09/12/2008
4 - VETO PRESIDENCIAL A LA LEY QUE PROTEGIA LOS GLACIARES
Las fisuras del kirchnerismo al discutir cómo proteger (o no) los glaciares

Boletín quincenal Nº102- La ley de protección de los glaciares había sido sancionada con el voto por unanimidad de la Cámara de diputados y senadores. La presidenta CFK la vetó aduciendo la "necesidad de consensos", lo que equivalía a jugar a favor de los funcionarios y gobernadores aliados vinculados a las mega empresas mineras.

Tras el veto, la gran mayoría de los diputados K obedeció las directivas de Cristina Fernández evitando insistir con la ley en el Congreso y aceptando sumarse a un “foro de debate” sobre el tema. Las figuras más expuestas en esta disputa demuestran las fisuras del kirchnerismo: Romina Picolotti renunció, Miguel Bonasso se rehusó a participar del foro y Daniel Filmus juró y perjuró -con los pies cruzados- que las mineras no presionaron para lograr el veto de la ley.

La ley de protección de los glaciares, la 26.418, que buscaba preservar las masas de hielo de todo el país, fue sancionada por legisladores de ambas cámaras el 22 de octubre pasado. La norma preservaba a los hielos de la explotación minera y petrolera, prohibía que en los hielos y en su entorno se realicen actividades que puedan afectar su condición natural o que impliquen su destrucción o traslado. Además, creaba un Inventario Nacional de Glaciares, que permitía individualizar los glaciares, permitiendo su protección y control.

El 10 de noviembre pasado, la norma fue vetada en su totalidad por la Presidenta bajo el argumento de que los gobernadores de provincias andinas temían que la ley de glaciares amenazara el desarrollo económico de sus regiones. Detrás de esta formalidad, se esconde el negocio de la mayor empresa mundial de oro, la Barrick Gold, que se propone construir una mina de 2.400 millones de dólares, la Pascua Lama, en la frontera entre Argentina y Chile. En el decreto en donde se veta la ley, Cristina Fernández afirmó que prohibir "la exploración y explotación minera o petrolífera (...) daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente".

A todas luces, los principales beneficiarios del veto presidencial fueron el gobernador de San Juan, José Luis Gioja (en su provincia hay más de 180 proyectos mineros), el secretario de minería sanjuanino Jorge Mayoral (con acciones en Micas Argentinas SRL, Millstone SA y Minvail SA) y los empresarios vinculados directamente con la minería.

En una carta enviada por el premio Nobel de La Paz, Adolfo Perez Ezquivel asegura: “ese veto es producto de las presiones de los gobernadores de las provincias mineras (…) Esto no es otra cosa que claudicación y falta de responsabilidad con el pueblo. No entren en ese juego nefasto. Esperamos de ustedes claridad y decisión en defensa del pueblo, de la biodiversidad y protección de los recursos naturales come el agua".

Con el veto de la ley que protege a los glaciares, la Barrick Gold sabe que su proyecto minero, Pascua Lama, puede seguir adelante. Un negocio de alrededor de tres mil millones de dólares, que necesita de la detonación de los glaciares y avanza en una de las explotaciones a cielo abierto más ambiciosas del mundo.

Sin embargo, las voces que resisten este proyecto de extracción y saqueo se hicieron oir. Desde la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) repudiaron la convocatoria del gobierno nacional a un foro de debate sobre el tema y se manifestaron el lunes 1 de diciembre frente a la Secretaría de Medio Ambiente para rechazar los intentos de “alivianar” la ley o “consensuarla con las provincias”.

Los vecinos de Esquel marcharon el jueves 4 en rechazo al veto presidencial a la Ley de Protección de los Glaciares, al cumplirse seis años de rechazo y reclamo al “modelo extractivo minero a gran escala, con uso de tóxicos y sus consecuencias negativas para la economía provincial y sobre la sociedad”. El referente de Proyecto Sur Fernando "Pino" Solanas aseguró: “El lobby de la Barrick Gold ha podido más que la voluntad del Congreso". Y Adolfo Pérez Esquivel criticó: "Este veto es continuidad de la política neoliberal, lo mismo que pagarle al Club de París".

Miembros del Ianigla (CRICYT) y de la Asamblea Popular del Agua de Mendoza repudiaron el veto presidencial y estimaron que el inventario que indicaba la ley era vital para conocer qué cantidad de agua dulce tiene el país como reserva para enfrentar los problemas ocasionados por el cambio climático.

Desde el oficialismo, Enrique Martínez, presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, afirmó: “Difícilmente pueda encontrarse una normativa superadora de la misma, ya que ella es clara, pertinente, eficiente y suficiente."

El diputado Miguel Bonasso intentó ratificar la ley, con dos tercios de los votos, pero no alcanzó la mayoría especial que requería y decidió no participar del foro de debate. "No puede ser que un foro subrogue la capacidad del Congreso", aseguró. Pero es así. Según las directivas presidenciales, de este foro, en donde participan representantes de las provincias y legisladores, deberá surgir un nuevo proyecto de ley para presentar en 2009 al Congreso.

Luego de la primer reunión, el senador K y ex candidato a jefe de Gobierno porteño Daniel Filmus aseguró que el plazo máximo para presentar un nuevo proyecto será marzo del año que viene y se esforzó en ratificar que no existieron presiones para el veto, afirmando que "ningún interés económico puede estar por encima de la protección del medioambiente, del agua y los glaciares". Ya entonces se había bautizado el veto presidencial como el veto de la Barrick Gold y se hacía referencia al lobby minero que tenía más poder que el poder legislativo. La ley que se elabore desde este ámbito garantizará los intereses de las mineras y perjudicará a las poblaciones que sufren los efectos de la extracción minera a cielo abierto en todos los puntos del país.

Mientras tanto, durante este fin de semana se llevó a cabo el Octavo Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas en Mendoza que tuvo como uno de los ejes de debate la protección de los glaciares y el rechazo a la megaminería. Ayer decenas de manifestantes cortaron la Ruta 40 a la altura de Tunuyan para “exigir la ratificación de la ley y rechazar los emprendimientos mineros contaminantes".

Ver: Cronica del 8 vo encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas