06/06/2008
CRECE LA JUDICIALIZACIÓN DE LA PROTESTA
A tribunales igual, sin tanta cámara

Ante los últimos conflictos laborales por suba de salario o mejoras en las condiciones de trabajo, vemos que poco a poco se va remontando un viejo método de disciplinamiento de los trabajadores. A la par de la utilización de patotas de la burocracia sindical y de aprietes de las patronales hoy vuelve a la carga la judicialización de los conflictos, haciendo acto de presencia en ramas tan disímiles como los trabajadores estatales, textiles y del juego.

Las acusaciones judiciales no son una forma novedosa de criminalización de conflictos sindicales, aunque en los últimos años fue perdiendo vigencia en detrimento de formas menos diplomáticas de “contención”. Así los aprietes o las palizas dijeron presente en buena parte de los gremios que llevaron adelante conflictos, incluso en algunos de los cuales hoy avanzan causas judiciales.

Este último caso es el de los trabajadores del Casino Buenos Aires, representados por gremio ALEARA. En conflicto desde hace más de un año, comenzaron reclamando ser encuadrados en el convenio adecuado al establecimiento donde realizan tareas, reivindicación que finalmente consiguieron. Posteriormente solicitaron la reducción de la jornada laboral al haber registrado crecientes índices de accidentes o lesiones provocados por la cantidad de horas de pie. En el marco de este reclamo fueron brutalmente agredidos por una patota del kirchnerista Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).

Aprovechando el escándalo generado por la agresión, y bajo la excusa de haber estado involucrados en la pelea, la patronal envío más de 80 telegramas de despidos. Ante la protestas de los trabajadores la reacción oficial fue la represión por parte de la Prefectura Naval al acampe frente a establecimiento de juegos. En esa oportunidad media docena de trabajadores fueron detenidos, pero durante varias horas no se supo de su paradero ya que Prefectura no oficializaba el listado de demorados en sus dependencias.

El pasado 6 de mayo una notificación judicial le comunicaba al Dr. Marcelo Parrilli, abogado defensor del trabajador y delegado del Casino Flotante Hernán Lopatka, que sobre su representado pesa la acusación de “Resistencia a la autoridad y tentativa de homicidio agravado”. Al parecer del Juez Federico Salvá, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Número 34, Lopatka es el responsable de las heridas sufridas por uno de los prefectos abocados al operativo represivo en el cual casualmente fue detenido el trabajador del Casino Flotante. El magistrado dictó un embargo de bienes por 50.000 pesos a quien fuera despedido de su puesto de empleo días antes de esa jornada. Octavio Crivaro, miembro de la junta directiva de la FUBA e integrante de la dirección nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), fue juzgado por el mismo tribunal por considerarlo "coautor penalmente responsable del delito de atentado a la autoridad agravado por haber sido cometido por una reunión de más de tres personas".

Otro caso reciente fue el de los trabajadores textiles de La Plata. Un sector de este gremio encabezó un largo conflicto aún vigente en la empresa Manufactura de Fibras Sintéticas S.A. (MAFISSA). Tras meses de conflicto, entre la tarde del 17 y la madrugada del 18 de abril, una feroz represión se desató sobre ese establecimiento con el objetivo de desalojar a los trabajadores que se encontraban dentro. La permanencia dentro del establecimiento se inició luego de la negativa por parte de la patronal a efectivizar la resolución del juez Arias del Fuero Contencioso administrativo que llamaba de forma urgente a acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El saldo del operativo fue la detención de 18 trabajadores, entre ellos el cuerpo de delegados en pleno. Estos fueron liberados el día 20, casi 48 horas después de su detención, fueron imputados por "coacción agravada en concurso real con daño calificado"; el agravante sería producto de la acción en conjunto, más de 3 personas, y están expuestos a sufrir penas que van desde los 3 hasta los 10 años de cárcel.

El caso más reciente, pero no menos preocupante, se dio en el sector público y puso de manifiesto que estas maniobras represivas no se limitan solamente al ámbito de Poder Judicial de la Nación. El pasado 3 de junio comenzó el juicio oral contra los delegados que componen la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Sobre estos trabajadores pesa la acusación de “interrupción del tránsito vehicular” por una acción de protesta que se remonta a octubre del año pasado. En esa oportunidad los trabajadores realizaron medidas al interior de su establecimiento laboral reclamando mejor salariales y un reencuadramiento acorde a las tareas que realizan, sin encontrar respuesta de ningún tipo. Redoblando la apuesta decidieron sacar el conflicto a la calle, movilizándose a las puertas del la Sede central, sita en Av. Gral. Paz 5445 de la Capital Federal, donde luego se decide cortar una de las manos de esa arteria vehicular.

A pesar de haber dejado un carril libre, el mismísimo director del INTI, el ingeniero Enrique Mario Martínez, radicó una denuncia que luego fue girada a la justicia Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Ésta, diligente como pocas veces, dio curso mediante el Juzgado en Primera Instancia nº 26 de la Zona 2 de la Ciudad. Si bien por tratarse de una causa contravencional, es poco probable que los trabajadores acaben en la cárcel, esta causa siembre precedente a nivel judicial, así como también es todo un adelanto para los planes del Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, de regular y restringir la protesta en la ciudad.

Si bien estos son los casos más destacables recientemente, la utilización de recursos institucionales permanece latente y es utilizada tanto por los gobiernos de turno como por las patronales, cuando no por ambos a la vez, para intentar limar la legitimidad de los delegados en caso que no funciones los métodos de la burocracia. El caso testigo es el de los trabajadores del Subte y tiene nombre y apellido, Néstor Segovia. Integrante del cuerpo de delegados es acusado por la empresa de sabotear formaciones ferroviarias cuando en realidad Segovia se limitó a impedir la salida de las formaciones que no se encontraban en condiciones óptimas para transportar pasajeros. El reclamo de la empresa a la Unión Tranviaria Automotor (UTA)fue tomado por el gremio y actualmente Segovia se encuentra a la espera de una resolución que puede ser el inicio del desmembramiento de uno de los cuerpos de delegados que ha conseguido conquistas no menores para sus representados.