01/06/2007
FACULTADES EXTRAORDINARIAS A ALAN GARCÍA
Perú: la ley como instrumento de represión

Por Adriano Prandi desde Perú - El Congreso Nacional del Perú acordó -luego de toda una jornada llena de intrigas- delegar facultades extraordinarias al gobierno de Alan García para legislar en materia de "terrorismo" y "crimen organizado". De esta manera, el Congreso -cuya principal función es la de constituirse como una instancia más plural y democrática en materia de legislación- se niega a sí mismo, otorgando al gobierno aprista una inmejorable situación para profundizar su carácter autoritario y represivo, y legalizar su ya evidente política de criminalización de las protestas populares.

Podría suponerse que una decisión política de tan profundo alcance -más aún cuando todavía están muy frescas en la memoria las intenciones del presidente García de imponer la pena de muerte- hubiese tenido una inmediata repercusión en los titulares de todos los medios de comunicación a nivel nacional. Pero no. La noticia pasó más bien inadvertida, nada de escándalo. Ni siquiera el hecho de que el apoyo de la bancada fujimorista -cuyo único argumento, en textuales palabras de su vocero Luis Bedoya, fue que lo hacían por "una cuestión de fe"- fuera decisivo para dar quórum a esta medida, ha llamado la atención de la opinión pública.

Sin embargo, la noticia es de fundamental importancia para las aisladas pero valientes luchas que se vienen dando en todo el país, y que se constituyen como focos de resistencia ante el modelo imperante. El gobierno de Alan García, cuya principal política económica está orientada a la atracción de la inversión privada transnacional, tiene el camino abierto para legislar contra la protesta y contra los luchadores sociales que se oponen a esta política de acumulación y marginación.

En este último mes, hemos sido testigos de una notoria escalada de la protesta social. Los campesinos, los trabajadores y el pueblo peruano en general han comenzado a tomar conciencia que la profundización del modelo neoliberal no puede más que ahondar la brecha entre una minoría, que no cesa de enriquecerse, y las mayorías cada vez más olvidadas. El primer sector en movilizarse fue el de los campesinos cocaleros, cada vez más fuertemente hostigados por el Estado y sus fuerzas armadas. Pero luego se han ido sumando las luchas de los trabajadores mineros, de los docentes, de los pequeños agricultores y de los campesinos perjudicados por denuncios mineros, entre otras.

Los conflictos se multiplican, pero el gobierno -en lugar de atender a los legítimos reclamos de la sociedad- prefiere valerse de argucias legales con el propósito de criminalizar la protesta.. Su pedido al Congreso de facultades extraordinarias apunta llamativamente a la legislación de las siguientes materias: narcotráfico, terrorismo, secuestro y crimen organizado.

La incansable (y costosa) lucha contra el narcotráfico -además de ser una de las prioridades del gobierno para hacer "buena letra" ante los Estados Unidos en momentos en los que se decide la firma del TLC- se confunde con la eliminación de uno de los más organizados sectores de oposición al modelo: los campesinos cocaleros. Mientras la propaganda oficial afirma que todo el peso de las operaciones de las fuerzas antinarcóticos apunta exclusivamente a las pozas de maceración y a los aeropuertos clandestinos, la realidad nos muestra a las patrullas militares avasallando campos de cultivos y a sus moradores, extensas zonas cada vez más militarizadas y un gran número de campesinos detenidos. Contra ellos podrían caer las futuras leyes aprobadas por nadie, y gestadas a gusto y medida dentro de las oficinas del Poder Ejecutivo.

La otra gran preocupación del gobierno de García es el tema del "terrorismo". La palabra aparece en casi todas las declaraciones oficiales y en las portadas de todos los periódicos. La cultura del miedo es alimentada y propagada desde las mismas cúpulas del poder. Sin embargo, agudizando un poco más la mirada, detrás de este supuesto "terrorismo organizado, violento y destructivo" vemos aparecer las legítimas luchas populares. Basta citar dos elocuentes ejemplos sobre este punto.

El primero. El 26 de abril, una comunidad campesina de la región Huancayo decidió en asamblea cortar la carretera en el tramo que une Ambo con Huanuco, entre otros reclamos, solidarizándose con la lucha por la prórroga de los cultivos cocaleros. En pocas horas, efectivos de la policía y el ejército se hicieron presentes en la zona, reprimiendo con gases y deteniendo a treinta y tres comuneros, quienes fueron puestos a disposición del Seguridad del Estado. El gobierno ni siquiera prestó atención al motivo del bloqueo, pero varios de los campesinos han quedado retenidos bajo la figura de "atentar contra los intereses nacionales".

El segundo caso. Luego de una semana de seguimientos por parte de un operativo de los Servicios de Inteligencia del Estado, fue detenido Máximo Pedro Domínguez Jamanca, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Casma (SUTE). El representante de los docentes casmeños fue acusado por el delito de "terrorismo en agravio del Estado", y ha sido conducido a una prisión de máxima seguridad en la ciudad ancashina de Huaraz. ¿Cuál es la verdadera causa de la detención?, el SUTE se había adherido al paro regional que movilizó a toda la región Ancash durante las jornadas del 11 y 12 de abril. Además, el sindicato al que pertenece Domínguez Jamanca se mantiene firme en la lucha que mantiene el magisterio contra las políticas de ajuste del gobierno de Alan García. Detrás de los tan temidos "terroristas", contra quienes hay que utilizar todo el peso de la ley, nos encontramos a dirigentes populares luchando por justas reivindicaciones sociales.

El terror es manipulado, diseñado y utilizado para ejercer una gobernabilidad menos plural, menos democrática. El Ejecutivo reclama superpoderes para eliminar a la oposición actual y acallar a los futuros disentidores. Se busca, de esta manera, imponer un rumbo no dialogado y no consultado. Pero la ciega entrega de denuncios mineros, la reducción de áreas protegidas para una irracional explotación forestal, el desalojo de mercados minoristas, el desplazamiento de la pesca artesanal por la gran pesca monopólica, entre otros, van sentando los cimientos de un país para pocos. Detrás de la sombra de la gran empresa se encuentran los despojos de una sociedad que ve atentar contra sus principales medios de subsistencia: las tierras, los bosques, los mares. Este es el Perú que hace varias décadas que pide a gritos ser escuchado. Pero el gobierno no oye sus reclamos. Por el contrario, está cambiando las leyes para enjuiciar a todos los que se animen a alzar su voz.