03/04/2006
DESPUÉS DE LAS SEIS MUERTES POR EL INCENDIO EN CABALLITO
Prácticas salvajes y sinietras

El incendio de un taller textil el pasado jueves 30 de marzo en Caballito, donde murieron seis personas, cuatro de ellas menores, se convirtió en el criminal ejemplo de una situación de hiperexplotación que se repite en distintas partes de la ciudad y buena parte del país. Tanto desde el gobierno nacional, en la voz del ministro del Interior Aníbal Fernández -responsable directo de la policía cómplice que, por corrupción, permite que estos antros de esclavismo funcionen- , como desde el gobierno porteño responsable de la falta de control -¿cuántas tragedias deberán repetirse?- insistieron en castigar la actitud de los empresarios “inescrupulosos” deslindando así responsabilidades estatales activas por las que en nuestro país la mitad de los trabajadores sufren situaciones laborales precarias. Mientras tanto, como muchas de las víctimas mortales son ciudadanos oriundos de los países limítrofes y en algunos casos indocumentados, los grandes medios de comunicación le dedican al tema menos espacio que a los partidos de futbol del domingo.

No sería muy difícil para el gobierno de la ciudad y para el propio Fernández encontrar los talleres, que no están ocultos. En los barrios donde funcionan, cualquiera puede indicar cómo encontrarlos. Sin embargo, encontrar a los argentinos, bolivianos y coreanos que regentean estos talleres está lejos de ser la solución al problema que es crear desde el propio Estado las condiciones económicas para que este tipo de producción esclavizante no encuentre terreno en el cual prosperar.

Tras el incendio, el flamante jefe de gobierno porteño Jorge Telerman habló de prácticas “salvajes y siniestras” que se realizaban dentro del lugar y centró su explicación en las condiciones de habilitación del taller. "Le doy el teléfono de Telerman y se lo pregunta", fue la evasiva respuesta de Aníbal Fernández al ser consultado sobre la ausencia de inspecciones a estos talleres, que no son clandestinos, sino que se hallan habilitados, pero para funciones distintas a las que realmente tienen. Sin embargo, el problema es más económico y político que edilicio, y entonces las responsabilidades no se reducen sólo a determinar quién y de qué manera se permite que los talleres se instalen sino a las condiciones que hacen que los trabajadores se resignen a pasar por tales situaciones para ganarse el pan.

Cerca de 3 mil costureros, en su mayoría indocumentados de origen boliviano, trabajan en condiciones de hiperexplotación en los más de 400 talleres ilegales que siguen funcionando en los barrios de Mataderos, Liniers, Bajo Flores, Floresta, Caballito, Paternal, Villa Crespo y Once. En la gran mayoría de los casos, los trabajadores viven y duermen junto a sus familias en el lugar donde trabajan en condiciones de máxima explotación. Sus hijos son encerrados tras rejas para que no molesten durante las jornadas de producción, siendo esta una de las razones por las que los menores no pudieron ser sacados a tiempo del lugar. Tal como denuncia la Unión Trabadores Costureros (UTC), las jornadas laborales son de 16 o 18 hs sin descanso. Derechos tales como salario, aguinaldo o cobertura de salud suenan a utopía en dicho contexto. El ministerio del Interior es responsable de que los trabajadores no puedan obtener el Documento Nacional de Identidad (DNI) lo cual los deja en situación de ilegalidad y amplía notablemente su debilidad respecto de los empresarios.

Las coimas con la que quienes controlan el negocio textil precarizado se aseguran el silencio y la complicidad de la policía federal, de los funcionarios porteños; de los funcionarios en las fronteras por donde los empresarios ingresan a los trabajadores extranjeros; no son las únicas causas de estas muertes y de la condiciones de explotación que sufren inmigrantes y ciudadanos argentinos por igual. El Estado tiene un rol activo en el diseño de un modelo económico que concentra grandes ganancias en pequeños sectores de la sociedad, al tiempo que destruye a las pequeñas industrias y precariza, en un contexto de desocupación masiva y pérdida de poder adquisitivo, las condiciones de trabajo, hasta niveles de esclavitud. No se trata entonces de comenzar una búsqueda de detectives, de clausurar repentinamente varios talleres o pedir a la ciudadanía que denuncie por teléfono a “estas mafias”, como hace el gobierno porteño, sino de atacar firmemente las estructuras del modelo económico que las legítima.