01/09/2008
2- OFENSIVA DEL GOBIERNO MACRISTA
Judicializar es PRO

Boletín quincenal Nº 95- Desde el inicio del gobierno de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, la judicialización de las protestas se agudizó: en la última semana, tras una movilización de bachilleratos populares al Ministerio de Educación de la Nación, la justicia porteña inició una causa contravencional contra los manifestantes que dialogaron con funcionarios del Ministerio; en Lugano, el cirujano Ricardo Zambrano fue citado por la Fiscalía en lo Contravencional N° 12 por participar de una movilización en reclamo del Hospital barrial en agosto pasado. El Código Contravencional, sancionado de forma polémica en la Legislatura porteña en 2005, hoy abre con mayor intensidad la posibilidad de reprimir las manifestaciones en la Ciudad.

La Coordinadora contra la Represión Institucional (Correpi) explica que las contravenciones son inconstitucionales, ya que sólo el Congreso Nacional puede dictar leyes que impongan una pena. Además, en un informe aseguran que este marco jurídico “promueve innumerable cantidad de causas contra dirigentes populares, ya que si la actividad realizada (acto, marcha, reclamo) no encuadra en un delito, se lo coloca dentro de alguna contravención”.

En efecto, en el último tiempo ha aumentado la cantidad de integrantes de organizaciones sociales, políticas, sindicales o barriales que son citados por la justicia contravencional por reclamar por sus derechos. La Coordinadora de Bachilleratos Populares nuclea a 17 bachilleratos que fueron creados en empresas recuperadas y organizaciones territoriales con el objetivo de impulsar la creación de escuelas populares para que personas que no tuvieron posibilidad de terminar el secundario lo hagan. Hace varios meses vienen reclamando al Ministerio de Educación Nacional la entrega de becas para garantizar que los adultos que concurren a los bachilleratos puedan continuar sus estudios y la oficialización de los bachilleratos. Luego de realizar una movilización, desde el Ministerio atendieron a los voceros de la Coordinadora para avanzar en los pedidos realizados. Sin embargo, luego de esta reunión, los funcionarios del Ministerio entregaron los nombres de los voceros a la justicia, quien labró una denuncia contravencional. De hecho, la Coordinadora difundió un comunicado en donde denuncia que “la jueza Dra. María Valeria Massaglia ordenó a la Policía Federal tareas de inteligencia al interior de una de las organizaciones de nuestra Coordinadora”.

Uno de las cuestiones más preocupantes, en este caso, tiene que ver con que las personas que aparecen imputadas y a quienes les llegó la denuncia por “obstruir el tránsito”, son las mismas que tuvieron la reunión dentro del Ministerio, por lo cual no estaban presentes cuando se cortó la calle, es decir el delito que se les imputa. “Lo que plantea la justicia es que quienes hablamos en el Ministerio somos los referentes de la protesta, por lo cual la denuncia apunta a nosotros y en cualquier otra manifestación apuntaría a quien tome la responsabilidad de hablar con las autoridades”, afirmó una de las integrantes de la Coordinadora.

”La política educativa en la ciudad oscila entre el ajuste y la lógica policial. La actitud del Ministerio de Educación de la Nación contradice el discurso oficial sobre derechos humanos, aunque es coherente con la política de criminalizar a las organizaciones del campo popular que no se integran al gobierno nacional”, afirmaron .

Por su parte, las organizaciones sociales de Villa Lugano, Soldati y Riachuelo vienen luchando por la construcción de un hospital en la zona sudoeste de la Ciudad. En el marco de este reclamo, realizaron diversas movilizaciones por las cuales fue imputado el Dr Ricardo Zambrano, uno de los referentes del Movimiento por un Hospital para Lugano. El 14 de agosto el cirujano tuvo que declarar en la Fiscalía en lo Contravencional N° 12, a cargo de Federico Villalba Díaz, solamente por participar de una marcha el 8 de agosto pasado. Esa movilización se realizó en la avenida Cruz y Escalada, frente al Parque de la Ciudad, para denunciar que la obra del Hospital de lugano se encontraba hace más de un año paralizada, a pesar de las promesas de terminar de construirlo hace más de dos años.

Tal como consigna Correpi, en julio pasado absolvieron a Oscar Kuperman, dirigente de CUBa-MTR en el marco de un proceso que le inició la Justicia Contravencional de la Ciudad, en la que se lo acusó de ser uno de los líderes de dos movilizaciones realizadas los días 18 y 25 de enero pasados. Durante esas manifestaciones, la policía federal había labrado actas contravencionales, en las que constaba que algunos de los manifestantes "portaban palos tipo bastón de madera, materializando dicha conducta los integrantes de la 1ª y última línea, quienes además de portar dichos palos cubrieron su rostro con capuchas y remeras de modo tal de impedir su identificación frente a la manifiesta infracción. En este caso, al igual que en la protesta de los bachilleratos, la denuncia apuntaba a la figura de Kuperman como referente de la organización y no individualizaba a otros manifestantes.

Estos son sólo algunos casos, pero se han dado otros que no llegaron a la justicia, como en el caso de los trabajadores estatales acusados por obstruir el tránsito, o los vecinos de la Villa 31 que cortaron la autopista Illia. Además, existe un debate entre los fiscales porteños y la policía Federal sobre quién debe actuar primero: según los fiscales macristas, cuando un grupo de personas corta una calle, una ruta o una autopista, la Policía debería actuar directamente desalojando a los manifestantes, a excepción de que hayan pedido autorización y “respetado las indicaciones dadas por la autoridad correspondiente”. Esta posición la sostienen basándose en el artículo 78 del Código de Contravenciones, que sanciona con uno a cinco días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos a mil pesos a quien obstruye la circulación en una calle. Con el Código Contravencional en la mano, el macrismo tiene una herramienta poderosa para reprimir las protestas y no tienen ningún problema en utilizarla.