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trabajadoresVenezuela: 18 campesinos presos por luchar
Organizaciones populares del campo denuncian ataques del ex gobernador y a la policía del Estado de Zulia. En la última semana, 350 familias campesinas fueron desalojadas violentamente de dos fincas en las que trabajaban. El Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, denuncia y acusa a la Policía Regional del Zulia, su Director Jesús Alberto Cubillan, Al Gobernador, Pablo Pérez y sobre todo a Manuel Rosales quien con dinero del Estado compro 8 fincas ubicadas en el Municipio Sucre de ese estado, dos de ellas, San Miguel, con 200 familias asentadas y realizando los procedimientos legales, que corresponden a la hora de una ocupación campesina, ahora estas 200 familia.
La policía del estado Zulia arremetió contra 200 familia, golpeando a mujeres y quemando las casas de las familias asentadas en la finca San Miguel, ellos con dos meses de estar denunciando esa propiedad que se compró con dinero del pueblo, Manuel Rosales ex Gobernador del Edo Zulia y ahora viola los derechos humanos de esas 200 familias, a quienes dejo sin nada, demostrando la capacidad de contribuir a la destrucción y descomposición social con sus políticas de ametrallamiento contra el pueblo.
No conformes con arremeter con las 200 familias de la finca San Miguel, llegan también a la finca Santa Teresa, cercana donde vivían 150 familias desde hace más de 2 meses, el carácter de las tierras, propiedad del estado, el procedimiento del desalojo, ilegal, sin un tribunal de menores, ningún defensor público o fiscal, sin orden de desalojo, llevándose a 18 campesinos detenidos, fue solo hasta las 12:00 de hoy que los detenidos pasan a la fiscalía pública, es un procedimiento totalmente ilegal ilegitimo que desacredita cualquier posibilidad de convivencia con los factores platicos del Estado Zulia.
En este momento se encuentran mas de 200 personas tomando la policía regional del Zulia exigiendo la liberación de los presos, y se restituya sus derechos, además denunciando la violación a los derechos humanos de la que fueron víctimas las 350 familias que hoy ya no tienen donde vivir.
El gobierno Nacional debe tomar el caso por su cuenta y expropiar las propiedades que Manuel Rosales compro con dinero del Pueblo. Ya basta de impunidad y cárcel Para todos los corruptos y corruptas.
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