10/03/2008
5- LA JUSTICIA ILEGALIZA UN PARO DOCENTE
Un peligroso antecedente sanjuanino contra el ejercicio del derecho de huelga

Boletín quincenal N° 82 - Convertidos públicamente en una suerte de “bestia negra” por la presidenta Cristina Kirchner –les dedicó algunos párrafos de reto durante su discurso de inauguración del nuevo período ordinario de sesiones en el Congreso-, las bases docentes no sólo deben enfrentar la connivencia entre sus gremios nacionales y el Gobierno, que generó la falacia de un “piso” de aumento salarial que en realidad funciona como un techo. Ls admoniciones presidenciales contra el ejercicio del derecho de huelga vinieron acompañadas de un peligrosísimo correlato judicial, cuando el juez sanjuanino Roberto Pagés hizo lugar a un amparo presentado por el gobernador K José Luis Gioja y obligó a los docentes provinciales a levantar un paro con el argumento de que el derecho de aprender de los alumnos es de rango superior al del derecho de huelga.

El secretario general de la CTA, quien mantiene el poder en la cúpula de CTERA, ya había escuchado de boca de Cristina cuestionamientos mucho más duros contra las protestas docentes que los que la presidenta deslizó en el Congreso. Fue a mediados de febrero, en la audiencia que les concedió a los integrantes del consejo ejecutivo de la central alternativa para negarles una vez más el otorgamiento de la reclamada personería gremial. Como en el Congreso –donde escuchó en silencio frases de la presidenta sacadas del manual de simplezas liberales de Bernardo Neustadt al estilo de “la mejor escuela es la que no cierra”- Yasky cerró tanto la boca en aquella audiencia con Cristina que hasta el ultrakirchnerista Edgardo Depetri adoptó una actitud menos complaciente en comparación. Y hubo algunos compañeros de conducción del ceterista que amagaron con pedirle la renuncia a la secretaría general.

Lo cierto es que, cuando la semana se inicia sin que se hayan resuelto los conflictos que mantienen los docentes de La Pampa, Corrientes, Jujuy, San Luis y Mendoza, CETERA nacional todavía no lanzó ninguna convocatoria a una medida unitaria contra el gravísimo antecedente que significa la decisión del juez Pagés, decisión que pretende extender a la actividad de la educación las polémicas regulaciones que acotan el derecho de huelga de los trabajadores considerados de servicios esenciales. Un antecedente que amenaza convertir a los docentes en víctimas de una grave discriminación en cuanto al uso de derechos que les asisten al conjunto de los asalariados. Y que tiende a legalizar actitudes absolutamente discrecionales y arbitrarias de parte de las administraciones estatales que actúan como patrones lo que, obviamente, sería reproducido por los patrones privados del área de la educación.

No está demás recordar que la paritaria nacional docente definió un “piso” salarial de 1.290 pesos, medido como un aumento del 24 por ciento, luego una ronda de negociaciones que los gremios del sector habían iniciado con un reclamo del 34 por ciento de aumento. En muchas provincias, las negociaciones locales con ese parámetro desembocaron en la artimaña de las gobernaciones de blanquear montos no remunerativos que componían los salarios docentes hasta llegar a un aumento teórico del 24 por ciento, cuando en la práctica los docentes seguirán recibiendo en sus bolsillos casi la misma cantidad de dinero que percibían antes de la paritaria.