efectivos de la comisaría 24. Pese a lo normal de los episodios vinculados al fuego, los bomberos tardaron 45 minutos en llegar. Primero arribaron los patrulleros de la policía, quienes según los testigos, no hicieron nada para asistir a las víctimas, sino todo lo contrario. Se sabe: en un barrio de potencialidad turística ilimitada, las mafias inmobiliarias con el amparo del ex presidente del club xeneize buscan apoderase de los inmuebles tomados, para de esta manera seguir promoviendo su negocio para el cual no necesitan a los pobres viviendo en el lugar. En los hechos, el incendio se trata de un desalojo encubierto.

Luego de la masacre, las movilizaciones y la denuncia permitieron conseguir algún subsidio para los sobrevivientes. La solidaridad barrial se plasmó también en donaciones que son recolectadas por el mencionado comedor, ubicado en Suárez 421.Probablemente, si el caso no hubiera obtenido repercusión, las víctimas del incendio no hubieran obtenido ninguna asistencia. Aún con lo mediático del tema, los vecinos afectados tuvieron que hacer un piquete frente al Ministerio de Desarrollo Social porteño para ser atendidos por algún funcionario y obtener promesas de ayuda.

Desde que asumió, Macri desarticuló el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y cualquier posibilidad de una política de vivienda integral. Anuló cualquier posibilidad de establecer de manera oficial cuántos son los que tienen problemas de vivienda. Es claro que no tiene interés en solucionar esta situación. Desde que asumió lo demostró. Con una hipocresía digna de psicópatas, los macristas salieron a los medios de comunicación a decir que estaban preocupados por las condiciones de seguridad de las casas edificadas en la Villa 31. O sea: para los funcionarios PRO es “más seguro” dormir bajo un puente.

En esa línea, recientemente Macri vetó la Ley Nº 2.973, sancionada el pasado 4 de diciembre, por la cual se suspendían los desalojos de los inmuebles pertenecientes a la Ciudad ocupados por personas en situación de pobreza, como los de la ex AU3, y se obligaba al Poder Ejecutivo a presentar, dentro de los 90 días, un plan para solucionar progresivamente el déficit habitacional, según denunció el diputado de la Ciudad Facundo Di Fillipo. Según los cálculos de la Comisión de Vivienda que preside este legislador, medio millón de personas viven en condiciones de precariedad en la capital del país. Estas cifras no son provistas por el gobierno porteño, que carece de interés en cuantificar el problema.

La ciudad más rica de la Argentina, con un prepuesto récord, es a la vez la más desigual. En la cosmopolita, esquizofrénica y engreída Buenos Aires se construyen altísimas torres primermundistas en Puerto Madero mientras a minutos de allí se vive en la pobreza absoluta. Macri está llevando a cabo su política habitacional, tal como se lo propuso: hacer todo lo posible para que los pobres no vivan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No es torpeza lo del líder del PRO: sus hombres saben que hay cientos de miles de personas mal viviendo en las mismas condiciones que los chiquitos muertos. Pero como los padres de las víctimas carecen de título de propiedad o de contrato de alquiler, no forman parte de las preocupaciones oficiales. No existe ninguna intención de dar una respuesta a la falta de viviendas, salvo la invitación a irse más allá del Riachuelo y de la General Paz, como si los niños no tuviesen derecho a seguir en la misma escuela o los padres a seguir haciendo changas en la capital.

El freno a sus políticas de “apartheid” urbanístico proviene de la resistencia organizada de los movimientos sociales porteños y de los que no quieren ni pueden irse a otro lado. Hasta el momento, la clase media (y ni hablar de la alta) mira para el costado sin preocuparse por la suerte de sus vecinos pobres. Las “playas” y el pavimento son la única obra visible de la actual administración, sin que estalle una queja generalizada. La dramática falta de viviendas, además de la pésima situación de la salud y la falta de asistencia alimentaria integral para el conjunto de la población, son problemas que todavía no hacen que se conmueva la ciudadanía en su conjunto.