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19/06/2007
LA PRIVATIZACION DEL PATRIMONIO CULTURAL
Congreso peruano: Machu Picchu for sale

Fotos: Prensa De Frente
aclaracion Prensa De Frente en Perú - El Congreso de la República de Perú aprobó en primera votación un proyecto de ley mediante el cual el patrimonio cultural, social y natural puede concesionarse a las empresas privadas nacionales o extranjeras. La comunidad de Qöscqo –Cusco en la lengua originaria- rechaza esa medida que afectará a sus centros arqueológicos, incluyendo a Machu Picchu, principal atracción turística del país, que es visitado diariamente por miles de personas y deja ingresos al Estado peruano por cerca de diez millones de dólares anuales.

El presidente del Comité Cívico de Defensa del Patrimonio del Cusco, Adolfo Saloma González, expresó a Prensa De Frente que “Si van a persistir con la aprobación del proyecto en segunda instancia el pueblo de Cusco se va a declarar en paro y no solamente de 24 horas sino indefinido”, ya que con el proyecto “en nada se beneficia la comunidad”.

El proyecto establece un plazo de treinta años de concesión y el canon que se le abone al estado debe ser utilizado a para labores de preservación, conservación e investigación en un 70%, mientras que otro 15 % se debe destinar a acciones de difusión y otro porcentaje similar a tareas de señalización y ornato, por lo que la empresa concesionaria no tendrá que invertir absolutamente ningún dinero sobre el bien cultural que se privatice más allá de ese canon y se llevará toda la ganancia que actualmente el estado destina a las distintas actividades que hacen a su función. No se establecen límites sobre el precio que el turista deberá pagar para poder visitar ese bien cultural ni la cantidad de gente que se permitirá ingresar, dejando esas tareas libradas a la empresa privada.
Además el proyecto habilita a que en el área en que se encuentra ese bien cultural concesionado se pueda ejecutar una obra nueva sin tomar en consideración ese bien cultural, pudiéndose afectar el patrimonio arqueológico o natural.



La iniciativa fue votada afirmativamente por la bancada que responde al presidente Alan García y fue promovida por el congresista Carlos Bruce Montes de Oca, un conocido empresario dueño de varios restaurantes y precisamente en el proyecto se establecen distintas facilidades para esos comercios a la hora de promover los distintos puntos turísticos.
La comunidad de Cusco en su conjunto se ha movilizado para rechazar el proyecto de privatización, la última de ellas se realizó el pasado 23 de mayo y convocó a aproximadamente 10 mil personas, desde alumnos de las escuelas primarias, secundarias y universitarias hasta las propias autoridades regionales, pasando por comunidades campesinas y organizaciones de trabajadores. En la misma se repudió la actitud de los congresistas oficialistas y de los representantes de la región que votaron a favor de la iniciativa acusándolos de “vendepatrias” y a través de distintos carteles se expresaron consignas como “Machu Picchu y Cusco no se venden, se defienden”, “No a la privatización de nuestro patrimonio”, entre otras.
A su vez existe una fuerte campaña en todo el país para que se vote a Machu Picchu como una de las nuevas siete maravillas del mundo, cuestión que si se concreta incrementará aún más la cantidad de visitantes que acuden a la ciudad incaica, por lo que si se aprueba el proyecto y se permite su concesión, los capitales privados serán los principales beneficiados de que ese monumento arqueológico sea considerado una de las maravillas del mundo.
Mientras en Perú el presidente Alan García promueve la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, el turismo ya es explotado principalmente por compañías internacionales –al igual que las distintas ramas de la economía- como la empresa Perú-Rail-FETRANSA, que tiene la concesión monopólica del tren que se dirige a Machu Picchu y que por un trayecto de aproximadamente 20 kilómetros cobra 23 dólares solo de ida y por el servicio más barato.

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