29/01/2007
1-SOBRE EL RECLAMO PRESIDENCIAL EN EL CASO GEREZ
De lo dicho a lo hecho, ¿El camino es derecho?

Boletín quincenal N° 58 -Casi 48 horas después del secuestro del militante peronista Luis Gerez, y a más de tres meses de la desaparición de Jorge Julio López, el presidente de la Nación hizo uso de la cadena nacional por segunda vez en su mandato. En ese discurso, Néstor Kirchner señalaba como responsables del secuestro a "elementos paramilitares o parapoliciales", a la vez que reclamaba a la justicia celeridad con las causas y "sentencias justas" que llevaran a que "los asesinos estén en el lugar en que deben estar, en las cárceles comunes". A pesar de estas definiciones, no son, hoy, los lobbies militares ni los diputados o senadores más reaccionarios quienes ponen las trabas mayores a estos históricos reclamos sociales.

Entre las leyes no sancionadas por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el año pasado, está la que impulsa el diputado oficialista tucumano Gerónimo Vargas Aignasse, cuyo padre fue una de las víctimas del genocida Domingo Bussi. Esta propuesta plantea que los procesados y los ya condenados por crímenes de lesa humanidad no gocen más del beneficio del arresto domiciliario por tener más de 70 años, derecho que es otorgado hoy a los delincuentes sociales, y que cumplan, así, la espera de las condenas en cárceles comunes.

La ley fue derivada, a mediados del 2006, a la Comisión de Legislación Penal, presidida por la kirchnerista entrerriana Rosario Romero quien, junto con el resto de los integrantes del Frente para la Victoria de esta comisión, se negó a emitir un dictamen favorable. Argumentaron, en voz baja, que tenían orden del presidente de la bancada, el santafesino Agustín Rossi, y del titular de la Cámara, Alberto Balestrini. Éstos, a su vez, evocaron órdenes superiores, "órdenes de arriba". No de Dios, sino de la Casa Rosada. Pero la no aprobación de esta ley no es mérito exclusivo de los kichneristas. El radicalismo en su conjunto, el macrismo y los partidos provinciales que componen el espacio de centro derecha compartieron la negativa.

No es una novedad para nadie que las leyes que se tratan en los recintos de la Cámara Alta o Baja son monitoreadas personalmente por Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Zannini o el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Sin su visto bueno, nadie da un paso adelante con ninguna ley, siquiera con la más formal y ordinaria normativa.

Entonces, si el presidente de la Nación reclama cárcel común para los genocidas debería al menos instruir a sus propias huestes para que incluyan el tratamiento de la ley en las sesiones extraordinarias que se llevarán a cabo en el mes de febrero próximo. Al día de hoy, sí está asegurado el tratamiento prácticamente a puertas cerradas, teniendo en cuenta el momento en el que se la evaluará, de una polémica nueva Ley Antiterrorista.

La morosidad en los juicios penales fue otro de los reclamos del presidente Néstor Kirchner en su discurso. Con la puesta en marcha de los juicios, una vez derogadas las leyes de la impunidad, el Poder Ejecutivo se comprometió a que el Estado respaldaría su curso de acción con la designación de personal en los juzgados federales y de abogados y personal técnico para acompañar el trabajo realizado, desde años anteriores, por los abogados de los organismos de derechos humanos. Pero la implementación de estas designaciones deja mucho que desear.

Lo revela un documento del año pasado de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Familiares de Desaparecidos y Ex Presos Políticos de Santiago del Estero. Uno de los tramos afirma en forma textual: "Hoy el Juzgado Federal en lo Penal, Civil y Comercial cuenta con un sólo empleado para diligenciar al menos 800 causas. Si a esto se suma el retraso que ya venían sufriendo las acciones judiciales en la era
Toledo (juez federal designado por Carlos Menem), circunstancias profusamente denunciadas y que motivaron su alejamiento del cargo, el descalabro es total". Y a continuación revela "que este es el marco en el que se vinieron desarrollando las causas por la represión ilegal y la desaparición de 140 santiagueños".

Una denuncia que no es exclusiva de este organismo, sino del conjunto de las organizaciones de derechos humanos del interior del país, encabezadas por aquellas que mantienen con firmeza los históricos reclamos.