03/10/2008
UN GRITO DESESPERADO POR TIERRA Y LIBERTAD
Campesinos paraguayos presos: 50 días de huelga de hambre contra la injusticia

Los campesinos paraguayos presos hace dos años y medio en el penal de Marcos Paz cumplen hoy 50 días de huelga de hambre. Reclaman libertad y refugio político. Tuvieron que dejar Paraguay para escapar de paramilitares y fuerzas de seguridad que masacraron a 200 campesinos en los últimos años. Roque Rodríguez, Basiliano Cardozo, Simeón Bordón, Gustavo Lezcano, Arístides Vera y Agustín Acosta vinieron a Argentina creyendo que imperaban los derechos humanos. Organizaciones sociales y políticas intentaron cortar el Puente Pueyrredón para denunciar esta injusticia. Gendarmería impidió que los manifestantes avancen. El kirchnerismo hace oídos sordos: privilegia la geopolítica del "antiterrorismo".

Los huelguistas perdieron 20 kilos cada uno. Están arriesgándo su vida para luchar por su libertad. "Pedimos a todas las organizaciones si llegáramos a morir no sea motivo de llanto ni de piedad, porque hemos asumido con dignidad la lucha por la dignificación de nuestro pueblo por la igualdad y la libertad, más bien sean portadores de nuestra bandera de lucha”, comunicaron en una dramática carta divulgada ayer.

Pesan en contra de los campesinos falsas acusaciones de haber secuestrado y asesinado a Cecilia Cubas, hija del ex presidente de ese país. No hay pruebas que acrediten una imputación tan grave. Por el contrario, el crimen tiene todas las características de ser parte de un enfrentamiento mafioso entre facciones del Partido Colorado, actualmente despojado del poder presidencial, pero apoltronado en otros resortes de poder, como el judicial. Los detenidos cometieron el "crimen" de participar de la lucha contra el avance de la soja y en defensa del campesinado. Su militancia en Patria Libre y en el Movimiento Agrario y Popular, organizando, formando y educando en la conciencia de clase al campesinado es el delito que no les perdonan latifundistas y colorados.

El juez paraguayo de garantías de primera instancia Pedro Mayor Martínez, un magistrado que mantiene su integridad moral, dictaminó que los dirigentes no son ni cómplices ni autores del hecho. Sin presentar pruebas firmes, la cámara de Apelaciones adicta al poder colorado resolvió que eran culpables. Con esta excusa se desató una oleada represiva contra dirigentes y los asentamientos campesinos de la cual tuvieron que escapar. En Paraguay operan comandos de seguridad ciudadana, que no son más que formaciones paramilitares como las de Colombia o las de Santa Cruz, Bolivia. La mayoría de los magistrados y de las fuerzas de seguridad están vinculadas a alguna facción del Partido Colorado.

En vez de admitirlos como refugiados políticos, el gobierno de los Kirchner los tiene presos sin condena. La Corte Suprema de Justicia aguarda la definición del Ejecutivo para extraditarlos a un país en donde, pese a que asumió Fernando Lugo, la mafia colorada mantiene su poder de fuego y de desestabilizar.

En la Secretaría de Derechos Humanos que dirige Eduardo Luis Duhalde en un principio sugirieron que era posible que se conceda el refugio político. Pero el ministro de Justicia Aníbal Fernández bajo otra línea: dijo que es un tema judicial y ahí se acabó el progresismo. El ex duhalista sigue negándose a recibir a abogados y familiares de los presos. Si alguno de los presos paraguayos muere, pesará sobre el mandato de Cristina Fernández una tragedia totalmente evitable. Para que así sea, el partido gobernante debería priorizar realmente los pregonados derechos humanos en vez de las políticas de "antiterrorismo" pergeñadas por los Estados Unidos para perseguir a quienes defienden la tierra y la libertad.
Para leer más: http://noalaextradicion.blogspot.com/
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