21/07/2008
5- LA FALSA DISCUSIÓN POR LA COPARTICIPACIÓN
Ni el gobierno ni los productores rurales luchan por una justa distribución regional de recursos

Boletín quincenal Nº92 - Como un eje adicional del conflicto planteado por las retenciones a las exportaciones de granos, resurgió en estos tiempos el tema eternamente irresuelto de la coparticipación federal de impuestos, esto es, la distribución entre la Nación y las provincias de los fondos recaudados por el sistema tributario nacional. Utilizado de manera ostensiblemente oportunista por las patronales del campo –uno de los sectores de la economía en los que se verifican mayores niveles de evasión del pago de impuestos, tanto nacionales como provinciales y municipales-, el tema de la coparticipación federal, las distorsiones introducidas a las normas que la reglan en los últimos 20 años y el incumplimiento de la obligación de dictar una nueva ley-convenio específica introducida por la reforma constitucional de 1994 impactan, efectivamente, en el centro del perfil altamente desigual de distribución social y regional de las riquezas. Pero, lejos de constituir “asignaturas pendientes”, el incumplimiento y las distorsiones son elementos estructurales del tipo de desarrollo del capitalismo en la Argentina y ni el gobierno kirchnerista ni las patronales rurales tienen verdadero interés en resolver el tema.

La última ley de coparticipación federal, la de 1988, teóricamente vigente porque no fue reemplazada por otra, determinaba una distribución primaria de la recaudación de impuestos coparticipables –lo que del total de lo recaudado corresponde a la Nación, por un lado, y por el otro al conjunto de las provincias- de un 44 y un 56 por ciento respectivamente. Una serie de leyes y normas adicionales, básicamente recogidas en los Pactos Fiscales de 1992, 1993 y 2000 impuestos por las gestiones de Domingo Cavallo como ministro de Economía de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa, modificaron violentamente la ecuación, a partir de la lógica de la descentralización de gastos y la centralización de recursos para atender las obligaciones de las ruinosas refinanciaciones de la deuda externa –con su trasfondo de financiamiento de la fuga de capitales- y el crecimiento geométrico del agujero fiscal que produjeron la privatización del sistema jubilatorio y las políticas activas a favor del negocio bancario de las AFJP.

Para comienzos del nuevo siglo, la coparticipación primaria ya establecía en los hechos que la Nación –que con Menem había transferido a provincias y municipios los gastos de salud y educación sin las partidas correspondientes- se estaba quedando con cerca del 60 por ciento de la recaudación, mientras que el conjunto de las provincias debía conformarse con el 40 restante.

Los tibios intentos iniciales del gobierno de De la Rúa de cumplir con el mandato de la reforma constitucional de negociar una nueva ley de coparticipación –que por ser ley convenio debe tener el acuerdo unánime de las provincias y la Nación- chocaron con su propio condicionamiento de introducir el denominado “tercer socio”, el sistema previsional y jubilatorio, un argumento clave para la apropiación de recursos del gobierno central en la medida en que, también por la política de Cavallo para mantener bajo estricto control de ajuste y concesión a los bancos del sistema jubilatorio, había implicado ya el traspaso a la Nación de la mayor parte de las cajas provinciales de jubilación.

En medio de la crisis final de la convertibilidad, el gobierno de Eduardo Duhalde acentuó la centralización de recursos a través de la instauración de la ley del impuesto al cheque –en realidad al conjunto de las operaciones bancarias-, una nueva fuente de recursos en la que se dispuso que solo el 30 por ciento de su recaudación fuera coparticipable a las provincias, mientras que el 70 por ciento quedaba para la Nación.

El esquema altamente centralizador de coparticipación se profundizó a partir del proceso de crecimiento a altas tasas de la economía y de la recaudación impositiva que acompañó la gestión kirchnerista desde 2003.

Se hizo más notorio aún en los últimos años, en la medida en que la reversión de la política jubilatoria restableció el financiamiento del sistema provisional público pero no se eliminó la asignación específica del 10 por ciento de lo recaudado en impuesto a las ganancias para ese mismo sistema, previó a la distribución primaria de ese impuesto. También, y aquí aparece la relación directa con el conflicto con los propietarios rurales, por la elevación de las alícuotas de las retenciones, o derechos aduaneros, a las exportaciones, un ingreso que por mandato constitucional corresponde a la Nación y no es coparticipable. Esta característica constitucional de las retenciones tiene en la Argentina una explicación histórica, ligada al largo período de conflictos por la organización nacional que se cerró con la Constitución de 1853. Uno de los ejes de esas luchas, relacionado con la puja de intereses económicos de las provincias, fue el de la existencia de aduanas interiores, y la resolución a favor de una organización nacional con preeminencia de los intereses agroexportadores de la pampa húmeda determinó el monopolio aduanero de la Nación, con su cabeza económica en el puerto de Buenos Aires.

El modelo neodesarrollista del kirchnerismo contiene como elementos constitutivos un creciente subsidio a los grupos económicos –en algunos casos vestido con el argumento del subsidio a los precios internos de productos y servicios- que en este año demandará no menos de 25 mil millones de pesos. Al mismo tiempo, consecuencia de otro elemento constitutivo, el de una refinanciación onerosa de la deuda pública, el gobierno necesita cerca de 20 mil millones de pesos para pagar intereses y capital de ese rubro. Claramente, y lejos de sus argumentos, el hasta ahora fallido esquema de retenciones móviles a las exportaciones de soja y girasol implicaban para el gobierno necesidades de caja y no objetivos de redistribución progresiva del ingreso o de combate a la sojización del modelo agropecuario. Claramente, también, el gobierno está a años luz de la búsqueda de un nuevo y más justo esquema de coparticipación federal.

En los productores rurales, el argumento de la coparticipación resultó tan contingente y oportunista como ajeno a las intenciones kirchneristas. Las patronales del campo buscaron, y van por más, sin pruritos, la reducción de las retenciones y no su conversión en recursos coparticipables contra lo que determina la Constitución. Al mismo tiempo, tal como lo comprobó la AFIP con una morosidad sospechosa cuando se debía determinar quiénes estaban en condiciones de acceder a las compensaciones determinadas en principio por la famosa resolución 125, en su gran mayoría los productores son evasores de los impuestos que sí integran la masa coparticipable, como ganancias o bienes personales. Y todas las gestiones provinciales y municipales conocen hasta el hartazgo las trampas impositivas de los grandes terratenientes y pools de siembra en cuanto a los impuestos inmobiliarios, a través de la falsa división de las propiedades o la denuncia como terrenos baldíos de miles de hectáreas de siembra.