02/06/2008
1- EL CONFLICTO DEL CAMPO Y EL OTRO PAÍS
Hambre, inflación, precariedad, los datos de la realidad de los sectores populares

Boletín quincenal N 89.- El hartazgo que produce a esta altura, cuando se acerca a los tres meses de duración, la guerra al interior de la Argentina exportadora –gobierno versus patrones rurales- es algo más que una sensación, que una reacción subjetiva frente al intercambio de amenazas, de bravatas, de amagues, de desencuentros de sus actores. Se trata de la situación de ajenidad objetiva, de distancia social y económica, y por supuesto también política, en la que se encuentran la mayor parte de los sectores populares respecto de la dinámica propia de esa Argentina de los de arriba, de la que no son sino víctimas.

La realidad cotidiana de esos sectores populares sólo se relaciona con el esquema de retenciones a las exportaciones de granos porque nunca participan de los enormes montos en juego y sí, en cambio, del hambre que genera el modelo sojero y el perfil de distribución de la riqueza del sistema económico en el que se asienta; de la inflación que produce la ilimitada expansión del consumo de los grupos de alto poder adquisitivo a costa del crecimiento de los precios de los alimentos y los productos de consumo básico; de la caída del crecimiento del empleo pese al crecimiento de la economía; de la multiplicación de la precariedad laboral; del aumento de la productividad y del techo compulsivo colocado a los salarios.

También, de la cristalización del perfil ultra regresivo del sistema tributario, que mantiene como principal vía de captación de recursos por parte del Estado los impuestos indirectos como el IVA, que pagan en términos relativos quienes menos tienen, mientras se mantienen exenciones a los impuestos directos, sobre todo el impuesto a las ganancias, que premian al poder económico más concentrado. Por ejemplo, las exenciones en ganancias a la renta financiera, a la tenencia y compraventa de acciones o a la tenencia de bonos.

Y del correspondiente esquema del gasto, destinado básicamente al pago de las crecientes obligaciones de vencimientos de capital e intereses de la deuda externa –este año por casi 20 mil millones de pesos- y de subsidios directos e indirectos a los grupos económicos por más de 10 mil millones de pesos.

Ese es el marco en el que se desenvuelve el panorama del trabajo y de los ingresos de los sectores populares, condicionado por un modelo productivo en el que reinan los parámetros capitalistas más crudos de alta rentabilidad inmediata y fuertemente concentrada, basado precisamente en la producción y exportación de materias primas de origen agrícola cuyas ganancias extraordinarias provienen de la diferencia entre el precio local del producto (la ecuación que surge de los costos más la ganancia normal del empresario) y el precio en el mercado internacional.

Ese modelo arroja hoy cifras –de acuerdo con un trabajo del Instituto de Estudios y Formación de la CTA- según las cuales la precariedad laboral alcanza al 58,7 por ciento de la fuerza laboral del país. Además, el 38,3 por ciento de los trabajadores ocupados tienen ingresos por debajo del salario mínimo, y eso a pesar de que la jornada promedio de los asalariados en la Argentina es de 12 horas de trabajo, 4 más de lo que marca la ley. Y el tan cacareado (por el gobierno) proceso de generación de empleos, ahora estancado, y que fue de 2.654.000 puestos entre 2001 y 2007, muestra que 2.260.097 de ellos fueron ocupados por empleados que rotaron de trabajo, mientras persiste según las polémicas cifras oficiales 1.250.000 desocupados que podrían haber salido de esa situación si hubiera una política específica para manejar con racionalidad la oferta generada.

Los niveles de explotación de los trabajadores se expresan con claridad si se tiene en cuenta que la productividad de la economía creció entre 2001 y 2007 un 15,1por ciento. Ese debería ser, por lo menos, el índice de aumento general de salarios respecto de los de 2001; sin embargo, el valor real del salario, hoy, apenas iguala al de ese año.