17/10/2007
UNA ILEGALIZACIÓN QUE EQUIVALE A LA MUERTE
Aborto legal, en el hospital

Boletín especial Género -.El debate sobre el derecho al aborto, su legalización y despenalización, ha crecido en los últimos años a raíz de casos paradigmáticos en donde la criminalización de las mujeres que quieren interrumpir su embarazo se puso en evidencia de la forma más cruda. Hoy se sabe que en la Argentina se practican más de 500 mil abortos clandestinos por año y que ésta es la principal causa de muerte materna en el país. Ante esto, la lucha de cientos de organizaciones por el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, reafirmada en el Encuentro Nacional de Mujeres en Córdoba, ha crecido y comienza a dar sus frutos.


Más de 350 organizaciones de mujeres, sociales y derechos humanos integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y vienen trabajando juntas con el objetivo de visibilizar el tema. Desde el 2004, la Campaña viene realizando actividades, desde juntar firmas por todo el país, movilizaciones, seminarios. En mayo de este año consensuaron un proyecto de ley de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en donde se destaca un punto que establece que los hospitales públicos tendrán que realizar en forma gratuita el procedimiento médico para cualquier mujer que lo solicite, sin más requisitos que su propia voluntad. "En este camino en conjunto, una de las cosas que más rescatamos es que el proyecto lo elaboramos nosotras mismas e implicó debates, discusiones y consensos", afirmó Roxana Longo, integrante de Pañuelos en Rebeldía.

Ruth Zurbriggenm, integrante de la Colectiva Feminista "La Revuelta", también destacó el consensó que se generó a través del proyecto: "fue el resultado de dos años de trabajo de distintas organizaciones que en muchos aspectos tenemos maneras de entender la politica, la realidad y la militancias pero que nos pusimos de acuerdo en una ley que le reclame al Estado por el derecho al aborto seguro y gratuito.

El proyecto elimina el aborto del Código Penal y lo legaliza hasta las 12 semanas de gestación y más allá de ese límite en casos de violación, malformaciones graves fetales y riesgo para la vida o la salud de la mujer. Además, plantea que todas las mujeres deben poder decidir la interrupción de un embarazo sin arriesgar su vida, su salud física y psíquica. El lema de la Campaña por el Derecho al Aborto es integral: "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir". Si bien es un espacio diverso, en donde cada grupo prioriza las actividades que realiza, existe consentimiento de que es necesario no sólo despenalizar el aborto sino garantizar ciertas condiciones para que no haya más muertes por aborto clandestino.

Así lo explicó la psicoanalista feminista Marta Rosenberg: "La despenalización del aborto es muy importante, porque implica que interrumpir un embarazo no sea delito y que ninguna mujer puede ser sancionada criminalmente, como es actualmente. Sin embargo, no es suficiente: no podemos permitir que la práctica de un aborto quede sometida a las leyes del mercado, porque un sector muy importante de las mujeres, que no tienen medios económicos para pagarlo, quedan privadas de acceder a un aborto seguro". En efecto, aun cuando el aborto está prohibido se sabe que en la Argentina se realizan miles de abortos anuales y quienes pueden acceder de forma segura a ésto son los sectores de mayor poder adquisitivo.

En el caso de las mujeres con menos recursos no se trata sólo de enunciar el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo, sino de que estén garantizadas las condiciones para que pueda practicárselo. Teniendo en cuenta las condiciones económicas y la necesidad de un aborto seguro, es que se plantea garantizar la gratuidad del aborto en los hospitales públicos.

Si bien el proyecto se presentó el 28 de mayo, día internacional de acción por la salud de la mujer, y contó con la firma de varios diputados y diputadas, todavía no fue impulsado por ninguno de ellos para ser tratado en comisiones. Lo que alienta a las mujeres es que en los últimos años creció el debate sobre la necesidad de legalizar el aborto. En efecto, la publicidad de casos en donde se negó la posibilidad de interrumpir embarazos, en situaciones de violación, o de mujeres discapacitadas (situaciones contempladas en el artículo 86 del Código Penal) generó un apoyo mayor a legalizar y brindar las condiciones para realizar un aborto seguro.

Los ejemplos más paradigmáticos de esta situación fueron el de la joven discapacitada y violada en La Plata, L.M.R, a quien se le negó en el hospital público interrumpir su embarazo y que finalmente lo logró con el apoyo del movimiento de mujeres, y el más reciente de MFC, una adolescente de Paraná con una severa discapacidad mental que fue violada. Ni el hospital ni los jueces provinciales quisieron respetar lo establecido en el Código Penal, y recién se logró realizar el aborto en un hospital de la provincia de Buenos Aires en donde, al igual que en Rio Negro, Rosario y Capital, existe un protocolo para abortos no punibles. Además, como antecedente, la judicialización de los pedidos de aborto de dos chicas, una de Guernica y otra de Mendoza, tuvieron que esperar la autorización judicial para llevarlo a la práctica el aborto, amparándose en el artículo 86.

En estos casos, el rol de la Iglesia fue nuevamente lamentable. En un documento expresó la necesidad de "frenar el desenfreno abortista". Según Longo, "el rol de la institución eclesiástica siempre fue cautivar a las mujeres en el silencio, generar culpa y no permitir que ejerzamos la libertad y el derecho de decidir sobre nuestros propios cuerpos, sobre la sexualidad. Con los encuentros nacionales de mujeres se encargó de obstaculizarnos directamente tratando de frenar el avance del movimiento. Lo que hay que destacar es que este es el accionar de la Iglesia, pero que hay mujeres católicas que también luchan al interior de la institución por su derecho a decidir".

En el último tiempo también se conoció el caso de Ana María Acevedo, una chica de 20 años que murió de cáncer en el Hospital Iturraspe de Santa Fe porque le fueron negados el tratamiento y el aborto terapéutico, no punible, ya admitido por la ley. En abril de este año, sin embargo, se abrió una causa penal contra una joven de 17 años acusada de practicarse un aborto. La joven se presentó en el hospital zonal de El Bolsón luego de haber tomado una píldora abortiva y la médica que la atendió presentó la denuncia. Sin embargo, el juez Martín Lozada la sobreseyó. En sus argumentos afirmó "'... No es posible exigir a la mujer ...) que arriesgue su propia vida por falta de atención médica a cambio del silencio del hecho".

Mujeres al Oeste es una organización que viene luchando por el derecho al aborto hace varios años. La agrupación elaboró un informe para clarificar algunos prejuicios que existen sobre este tema. En primer lugar, detallan que en la actualidad se calcula que hay entre 350.000 y 500.000 abortos al año y que el índice de abortos depende en gran medida de condiciones como la disponibilidad de servicios de anticoncepción, el acceso a educación sexual adecuada para toda la población y la eliminación de las asimetrías de poder entre hombres y mujeres.

Según cifras del ministerio de salud cada año son hospitalizadas alrededor de 70.000 mujeres por complicaciones en sus abortos (hemorragias e infecciones) y más del 30% de las muertes relacionadas con el proceso de gestación son resultado de complicaciones por abortos inseguros.

Más allá del proyecto de ley, el movimiento de mujeres se propone continuar exigiendo y presionando por el derecho al aborto en cada uno de los ámbitos posibles. "La ley es letra muerta. Toma vida con el reclamo, es decir que es una herramienta más pero no es la meta, sino uno de los puntos de partida para continuar la lucha. La ley sola no garantiza nada, es necesario sensibilizar a los médicos y médicas para que garanticen este derecho, hay que monitorear y relevar los hospitales que ponen obstáculos y seguir reclamando para que se apruebe la ley y luego se cumpla en todos los planos", afirmó Roxana Longo.

En este mismo sentido se expresó Zurbriggenm: "Nosotras creemos que hay que hacer un fuerte trabajo con este proyecto dentro del congreso, esto no va a salir por iniciativa directa de los diputados. Las conquistas son el resultado de la lucha y de la presión, así que sólo vamos a lograr que esto avance con la movilizacion, las acciones callejeras, instalando el tema en mayores sectores de la sociedad".

En este sentido, el debate que buscan instalar desde el movimiento de mujeres no es solamente sobre la necesidad de garantizar el derecho a un aborto gratuita y seguro, sino a la elección sobre el propio cuerpo, sobre la sexualidad y sobre la maternidad, no como mandatos, sino, justamente, como elecciones.