05/05/2008
1 -TRES DESAPARECIDOS IMPUNES; STORNELLI; FERNÁNDEZ
Memoria, Verdad, Justicia y más que nada, buena suerte

Boletín quincenal Nº87- Para "domar" la crisis de 2001, los Kirchner apuraron definiciones sobre su proyecto de gobierno, cuyas consecuencias no estaban dispuestos a sostener. El gobierno asumió rápidamente una actitud de signo progresista respecto del legado de impunidad dictatorial. Basado fundamentalmente en lo simbólico y sacando luz en la comparación con los gobiernos de Alfonsín, Menem, De la Rua y Duhalde que, como en el resto de la cosas, no habían dejado la soga muy alta en la materia, el kirchnerismo recogió la caracterización de "gobierno de los Derechos Humanos" de parte de los intelectuales orgánicos, organizaciones y organismos oficialistas e inclusive militantes bienintencionados. La ausencia de decisiones políticas que unan con firmeza dichos y actos respecto de los juicios por el genocidio, frente a un enemigo que, se sabía, no soporta la más mínima acción en su contra, atentan hoy contra los derechos humanos de los ex detenidos desaparecidos, con Julio López, Luis Gérez y Juan Puthod como ejemplos patéticos. Cuando un testigo desaparece en la provincia de Buenos Aires, quienes encabezan su "búsqueda" son la mejor policía del mundo, la SIDE, Guillermo Stornelli y Aníbal Fernández. Los jugadores elegidos para el equipo de los derechos humanos, juegan siempre a otra cosa y la suerte de los testigos queda normalmente librada al azar.

Según reconoció el ex gobernador Felipe Solá, 9 mil efectivos de la “purgada” policía bonaerense actuaron durante el gobierno militar. Otros tantos fueron exonerados, pero no enjuiciados, ni detenidos. Pura política de acumulación. Las agencias de seguridad privadas les facilitan armas y reciclado activo a los "pata negra". Esta misma fuerza - ¿a falta de alguna mejor? - fue la encargada de investigar durante casi dos años, el secuestro de Jorge Julio López. El resultado de la investigación es nulo y la policía continua actuando corporativamente. En este aspecto, la estrategia del gobierno es lograr que el tiempo se trague a los hechos y con ellos, a López. Cristina Kirchner ni siquiera mencionó al albañil desaparecido en su discurso de asunción. Con la estructura policial y judicial vigente no hay condiciones para garantizar la vida de ningún testigo. Los casos de López y Gérez, los asesinatos de dos policías en Batán horas antes de la última elección presidencial, y las primeras versiones en el caso Puthod, muestran a la claras los límites de la aclamada política de Derechos Humanos. El gobierno no asume su responsabilidad, no respalda sus discursos con información clara sobre hechos y las consecuencias siguen pagando los militantes populares.

Los juicios siguen a ritmo lento, divididos, fragmentados y abandonados a su suerte, poniendo en riesgo la integridad física y psicológica de los querellantes y acercando a la muerte natural a los acusados. De los símbolos a la justicia concreta, la que se pueda todavía, hay un océano de burocracia e indecisión oficial. Tres secuestros de testigos ya son tendencia. El gobierno no pasa de manifestar una "onda preocupación", insostenible para quien maneja la estructura estatal desde hace cinco años, y aprovecha cualquier tribuna para publicitar su política de memoria, verdad y justicia.

Ni el último gobierno ni el actual realizaron modificación alguna sobre la estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Con el costo político que implica sostenerlo, el gobierno de los Derechos Humanos parece estar conforme con el funcionamiento de esa Secretaría, que sigue demostrando su carácter corporativo: mayor efectividad para montar campañas, para perseguir a militantes sociales y para controlar la protesta, para surtir de información a los jefes de la Gendarmería, que para prever acciones de supuestos "grupos de tareas" teóricamente externos a las fuerzas de seguridad, tal la definición del ex presidente tras el secuestro de Luis Gerez en el partido de Escobar, del cual tampoco hay mayor información.

Carlos Stornelli, ministro de seguridad bonaerense, aseguró que el militante de derechos humanos en Zárate, Juan Puthod fue liberado gracias al accionar de la policía, que "arrinconó" a los captores. "Los secuestradores no resistieron el operativo cerrojo y por eso lo soltaron" declaró con resultado puesto. La realidad marca que con una pequeña ciudad atestada de policías, a Puthod lo liberaron sus captores cuando y como quisieron sin que queden mayores indicios investigativos. Stornelli no se animó a barajar ninguna hipótesis esta vez. En tiempos del Eduardo Duhalde al frente del gobierno nacional, Stornelli había sido el fiscal de una causa por sedición presentada por Jorge Vanossi contra las organizaciones de desocupados para justificar la represión del 26 de junio de 2002, que acabó con la vida de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. En aquella ocasión se definió en favor de los policías asesinos y el gobierno que planeó la represión, encabezado por su jefe.

Coronación de lo que muchos ven como contradicciones y otros como hechos insoslayables de la realidad, el actual ministro de Derechos Humanos es Aníbal Fernández quien comenzó militando en Quilmes en la agrupación de Ángel Abasto de la derecha peronista, en la época en que los actuales testigos eran secuestrados por los militares. Fernández tuvo su cuota aparte en los discursos oficiales que justificaron la represión de Avellaneda en 2002, dando crédito a los informes de la SIDE sobre las organizaciones piqueteras, informes en los que se basó el entonces fiscal Stornelli para enjuiciar a los desocupados.

Entre otras cosas, Fernández maneja la Policía Federal y la Gendarmería Nacional, a la que usa para militarizar las escuelas en Santa Cruz y el hospital Francés, la estación de Avellaneda cada 26, y el pueblo de Las Heras. Fernández dijo que Julio López se había vuelto loco y se había perdido. Más tarde apeló a Dios y la virgen María para encontrarlo. El ministro tampoco dio respuesta a secuestros de militantes sociales, amenazas a abogados, como la recientemente recibida por María del Carmen Verdú de Correpi y militantes de Derechos Humanos de la coordinandora antirepresiva Carlos Almirón, a manos de policias de la comisaría 2da de Lanús. Sobre esos funcionarios apoyan los Kirchner sus políticas de Derechos Humanos. Detalles al margen, el kirchnerismo supo desbordar en muchos aspectos a los gobiernos que lo antecedieron, enunciando entonces extrañas definiciones en torno a sí mismo ante las cuales queda extremada e irremediablemente corto.