29/09/2008
4- LA OFENSIVA POR LA REAPERTURA DEL CASO RUCCI
Una jugada a favor de la reimplantación de la impunidad para los genocidas de la dictadura

Boletín quincenal Nº 97 - El tufo a revancha de la jugada no le quita ni eficacia ni complejidad política. La ofensiva, finalmente exitosa, por la reapertura de la causa por la muerte del entonces secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, el 25 de septiembre de 1973, a manos de un comando montonero –sector con el que esa derecha identifica al gobierno- tiene la intención de varios sectores de la derecha a esmerilar todavía más a un gobierno kirchnerista debilitado. Pero también pretende ser una carta de presión contra la iniciación de juicios a los genocidas de la dictadura y la condena de varios de ellos.

Curiosamente, la ofensiva está montada a partir de un libro, “Operación Traviata”, de un conspicuo vocero de la derecha, Ceferino Reato, que salvo detalles no dice nada que no se supiera. A saber, que el atentado en el que murió Rucci ese mediodía, frente a la casa de la calle Avellaneda en la que había dormido, fue realizado por Montoneros, aunque nunca haya sido “firmado” a la manera como esa organización solía hacerlo con sus operativos. Y que la acción se inscribió en la lógica de la profundización de la disputa que Montoneros mantenía con el propio Juan Perón –para quien Rucci era una pieza clave de su proyecto político- tras la Masacre de Ezeiza del 20 de junio de 1973, organizada por la extrema derecha política y sindical del peronismo y la consecuente caida del gobierno de Héctor Cámpora, con el que la organización tenía una estrecha alianza traducida en espacios de poder.

Es claro que –más allá de la legitimidad que haya que reconocerle a las presentaciones ante la justicia de los hijos de Rucci- no hay lugar para la casualidad en la elección de Reato del tema para su nuevo libro ni, por supuesto, en la elección de la fecha del 35º aniversario del hecho para publicarlo.

Como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta sus antecedentes, el actual secretario de la CGT, Hugo Moyano, se vio forzado a sumarse a la ofensiva pese a su kirchnerismo consecuente. Otro tanto sucedió con Antonio Caló, el actual secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, tan o más kirchnerista que Moyano. Al fin y al cabo Rucci era un hombre del sindicato aun si el mandamás de la época, Lorenzo Miguel, tenía por entonces charlas con la conducción de Montoneros y el lugar que Perón le había otorgado a Rucci le resultaba más bien molesto.

A Moyano –sobre quien pesan en ámbitos judiciales poco entusiastas por profundizar pesquisas sospechas de complicidad con la Triple A marplatense en la època en que conducía la Juventud Sindical Peronista de la ciudad- se le dificultan los intentos de lavarse la cara que le organizó su secretario de Derechos Humanos, el judicial Julio Piumato, con actos cegetistas de homenaje a los desaparecidos acompañado por antiguos montoneros hoy volcados al kirchnerismo, y al peronismo ecuménico, como el diputado Carlos Kunkel, o con hijos apropiados durante la dictadura y hoy recuperados, también kirchneristas, como el legislador porteño Juan Cabandié, hijo de un militante telefónico de la Juventud Trabajadora Peronista (la organización gremial de superficie de Montoneros) detenido-desaparecido.

La ofensiva por la detención de los montoneros sobrevivientes a los que se los pueda relacionar con la muerte de Rucci ya recibió entusiastas saludos de los grupos que reivindican el terrorismo de Estado. Y los hijos de Rucci conminaron con nombre y apellido a Cristina Kirchner a que apoye e impulse la revisión judicial del caso. El objetivo final de los sectores montados en la jugada es que se consiga parangonar un hecho concretado por civiles armados con los crímenes del Estado, a través de la declaración del caso como crimen de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible. Quedaría sentado así un precedente que podría plantear más juicios por el accionar de los militantes de las organizaciones armadas de los 70, la mayor parte de ellos, nunca está de más recordarlo, condenados a torturas seguidas de muerte sin proceso judicial alguno y sin defensa. La idea es que la situación quede “empatada”, y se reimplante la impunidad para el terrorismo de Estado.