01/09/2008
1- LA POLÍTICA CULTURAL MACRISTA
Va a estar bueno Cromañón

Boletín quincenal Nº 95- A poco de cumplir los cuatro años, la tragedia del boliche República Cromañón ha entrado en una etapa decisiva. Luego del corrosivo ir y venir de familiares, víctimas, sobrevivientes, acusaciones, denuncias y duelos irresueltos, la saga de la horrorosa noche del 30 de diciembre de 2004 aún no ha terminado. Mientras la mayoría de la prensa sostiene que la ciudad ya aprendió lo suficiente como para que estos sucesos no vuelvan a suceder, la verdad demuestra lo contrario. Dentro del enorme andamiaje estatal hay quienes han logrado reciclarse. Prensa De Frente descubrió un poderoso ejemplo de esto. Se trata del Alejandro “Conejo” Gómez, actual jefe de gabinete del Ministro de Cultura porteño de Mauricio Macri, Hernán Lombardi. El jefe operativo de la política cultural macrista, estuvo procesado por el homicidio culposo de 2 jóvenes en uno de los tantos eventos gratuitos que se realizaron en 1999, cuando el radical Fernando De la Rúa era jefe de gobierno porteño. Como una broma pesada, uno de los pioneros de la negligencia es el protagonista de la gestión cultural de un gobierno, que incrementó su popularidad a partir de la tragedia de Cromañón.


El juicio por la masacre de Cromañón ya desató virulentas polémicas que van desde cuáles son las responsabilidades entre los acusados, hasta el costo político que tendrán las condenas para las fuerzas progresistas de la ciudad. Puede ser un lugar común, pero vale la pena recordar que luego del desmoronamiento del gobierno de Aníbal Ibarra ante la vorágine de la tragedia, ninguna fuerza organizada salió a profundizar las reformas que la crisis dejaría truncas. Nadie salió por más participación, salud, educación y democracia. Quizás por eso, el comienzo del juicio por la tragedia ha abierto tantas heridas juntas.

Desde hace varios días la ciudad amanece con pintadas alegóricas a la causa. La lógica indicaría que nuevamente son las bandas rockeras las que reclaman mediante grafittis y stenciles justicia para sus muertos. Pero los presuntos autores reconocen que no son de su factura, que esta vez las pintadas son de cal y ferrite, un ancestral método muy vinculado con apoyos u operaciones políticas, las mismas que señalan de manera acusatoria a Callejeros tildándolos de “hijos de puta” o “negros de mierda”. Toda una metáfora de lo que se viene.

El juicio oral ya está condensando tres acusaciones diferentes. Por un lado, aquella que pesa sobre el empresario Omar Chabán, viejo conocido de la noche porteña quien, amparado en un pseudo misticismo vanguardista, nunca se destacó por preocuparse por las condiciones lamentables de los boliches que gerenció. Hecho del que pueden dar fe quienes hayan conocido Cemento, Die Schulle o República de Cromañón.

Otros de los acusados serán los integrantes de Callejeros, sobre quienes pesa la acusación de estrago culposo, que en caso ser culpables, deberán cumplir condena efectiva. Por último, están siendo juzgados los policías sospechados de cobrar coimas y los funcionarios porteños de los que dependía el control de los mecanismo de seguridad y el monitoreo de las habilitaciones de los boliches porteños. Estos últimos son Fabiana Fizbin, ex Subsecretaria de Control Comunal; Gustavo Torres, ex Director General de Fiscalización y Control y Ana María Fernández, asesora de Torres. Pero la organización del hurto y la negligencia cuenta con antecedentes aun más añejos.

Buenos Aires Trágico III

Febrero y marzo de 1999 fueron los meses elegidos por la entonces Secretaría de Cultura de la Ciudad para realizar por tercera vez el ciclo Buenos Aires Vivo, un evento que en sus dos ediciones anteriores había dejado constancia de la enorme demanda pública de propuestas culturales. Era el fin del menemismo, De la Rúa concentraba la mirada esperanzada del progresismo y se preparaba para lanzarse a la carrera presidencial. En esa oportunidad la cartera ejecutora del espectáculo, estaba a cargo del “sushi” Darío Lopérfido. Mano derecha del reelegido Fernando De La Rúa, decidió llevar a cabo los principales conciertos en el, por entonces, flamante barrio porteño de Puerto Madero. Más específicamente en la esquina de las calles Vera Peñaloza y Estados Unidos.

Por aquella época comenzaba a sentirse en el área metropolitana el surgimiento de una tercera generación de pobres que “asolaban” la ciudad. Así el Ministerio del Interior ponía a disposición de las autoridades locales más de 300 prefectos para controlar a los asistentes al show. Un vez más quedaría evidenciada la equívoca lectura estatal sobre la inseguridad, ya que poco antes del show de Divididos de esa noche, las víctimas no vendrían por parte de la delincuencia social.

A diferencia de Cromañón, el tercer Buenos Aires Vivo era un evento organizado por el Gobierno de la Ciudad que tercerizó el equipo de producción ejecutiva en la empresa Fénix. Pero la noche del 1 de marzo de 1999 el espectáculo chocaría con la tragedia. Luego de la medianoche, cuando una multitud salía extasiada de escuchar a la banda Divididos, dos jóvenes de 21 años, Raúl Lumelli y Diego Aguilera, murieron electrocutados por la negligencia estatal. Según consta en el expediente, el abogado José María Ávila representante de los familiares, comprobó mediante pericias de la Universidad Tecnológica Nacional que se cometieron al menos 250 infracciones, incluido el incumplimiento de todos los requisitos administrativos que las normas porteñas exigían. La querella sostenía por entonces que el lugar elegido no contaba con las mínimas condiciones de seguridad para realizar espectáculos masivos, ya que disponía de un solo acceso para el ingreso y egreso de los asistentes, no tenía hospitales en las cercanías y no tenía electricidad de donde abastecerse. Este último dato sería la clave de la tragedia.

Según las pruebas presentadas por los abogados de los familiares de Lumelli y Aguilera, la toma de electricidad estaba a más de 100 metros de distancia del escenario. Esta irregularidad se pudo concretar con la complicidad de Edesur que, a pesar de realizar un acta señalando que se estaba tomando ilegalmente la energía de una caja de la empresa, permitió que se realice. Todo lo contrario a lo que sostiene el Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE). El cable conductor fue tendido al ras del piso sin ninguna protección, cuando tendría que haber sido colocado en forma aérea o, en última instancia, al ras del piso pero con protección a prueba de fugas eléctricas.

Follow the rabbit

Por aquel entonces el área a cargo de organizar los primeros conciertos masivos al aire libre era el Programa para la Recuperación y Utilización del Espacio Público a cargo de Alejandro “Conejo” Gómez. Éste fue procesado por homicidio culposo junto a Rafael Sáenz Brione de la productora Fénix. En noviembre del 2005 el juez Omar Facciuto, a cargo de la causa, cerró la investigación y solicitó su elevación a juicio oral y público. Pero una artimaña legal se interpuso. Basado en la polémica ley 25.990, que redujo los plazos de prescripción de las causas, el abogado de Gómez, Gonzalo Díaz Cantón, logró que la causa penal contra su cliente (que se encontraba más cerca de la condena que de la absolución) prescribiera, sumergiéndolo en un silencioso y discreto manto de impunidad.

Lejos de darse por vencido en el mundo cultural, el “Conejo” Gómez fue rápidamente reincorporado a la administración pública de la mano de sus ex compañeros de Franja Morada. Así en el 2001 durante la presidencia de Fernando De La Rua, y a pesar de estar todavía procesado, fue Director Nacional de Programación Cultural en la Secretaría de Cultura de la Nación. Tiempo después abriría su propio emprendimiento cultural, llamado Artilaria, donde se dedicó a dar cursos sobre gestión cultural hasta la asunción del macrismo.

Durante los meses posteriores al triunfo de Mauricio Macri en la Capital, y en medio de la expectativa generada por la futura designación en el Ministerio de Cultura, Gómez llegó a ser nombrado como uno de los posibles candidatos. Finalmente el dedazo macrista recayó en el ex ministro de Turismo aliancista Hernán Lombardi. Mucho se ha dicho sobre las lealtades políticas y no cabe duda que el caso de los radicales no es la excepción. Así fue que Gómez resultó designado Jefe de Gabinete del Ministerio de Cultura de la Ciudad y por tanto, responsable ejecutivo de todas las actividades de esa dependencia.

Pero si de devolver favores se trata, no se puede decir que el "Conejo" Gómez sea desconsiderado con sus protectores. Apenas asumió se acordó de quien lo salvó de purgar una condena por las muertes del ’99. Y así fue que gobierno macrista designó a Gonzalo Álvaro Díaz Cantón como “personal de la planta de gabinete de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales” según consta en el Boletín Oficial porteño de febrero de este año. Casualmente esta dirección se encuentra en manos de Viviana Cantoni, actual mujer de Gómez, que asumió en medio de acusaciones cruzadas con la anterior administración. Se trata de un área en la que se contabilizan varios despidos y persecuciones a los delegados gremiales. Los puestos que quedaron vacantes en esta oficina, tras los despidos y desplazamientos, fueron cubiertos con productores que responden a Gómez y que cuentan con una curiosa coincidencia: dictan cursos en Artilaria, como es el caso de Juan José Carmona.

Como si la impunidad fuera insuficiente, el “Conejo” Alejandro Gómez también es académico. Forma parte del staff de la Maestría de Gestión Cultural y Comunicación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), que desde su web anuncia que el postgrado está integrado “por prestigiosos académicos y profesionales de la cultura y la comunicación”. Una verdadera historia PRO.