13/10/2006
CONFLICTO DE TIERRAS EN MENDOZA Y CÓRDOBA
La Justicia encarcela y reprime para acallar la protesta social

En los últimos meses los movimientos campesinos tuvieron que resistir detenciones, amenazas, represiones y desalojos; las líneas de continuidad, tanto en Mendoza como en Córdoba, están dadas por la injusticia de la Justicia. Mientras en la Rinconada (Córdoba) el poder no investiga la usurpación de un terreno por parte de un empresario, en Villa Dolores estuvieron dos días detenidos campesinos que reclamaban por sus tierras. Y en Mendoza un juez federal mandó a la policía a sacar fotos a los campesinos que sostienen una carpa en reclamo de sus derechos. La complicidad entre los gobiernos provinciales, la policía y los jueces de paz con los empresarios da lugar a la única respuesta posible: la lucha y el reclamo de las familias campesinas por defender sus viviendas, su trabajo y su derecho ancestral a la tierra.

“Hace más de un año que la Justicia debería haber actuado. Y hoy hay familias enteras que se quedaron sin nada, que tienen sus casas cercadas por el alambrado que puso el empresario, estamos incomunicados y nos podemos quedar sin agua potable”, explicó Sabrina, integrante de la Unión Campesina del Noreste (UCAN). Es que en las últimas semanas volvió a cobrar fuerza el conflicto en las tierras de la localidad de La Rinconada, la zona limítrofe de Córdoba con Santiago del Estero, luego del avance del empresario René Fritzler sobre las posesiones campesinas.

Fritzler afirma que su padre compró 23 mil hectáreas de tierra donde habitan las familias campesinas a una empresa que, según sus cálculos, estaba dentro de los límites de Santiago del Estero. Si bien las autoridades de esta provincia confirmaron que el terreno es cordobés, por lo cual las tierras no le pertenecen, el empresario siguió realizando obras de infraestructura y alambrando el terreno de las 35 familias que viven en la zona de la reserva natural de la costa de Mar Chiquita y Bañados del Río Dulce, que si sigue extendiéndose cerraría el paso del río y dejaría sin agua potable a toda la región.

La UCAN denunció la colocación de puestos de control y alarmas, el cierre de caminos y la contratación de seguridad privada que generan un virtual manejo militar del campo y, junto a las amenazas que se han producido, buscan amedrentar a los vecinos, violando los derechos de las familias que habitan allí y que producen de forma comunitaria hace años.

Los campesinos organizados en el Movimiento Campesino de Córdoba aseguraron que impedirán que el empresario continúe alambrado (ya cortaron alambres en 15 kilómetros del terreno exigiendo que las autoridades tomen cartas en el asunto) y exigirán el reconocimiento de la costa del Río Dulce como campo de uso colectivo de propiedad intransferible.

Mientras sostienen la lucha, la justicia provincial no hizo nada. “Es cómplice de los dudosos acuerdos que el empresario ha realizado con algunos de los lugareños y nosotros exigimos que la justicia investigue y denuncie la presión y violencia que sufren los campesinos”, afirmó Sabrina.

Mientras en la Rinconada la inacción de la Justicia favorece a los empresarios, a 400 kilómetros, en Villa Dolores, Córdoba, el poder judicial es más eficiente y desalojó y detuvo a dos campesinos por el delito de “usurpación”. La familia Calderón fue desalojada de la tierra que habitaron durante más de dos generaciones y en la cual producían para su subsistencia. Luego de dos días de vigilia que llevó adelante el Movimiento Campesino de Córdoba salieron en libertad.

Foto: Ucatras
Pablo, integrante de la Unión Campesina de Traslasierra (UCATRAS), afirmó: “En Argentina no hay un reconocimiento en la práctica de los derechos del campesino, al igual que no se reconoce el derecho preexistente del uso comunitario de la tierra, la Justicia falla al revés de la letra legal, la ley dice que quien demuestra posesión, uso real de una propiedad por más de 20 años es el titular de la misma y en la mayoría de los desalojos vale más el abogado que certifica papeles de titularidad”.

Las organizaciones que integran el Movimiento Campesino Indígena denunciaron las irregularidades del poder judicial y de los registros de la propiedad como parte de una política que impulsa un campo sin campesinos y contrapone el “progreso” del nuevo modelo agropecuario con el “atraso” de las formas de producción comunitarias.

Mientras tanto, la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza y la Unión de Jóvenes Campesinos de Cuyo se encuentran en estado de alerta. Hace dos días la policía se acercó a la “carpa de la lucha por la tierra" que impulsan las organizaciones, sacó fotografías del lugar y de los campesinos y pidió datos de quienes se encontraban en el momento en la carpa. La fuerza de seguridad presentó una orden del primer juzgado federal de Mendoza, que además concentra la mayoría de las causas de los represores y genocidas de la ultima dictadura. Diego, de la UST, explicó: “La justicia actúa a favor del capital, no hay política agropecuario para proteger al campesino sino que el objetivo es favorecer a los grandes empresarios que promueven el agro negocio y garantizan las exportaciones”.

El 22 de septiembre decenas de campesinos integrantes de la UST habían ocupado una finca abandonada e improductiva de la cual fueron desalojados. Ese mismo día decidieron acampar al costado de la ruta 40, y el mismo juez que hoy manda a investigarlos, intentó desalojarlos. “Nosotros tomamos esa finca porque hace más de 20 años que está deshabitada, pertenecía a capitales peruanos que se fueron del país y está presentado un proyecto de expropiación para que once familias puedan asentarse a vivir y trabajar la tierra”.

Todas las organizaciones explicaron que hoy no existen mecanismos legales para acceder a las tierras improductivas y que hay serias irregularidades que se están investigando en los registros de poseedores. Mientras tanto, los campesinos aseguran que seguirán luchando por sus derechos, reafirmando el rol social y comunitario de la tierra y el agua y formas de producción que se oponen a la lógica empresarial y proponen nuevas alternativas de consumo más justas y con alimentos sanos.