22/12/2008
6-APORTES PARA EL RECUERDO
Adios Manolo

Boletín quincenal Nº103 - La muerte del octogenario caudillo de la ortodoxia peronista despertó encendidas semblazas de parte figuras de la política nacional. "Ejemplo"; "maestro"; "amigo" fueron algunos de los halagos que funcionarios, gobernadores e intendentes le dedicaron a "Manolo" Quindimil en su última hora. Visiones parciales sobre un personaje que practicó como ninguno la virtud más importante para la "clase" política de nuestros días: permanecer a cualquier precio.

Mucho se habla del aparato y sus prácticas clientelares y mafiosas - y fascistas si hace falta - construído en los últimos 20 años por los afamados "intendentes del conurbano". Sin embargo a la hora de precisar, las identificaciones con nombre y apellido suelen brillar en ausencia. La situación, se volvió a repetir tras la muerte de Quindimil quien gobernó Lanus de 1973 hasta el golpe de estado de marzo de 1976, y luego de 1983 hasta 2007. Cuando en democracia Lanus casi no conoce otro intendente la situación de la mayoría de los habitantes del distrito no mejoro un ápice bajo la batuta de Manolo, quien duró y duró.

En el camino de aportar al recuerdo, publicamos un viejo escrito de las organizaciones populares del distrito comandado por Quindimil. El texto que sigue forma parte de un anexo investigativo del libro "Dario y Maxi, dignidad piquetera: los autores intelectuales y los responsables políticos que no investigó la justicia", elaborado por los Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD) en el Frente Popular Darío Santillán y publicado íntegro por el sitio masacredeavellaneda.org



Darío Santillán y el feudo de Quindimil sin zurdos en las calles

Darío estaba construyéndose el rancho para vivir junto a su hermano Leo, en un terreno que conquistaron ocupando unas tierras abandonadas. Habían dado la lucha junto a los vecinos del barrio La Fe, en Lanús. Allí gobierna un octogenario caudillo peronista, Manolo Quindimil, quien desde 1983 está aferrado al sillón de intendente. Desde que Duhalde ocupó la presidencia, Quindimil quedó a cargo de la presidencia del PJ de la provincia de Buenos Aires, la estructura política más grande del país. Además del fusilamiento de Darío en Avellaneda, otros dos manifestantes y un estudio jurídico fueron baleados en Lanús. Después del 26, las intimidaciones a militantes se convirtieron en secuestros por algunas horas de un asambleísta y de un piquetero, compañero de militancia de Darío. Las amenazas en el distrito abarcaron incluso a curas y abogados.

Febrero de 2002: El asentamiento, las fotos y las amenazas.
Las seis hectáreas de tierras abandonadas en la parte norte del barrio La Fe eran fiscales, pero habían sido otorgadas a una cooperativa trucha, a cargo de una empleada del intendente denunciada decenas de veces por irregularidades en el cobro de cuotas y el otorgamiento de terrenos. Cuando se empezaron a hacer las asambleas convocadas por el MTD en el barrio, el problema de la falta de viviendas se impuso en los temarios. “Los piquetes y la forma en que conseguimos los primeros planes de empleo en el Movimiento, cortando la ruta, sin esperar nada de los políticos, nos había dado fuerzas para ocupar los terrenos disponibles en el barrio sin esperar más”, cuenta siempre Carlos, uno de los vecinos fundadores del barrio, que se sumó al MTD. De las ocupaciones de tierra participó Darío junto a su hermano Leo, que estaban viviendo de prestado y necesitaban un lugar para construir su propia casa, el rancho como le decimos en el barrio. Por su carácter militante y la valoración que todos tenían de él, naturalmente fue elegido como vocero. En la filmación que nos dejó Francesca, una compañera de Indymedia Italia que por esos días estaba en el país conociendo las luchas piqueteras después del 19 y 20, se lo ve a Darío salir de la asamblea de vecinos en el asentamiento y encarar el diálogo, junto a otros, con el oficial Silva a cargo de la avanzada policial que amenazaba con el desalojo. “¿Y aquel para qué saca fotos?” increpó Darío a Silva, jefe de calle de la comisaría 6ª de Monte Chingolo, en referencia a otro uniformado que dirigía el foco de una camarita digital hacia él y los demás. “Por pedido del fiscal”, retrucó el policía. Lo cierto es que nunca existió tal pedido judicial. Esa foto de Darío, como las de Guernica y las de cada piquete, los seguimientos en los barrios y las pinchaduras de teléfonos, son muestra de un trabajo de inteligencia que sistemáticamente llevan adelante las fuerzas de seguridad, para marcar a los militantes populares y hacer más eficaz la represión que se avecina.

Abril de 2002:El fiscal, los tiros y una advertencia: el peronismo no va a permitir la anarquía.
“Una moto aparece en medio de la avenida Pavón, inusualmente desierta. Piqueteros que le gritan que se detenga. La moto que acelera y luego, los tiros. Un hombre, un piquetero desocupado, termina con el pecho atravesado por una bala 9 milímetros, disparada –según todos los testigos– por el arma reglamentaria de un agente del Servicio Penitenciario(...) ‘Le disparó a quemarropa’, dijo Marta. Para ellos se trató de ‘una provocación’. Contaron también que apenas se escucharon los disparos apareció la Infantería. Esta vez, hubo más disparos: los de las balas de goma y los gases lacrimógenos. Fue entonces cuando Cabrera, quien continuaba con su casco puesto, le mostró a la Policía su placa. Rodeado por la Infantería, fue llevado hasta el interior de la Municipalidad.”

Así relató la periodista Mariana García en el diario Clarín lo sucedido el 15 de abril de 2002 en Lanús. La protesta había reunido a unos 500 compañeros del MTD y del Bloque Piquetero. Se instaló frente al edificio municipal de Lanús, cortando ambas manos de la avenida Pavón, reclamando al intendente Quindimil una definición ante la demora de más de dos meses en incorporar a los desocupados en el Plan Jefas y Jefes de Hogar. De los seis disparos efectuados, uno atravesó el pecho de Juan Arredondo, 44 años, albañil desocupado, quien reclamaba con los demás su incorporación a los planes de empleo. Nuestros reclamos no encontraron soluciones, sino represión. Una combinación de represión institucional y paraestatal.

El fiscal Oscar Acevedo, del Departamento Judicial de Lomas de Zamora fue convocado por el intendente y los funcionarios de la provincia de Buenos Aires. A su llegada propusieron a los compañeros presentes labrar un acta-acuerdo, por medio de la cual los gobernantes ofrecían una futura fecha de pago de los subsidios en cuestión y los manifestantes debían levantar la protesta. Los integrantes del Bloque Piquetero convocaron entonces al abogado de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), Claudio Pandolfi, para que los asesorara respecto a la firma del acta. Tomaron la decisión de que firmara el propio abogado como representante legal de los manifestantes. Es que el fiscal que se había hecho presente era conocido por los organismos de derechos humanos: Acevedo había imputado dos años atrás a Raúl Castells por el delito de coacción agravada en el marco de un pedido de alimentos ante el hipermercado Wal Mart, por el cual había permanecido dos años en prisión. En aquella oportunidad, dos días antes de la intervención del fiscal, Menem había pedido “meter presos” a quienes “presionaran a los comerciantes”. Al igual que entonces, esta vez en Lanús, el mismo fiscal acudía presuroso al llamado del poder político, en este caso el intendente Quindimil. La estrategia de penalización de la protesta quedó explicada con detalle en un informe ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS):

“En general, los hechos tuvieron las mismas características. Cuando se desataba un conflicto, se hacía presente un representante del gobierno para llegar a un acuerdo con los manifestantes. Se labraba un acta con la presencia de un fiscal, que era firmada también por los delegados de los manifestantes. De esta manera, luego serían estas personas, las firmantes de las actas, las identificadas como responsables penales de las causas que se iniciaban.” 35

Fracasada la estrategia de acabar con la protesta por la vía judicial, una hora después, el agente del Servicio Penitenciario Gustavo Cabrera descargaba su arma 9 milímetros sobre los manifestantes.

El lunes 22 de abril, una semana después de los balazos, los desocupados de la Aníbal Verón y el Bloque Piquetero volvimos a movilizarnos frente a la Municipalidad de Lanús para repudiar el atentado sufrido en la anterior movilización. Entre una protesta y otra, un abanico de intimidaciones se desplegó en los barrios donde se organiza el MTD. Los aprietes llegaron con más insistencia en La Fe, donde los compañeros de Juan Arredondo sostuvieron durante toda la semana un piquete denunciando el hecho y manteniendo el reclamo por los planes de empleo. Como parte del clima hostil, dos días antes de la nueva movilización, empleados del municipio distribuyeron un volante por toda la zona, que desde el título amenazaba: “Vecino de Lanús, usted debe saber esto: contra la violencia, el engaño y la mentira, el Peronismo no va a permitir la anarquía”.

El tiempo y la insistencia del gobierno en balear manifestantes convertirían la frase en confesión de parte.

Supongamos que Quindimil, como intendente y jefe del peronismo de la provincia, estuviera honestamente preocupado por posibles desbordes de la protesta social y a eso lo llamara “anarquía”. Supongamos también que, dejando de lado la solución normal que sería dar respuesta a los reclamos, el jefe comunal pensara en evitar situaciones que pusieran en jaque su gobernabilidad. Aun bajo estos supuestos, el volante que firman todas las instituciones del PJ de Lanús no dice “debe actuar la justicia para impedir la anarquía” o “en el marco de la ley, las fuerzas de seguridad deben evitar la anarquía”. Dice, expresando claramente quiénes y de qué forma encararían la represión a la protesta social: “El Peronismo no va a permitir la anarquía”. En ese panfleto se encuentra planteada la misma lógica que alienta la represión ilegal y dio sustento a la seguidilla de amenazas e intimidaciones sistemáticas sobre quienes protestan.

Otra frase pronunciada en Lanús por aquellos días volvió a la memoria de los compañeros después de la Masacre de Avellaneda: “Quieren derrocar a Duhalde. Si hacen la marcha, para nosotros eso es una declaración de guerra”. Estas palabras fueron parte del diálogo que mantuvieron tres días antes de la movilización del 22 de abril Hugo Contreras, secretario de Relaciones con la Comunidad de la Municipalidad y Luis Zalazar, integrante del MTD. En un intercambio áspero, el funcionario dijo: “Sabemos que con los otros zurdos ustedes quieren voltear al gobierno y por eso le hacen la vida imposible al viejo. Hagan lo que quieran, pero ya saben: si hacen la marcha, para nosotros va a ser una declaración de guerra”. Para Contreras “los otros zurdos” eran los integrantes del Bloque Piquetero con quienes el MTD iba a movilizarse y “el viejo”, el intendente Quindimil.

Dos meses después, en el marco de las amenazas gubernamentales previas a la masacre de Avellaneda, otro hombre clave del aparato duhaldista pero de mayor responsabilidad, el ministro Atanasof, pronunció una advertencia en idéntico tono. Esto evidencia que el discurso, la planificación y la intencionalidad de lo que pasó el 26 de junio en Avellaneda encuentran coherencia en los antecedentes inmediatos de los ensayos represivos que los intendentes del Partido Justicialista venían llevando a cabo.

El lunes 22 de abril la movilización finalmente se hizo, con más de 1.500 compañeros bajo la lluvia, frente al edificio municipal enrejado y repleto de personal de seguridad. El clima quedó descripto en un comunicado de prensa que esa misma tarde difundimos desde la Verón: “A las vallas de Infantería se sumó un acuartelamiento de matones a sueldo en el interior de la municipalidad, preparados para generar un enfrentamiento civil, incluso con armas de fuego, bajo la hipótesis de que los manifestantes ‘querían incendiar la municipalidad y derrocar al gobierno’. El dispositivo de provocación montado desde la municipalidad de Lanús se complementó con la detención de un micro en el que un grupo de compañeros se dirigían hacia allí. Una de las mujeres detenidas ilegalmente fue arrastrada de los pelos desde el colectivo estacionado frente a la 8ª hasta el interior de la sede policial. Uno de los hombres detenidos bajo registro en el libro de la comisaría está siendo revisado por un médico para dejar constancia de las contusiones que presenta en el cuerpo”, señalaba el comunicado.

En movilizaciones anteriores en los distritos del conurbano bonaerense, los intendentes peronistas habían apelado al mismo discurso y la misma metodología de provocación que el gobierno llevó a cabo el 26 de junio para justificar los asesinatos. Montaje político-represivo y saña policial. A diferencia de lo que pasó en el Puente Pueyrredón dos meses después, en aquella marcha en Lanús, reconocieron la autoría de lo que harían: “El peronismo no va a permitir la anarquía”, habían advertido.

Asesinatos, Aprietes y Amenazas: ¿las tres A?
Con 500.000 habitantes y 48,5 km de superficie, Lanús es el distrito más densamente poblado de la provincia de Buenos Aires. Además del fusilamiento de Darío y el balazo que recibió Juan Arredondo frente a la municipalidad de Quindimil, el otro vecino baleado en el marco de una protesta social fue Luis Barrios, de la Coordinadora de Unidad Barrial. Era el miércoles 3 de julio y bajo la lluvia se preparaba en Avellaneda la movilización de repudio por los crímenes del 26. Luis iba al volante de su camioneta, con Marta a su lado y Alberto en la parte de atrás. El motor estaba en marcha y todos preparados para salir del Centro Popular que la C.U.Ba. tiene en la calle 3 de febrero al 3.400, en Remedios de Escalada. Iban a sumarse a la marcha para rendir un homenaje a los pibes caídos y de allí partir a Plaza de Mayo, justamente para repudiar el avance represivo del gobierno de Duhalde.

Así cuenta Marta lo que les pasó: “Me forcejean la puerta de la camioneta y cuando me asomo veo un tipo grandote y corpulento, a cara descubierta y con un arma con silenciador que empieza a disparar. Eso a mí me shockeó porque era algo que solo había visto en las películas. Luis en eso dice: ‘Me dieron’. Y pensé que a Alberto, que estaba atrás, también le podían haber dado. Cruzo la pierna y empiezo a acelerar, porque seguían los disparos. A los 100 metros Luis empieza a desvanecerse y a decir ‘No doy mas, no doy más’. La bala le entró por el costado izquierdo y le perforó el estómago. Lo raro es que a nosotros en ningún momento nos dicen nada. Nos tiran directamente a matar... ni siquiera nos sacan del coche. Nos tiraron a mansalva.”

Después se fue complementando la información: el auto del que bajó el sujeto era un Renault 9 rojo con vidrios oscuros y había otras tres personas a la espera. Luis tardó un mes en recuperarse.

El mismo miércoles 3, dos horas después de que en Remedios de Escalada el silenciador evitó que se escuchara el ruido del disparo, en la parroquia San Juan Tadeo, en Lanús Centro, se escuchó el sonido del teléfono: “Si dicen la misa son boleta. Los hacemos mierda. Los vamos a matar”, fue el mensaje que dejaron para el sacerdote. Es que a una semana de los fusilamientos de Avellaneda y justo el día en que Maxi hubiera cumplido 23 años, sus compañeros de colegio habían pedido una misa en su memoria. El sacerdote se asustó y prefirió suspender el oficio religioso. Los amigos y familiares del piquetero caído tuvieron que realizar el homenaje en el patio de la escuela donde él estudiaba, sin la misa.

Dos días antes, cerquita de allí, justo frente a la estación de trenes de Lanús, otro mensaje llegaba por vía telefónica, esta vez en el estudio del abogado de las víctimas, Claudio Pandolfi: “Te vamos a matar como a un perro, como a Santillán”, le dejaron grabado en el contestador. Y para que no queden dudas que lo vigilaban de cerca, hicieron referencia a la abogada que trabaja en el mismo estudio, que acababa de entrar: “Tu socia es muy linda”, agregaron. Cuatro meses después balearon el frente del estudio jurídico del doctor Smietniasky, donde trabaja Cherco, socio de Pandolfi y al igual que él, integrante de Correpi. “Para que se dejen de joder con los amigos de Lomas”, dijeron esa vez.

Decenas de situaciones similares se vivieron en Lanús los meses posteriores al 26 de junio. Si se describen la forma y el contenido de las intimidaciones a los militantes de base e integrantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados, todos los caminos pasan por la policía y los punteros políticos. Y conducen al edificio municipal. 36.

32 Felipe Vallese, proceso al sistema, a 40 años la lectura del crimen. Eduardo Luis Duhalde. Ediciones Punto Crítico, agosto de 2002.

33 Las campañas de solidaridad con los cartoneros que hicieron las asambleas barriales de la Capital lograron romper la lògica que dirigentes políticos de derecha y medios de comunicación buscan permanentemente imponer.

34 Triple A: Alianza Anticomunista Argentina, estructura clandestina organizada en 1974 bajo el amparo del secretario de Desarrollo Social del gobierno de Isabel Perón, José López Rega. Tuvo como objetivo iniciar la represión ilegal por medio de asesinatos, amenazas y atentados contra militantes populares, poniendo en práctica metodologías que en los años siguientes continuarían bajo la dictadura militar encabezada por las fuerzas armadas.

35 “En este sentido –sigue el informe– el promedio de procesados, por causa, se ubica en las 10 personas, principalmente dirigentes sindicales o de partidos políticos, así como de organizaciones intermedias, en casi todos los casos firmantes del acta mencionada. Cabe destacar que el hecho de que el Estado se presente a negociar con los manifestantes -y más aún el que se llegue a un acuerdo y se firmen actas de tal situación- refleja una actitud de aceptación del problema de fondo, vale decir, del planteo social que en cada caso surgía con la protesta. Así, el Estado, en distintas oportunidades, se comprometió a implementar los llamados planes Trabajar a cambio del cese de la protesta. Pero además, este hecho refleja la mala fe del gobierno ya que se utilizaba la firma de estas actas para luego pedirlas como medio de prueba en un proceso judicial.”

36 El 13 de enero de 2003, una denuncia judicial le puso nombre y apellido a las amenazas y metodologías represivas: “Tras una movilización de más de 300 vecinos de los barrios humildes de Lanús –señala un comunicado de prensa difundido por el MTD– una comisión fue recibida por el intendente Quindimil para tratar un tema urgente: el hambre en los barrios (...). La discusión subió de tono debido a la negativa de ayuda. Señalando con el dedo a Antonio Gutiérrez, vecino de Monte Chingolo y referente del Centro Popular P.U.C. (Pueblo Unido Único Camino), Omar López, secretario de Acción Social, dijo: “A vos te vamos a ir a buscar”, ante la mirada con ceño fruncido que el propio intendente Quindimil le dirigía a Gutiérrez mientras era amenazado. Al día siguiente, un empleado político de López, recorrió junto a otro barrabrava del Club Lanús, los domicilios de tres compañeros de Gutiérrez para conseguir a fuerza de golpes su dirección. Al dar con su domicilio, y como éste no estaba, dejaron la amenaza de muerte a su esposa.”. Tras las presentaciones judiciales y una movilización de repudio, el intendente tuvo que reconocer la situación y echar al funcionario López.