18/12/2006
3- LA RECUPERACIÓN DE UN EX CENTRO CLANDESTINO EN CÓRDOBA
Un nuevo avance en la condena a los genocidas

Boletín quincenal Nº55 - Prensa De Frente en Córdoba. La perseverancia y la tozudez dieron un nuevo ejemplo de que la lucha es el único camino. Es que desde el 10 de diciembre de 1983 los gobiernos de la UCR y del PJ se negaron a entregar el espacio en el que durante la dictadura militar funcionó el Departamento de Inteligencia de la Policía de Córdoba. Ahora, el gobernador José Manuel de la Sota -no por sus convicciones sino ante el temor de que el local sea ocupado por la militancia- cedió el edificio ubicado en el Pasaje Catalina, contiguo al Cabildo Histórico, en pleno centro de la capital mediterránea.

Una cesión aprobada por ley en marzo de este año, pero que nueve meses después se cumple íntegramente. A partir de ahora, la Comisión Provincial de la Memoria y los integrantes de la Comisión de Notables, ungidos en reconocimiento a su larga trayectoria por los derechos humanos y sociales. Sonia Torres (presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo), Juan Enrique Villa (ex secretario general del sindicato de Perkins y de la Mesa Nacional de Gremios en Lucha en los ´70), Carlos Alonso (artista plástico), Guillermo Mariani (sacerdote) y Santiago D´Ambra (de Familiares y Detenidos por Razones Políticas), tienen la misión de concretar crónicas de vida, donde antes reinó la muerte. Precisamente lo primero que reclamaron es la entrega de los archivos policiales celosamente guardados por los gobiernos de turno.

En ese edificio, que aún muestra en su interior las celdas y sitios de torturas que culminaban en el asesinato de decenas de combatientes, se transformará en un ámbito de puertas abiertas a la memoria, a nuevos proyectos políticos y sociales.

En las horas previas, los organismos de derechos humanos, con la presencia de alrededor de un millar de ex presos políticos y sus familias, de representantes de organizaciones sociales, estudiantiles, campesinas, entre otras, descubrieron un monumento a los fusilados en la Penitenciaria. Entre el 30 de abril y el 11 de octubre de 1976 fueron asesinados Eduardo Bartoli, Miguel Mozé, José Svagusa, Luis Verón, Eduardo Hernández, Diana Fidelman, Ricardo Yung, Carlos Sgandurra, José Puchetta, Claudio Zorrilla, Miguel Barrera, Mirta Abdón, Esther Barberis, Marta Rossetti de Arqueola, José Funes, Rául Bauducco, José Moukarzel, Miguel Vaca Narvaja, Higinio Toranzo, Gustavo de Breuil, Ricardo Tramontini, Liliana Páez, Florencio Díaz, Pablo Balustra, Jorge García, Oscar Hubert, Miguel Ceballos, Marta González de Baronetto y en julio de 1978 Osvaldo de Benedetti.

Muchos de ellos fusilados fuera del penal, sacados con la complicidad de los jueces, los que después convalidaban los comunicados de prensa del Ejército Argentino en que se daba cuenta de "enfrentamientos" o "intentos de fuga". Y otros, el tiro en la nunca o estaqueados en los patios de la cárcel en el invierno del ´76, completaron la práctica del Terror de Estado, cuyos responsables materiales e intelectuales gozan de libertad gracias a las leyes de impunidad y la llamativa morosidad de los juicios tras su derogación.

Tal cual lo dijeron a los cuatro vientos, Miguel Ceballos, Lucas Baronetto, Cristina Díaz, Hernán Vaca Narvaja, Mariana Baronetto, Viriginia Arqueola, Enriqueta Balustra y Martín Mozé, en un documento que narra la verdad de lo sucedido y cómo se produjeron los asesinatos. Reivindican el compromiso y la militancia de aquellos jóvenes, o sea de sus padres asesinados que lucharon por un país diferente.

Acciones que se iniciaron con la inauguración del Memorial de los Desaparecidos, en el Cementerio San Vicente. Lugar donde el Equipo Argentino de Antropología Forense, por orden judicial, excavó las fosas comunes donde fueron encontrados los restos de los combatientes detenidos y asesinados hace 30 años.

En todas ellas, los presentes reclamaron cárcel común para el genocida Luciano Benjamín Menéndez, pero difícilmente se cumpla porque el kirchnerismo del Congreso de la Nación, a través del presidente del bloque de diputados Agustín Rossi y el de senadores Miguel Ángel Pichetto, cierran el año legislativo obturando el proyecto de ley por el cual los genocidas no sean eximidos de la ley que permita a los mayores de 70 años cumplir con arresto domiciliario.

Al igual que Pinochet, no conocerán la cárcel, salvo que Néstor Kirchner cambie de opinión el año que viene, si las encuestas de opinión lo aconsejan.

En ese sentido, cabe recordar uno de los tramos del documento de los HIJOS de las presas y presos políticos fusilados en la Penitenciaría: "La democracia fue generosa con los asesinos", haciendo referencias a las leyes de impunidad derogadas por la fuerza de la lucha. También expresa que la construcción del futuro debe ser "sin mentiras, sin hipocresías, sin crímenes, sin impunidad". Para manifestar finalmente: "Y estamos aquí sobre todo para exigir. Para reclamar que la Justicia Federal de Córdoba cumpla, de una vez por todas, con su obligación y encierre para siempre a Menéndez y su siniestra corte de asesinatos cobardes y decadentes. Nuestros muertos viven en nosotros. Justicia para ellos. Juicio y Castigo a los culpables".