09/12/2008
3 - REDISTRIBUIR SÍ, DE ABAJO PARA ARRIBA
Medidas anticrisis: a cada uno lo que le queda en el derrame

Boletín quincenal Nº 102 - Sumando los paquetes de medidas anunciados por Cristina en los últimos días hay más beneficios para los empresarios que para las mayorías. Mientras, los 14 mil casos entre despidos, suspensiones y reducción de jornada reconocidos por el ministerio de Trabajo, apenas 2 mil menos que los informados por la CGT, muestran que la crisis económica ya se descarga sobre los trabajadores.

Argentina lleva, aún hoy, cinco años de crecimiento económico sostenido, reflejado en contantes tasas de ganancia empresarial. Tras la quiebra de Lehman Brothers y el desate de la actual crisis financiera y económica global, queda al desnudo el carácter desigual del modelo local, a quiénes benefician ampliamente las medidas oficiales y quiénes ponen la espalda sobre la que los grandes empresarios, en su mayoría transnacionales, y los menos grandes de origen local, desatan las consecuencias.

La decisión de implementar una llamada "exteriorización y repatriación de capitales" beneficia a los grandes timberos, fugadores y ganadores de por lo menos, este, el anterior y el anterior gobierno, a quienes no se preguntará de dónde proviene el dinero, al menos tal como la medida fue planteada desde el gobierno. El anunciado plan de construcción de obras públicas, por 71.000 millones de pesos, atiende las necesidades de las normalmente adjudicatarias amigas Techint, Roggio y Gotti Hermanos, entre un selecto grupo de no más de cinco o seis grupos.

Las cámaras bancarias frotan sus manos al saber que administrarán los 13.200 millones de pesos repartidos en créditos para incentivar la compra de autos cero kilómetro y electrodomésticos, para financiar exportaciones y apoyar a las Pymes y productores agrícola - ganaderos, medidas que, a primera vista, conforman la quintaesencia del espíritu mercado internista de las políticas oficiales. Sin embargo, la punta más gruesa de las ganancias las obtiene la industria automotriz que, al tiempo que se beneficia con salvatajes en el primer mundo, echó y suspendó rápidamente trabajadores en nuestro país, sobre todo en Córdoba y Santa Fé. El gobierno no ha pergeñado medida alguna con respecto a quienes ya fueron despedidos. Las politicas de "defensa del empleo" benefician a todas luces a quienes no dudaron en atacarlo.

En términos de marcado laboral, específicamente, la rebaja impositiva para empresarios que blanqueen hasta 10 de sus empleados, es una medida de fuerte peso simbólico y menor peso efectivo. Para los despidos prometen que alcanzará con obligar a las empresas a informarlos con anterioridad, lo que desata la aplicación de un Procedimiento Preventivo de Crisis por el que el ministerio de Trabajo revisa los balances de las empresas. El mecanismo es el mismo que se venía aplicando desde antes de la crisis.

Pese a los centros que públicamente se preocupó en tirar Hugo Moyano hacia el gobierno, la CGT registró datos de más de 2.000 despidos en la industria automotriz, más de 3.800 cesantías y 4.500 suspensiones en diferentes rubros del sector metalúrgico y 1.500 en bancarios. Un informe difundido por la central denuncia que se registraron 11.800 despidos y suspensiones durante los últimos dos meses. La mayoría de los despidos y suspensiones no responden a la forma tradicional del telegrama, sino que impactan centralmente sobre los contratados, en negro, precarizados y tercerizados. Con esta estrategia, las empresas evitan el despido “sin causa”.

Ante la reaparición de los despidos, empresarios, gobierno y burocracia sindical acordarán no discutir salarios en las proximos meses. Moyano aparece mucho más preocupado por reencuadrar trabajadores en su gremio que por los crecientes despidos, los que hasta ayer negaba.

Mientras, algunas -cada vez menos- familias de desocupados pobres e indigentes, los desocupados de los ´90, siguen percibiendo 150 pesos como único ingreso. Ese sector de la población, el decil más bajo en la pirámide, el que sufre el hambre de sus chicos, continúa en cero frente a las políticas de salvataje y cuidado del consumo, pero en alza en términos de criminalización.