03/10/2008
RECHAZO AL GOBIERNO NEOLIBERAL DE ALAN GARCÍA
Perú: escalada represiva, excusas antiterroristas

Una revuelta popular en la localidad de Oyón, provincia de Lima, culminó ayer con enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, varios heridos y un automóvil municipal quemado. Los pobladores exigían la renuncia del alcalde aprista Manuel Delgado por corrupción. Solo una muestra, la última, de que la escalada represiva del gobierno del aprista Alan García recién comienza. Las políticas neoliberales aplicadas por el oficialismo encuentran fuertes resistencias, que se resuelven en muchas de las ocasiones, aplicando la ley antiterrorista y reprimiendo directamente.

“A todos los que humillan a la Policía desde hace tiempo, que la han llevado ante comisiones de la verdad, ante enjuiciamientos exagerados, quiero que sepan que me resisto siempre a usar directamente las armas por el costo humano y social que puede tener pero eso no quiere decir que en algún momento no nos veamos forzados a usarlas” había avisado a principio de año García. La defensoría del pueblo registró hasta agosto de 2008, 161 conflictos sociales en Perú, el doble que igual período del año anterior. Las protestas de comunidades indígenas, la huelga de los médicos que ya lleva meses y la de los estudiantes cusqueños en contra del alza del pasaje, fueroan las más contundentes.

En lo que va del año el gobierno del APRA ya acusó de actos de “terrorismo” a un grupo de estudiantes que realizaban encuentros de intercambio político con organizaciones similares de otros países, principalmente con Venezuela. Decidió que la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE) revise los textos escolares de quinto año de secundaria correspondendientes a ciencias sociales La DINCOTE es un organismo organismo especializado en la lucha antisubversiva de la Policía Nacional esta denunciada por secuestro, torturo, y asesinatos varios. En su ceno se formó el comando “Rodrigo Franco”, que operó durante el primer gobierno de Alan García, y que cometió asesinatos, de abogados, dirigentes sindicales, políticos, estudiantes, y otros opositores. La Comisión de Defensa del Congreso, en coordinación con Alan García, acaba de decidir una propuesta para que el Estado otorgue defensa legal a los militares y policías acusados de violar los derechos humanos
En febrero un paro agrario que incluyo numerosos bloqueos de ruta y se extendió durante 16 días, tuvo cuatro agricultores muertos a manos de la policía. Dos fallecidos en Ayacucho, y uno en Arequipa y Barranca, respectivamente. Se registraron saqueos y numerosos heridos. En la previa, Jorge del Castillo, primer ministro de gobierno había invocado a los fiscales a actuar “con firmeza” y a “no ser complacientes”con los “grupos de agitadores.
Pero la conflictividad social tuvo su pico en marzo, cuando en la zona de Andoas, comunidades Achuares tomaron la sede de la petrolera norteamericana Pluspetrol denunciando a la empresa por contaminar diariamente el río Corrientes, principal medio de subsistencia de los originarios de la zona, quienes tienen ubicadas sus viviendas sobre las reservas de crudo. Un efectivo policial dentro de los escuadrones que enfrentaron a los indígenas resultó muerto.

Unos días después, el ministerio del Interior informó que había entregado informes sobre 15 personas integrantes de la Coordinadora Continental Bolivariana a la Policía Nacional del Perú, 7 de las cuales fueron detenidas en Tumbes acusadas de como “sospechosas” de “siniestros planes terroristas”. Los informes consistían en una larga lista de correos electrónicos.

En abril, en Puno, pobladores locales aprovecharon la presencia del presidente para “reclamar al mandatario por el aumento del costo de vida”. Fueron reprimidos violentamente por la Policía y posteriormente detenidos.

En Julio ante una serie de paros y movilizaciones convocados por la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), diviediendo a la ciudad de Lima en tres, el gobierno volcó a efectivos del Ejército, la Marina y la Aviacióna a las calles.

En septiembre, pobladores de la comunidad de Pichis Río Seco de la provincia de Huanta, denunciaron la desaparición de once personas y dos niños el pasado 14 de septiembre, tras una incursión militar a la zona. El ministro de Defensa Antero Flores Aráoz salió a declarar que “son cómplices o complacientes con el narcoterrorismo. Pueden desaparecer por un tiempo, pero eso no significa que los hayan capturado ni las Fuerzas Armadas ni la Policía”

Ayer en Oyón, los pobladores exigían desde el domingo la renuncia del alcalde Manuel Delgado, por malos manejos administrativos y malversación de fondos públicos, la situación este jueves arrajó varios heridos y un vehículo municipal calcinado, entre otros daños. "La policía entró violentamente (y atacó) a las personas que hacen piquetes en la municipalidad pacíficamente. En ningún momento se han tomado represalias", expresó un habitante de Oyón, ubicada en la zona andina peruana y a unas nueve horas por carretera desde Lima.

Alan García fue el único presidente regional en no asistir a la cumbre de Unasur que trató el conflicto en Bolivia. el presidente peruano impulsó la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC), con los EEUU, haciendo el juego a la política de relacionamiento bilateral tras la caída del ALCA. Con sus políticas en terminos de "terrorismo" y de la
“inminente amenaza internacional del comunismo”. García busca un lugar al lado de Álvaro Uribe, como adalides de la política de seguridad para la región.


ver: "El agua es vida, el oro mata..."

Perú: la ley como instrumento de represión

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