13/03/2006
3-¿Qué pasa en la provincia del presidente?
La ruta del petróleo

Boletín quincenal Nº35 - -Por La Fragua*, para Prensa De Frente-. Las Heras es una pequeña ciudad de la provincia de Santa Cruz. Con menos de diez mil habitantes, el nombre de este enclave petrolero circuló por todo el país a partir de la muerte del subinspector de policía Jorge Sayago, cuando una gran cantidad de manifestantes (las estimaciones oscilan entre mil y tres mil) protestaban por el encarcelamiento de uno de los referentes de los trabajadores del sector, en lucha desde hacía semanas. Pero ¿Qué pasa ahí y en todo Santa Cruz, la provincia del presidente? ¿cuál es el marco para entender estos acontecimientos?

Sin ánimo de pretender realizar un informe exhaustivo, lo primero que hay que decir es que se trata de un provincia muy rica, con una alta conflictividad social a causa de que esas riquezas no se reparten parejo, sino que son apropiadas por grandes empresas trasnacionales, como Repsol-YPF, Pan American Energy y Vintage Oil, que sólo en el Norte de Santa Cruz obtienen ganancias netas que rondan los 4.390 pesos por minuto.

A partir del remate de YPF y la "desregulación" del mercado de hidrocarburos -gas y petróleo- se profundizó la venta de estas riquezas estratégicas, totalmente controladas por capitales extranjeros (a diferencia de otros países, como por ejemplo Venezuela, que mantiene el control de PDVSA). Con la devaluación, por su parte, se trastocaron todos los precios relativos, y al amparo del gobierno, algunos sectores salieron muy beneficiados.

Los combustibles, con precios fijados internacionalmente, aumentaron su valor siguiendo al dólar, y las petroleras siguieron cosechando ganancias con salarios devaluados y regalías mínimas. Para poner un ejemplo en torno a este último tema, en Bolivia, dentro de las demandas populares por la nacionalización de los hidrocarburos, la posición más moderada es el establecimiento de regalías de un 50% que, si bien no solucionan el problema de fondo, que consiste en el control de los recursos, al menos avanzan en discutir que esa renta extraordinaria debe volver a las comunidades donde se genera. En Argentina, en cambio, estos derechos se encuentran en el 12% (las regalías más bajas del continente), y al menos desde el gobierno no parece haber mucha preocupación por amenazar los intereses de las petroleras. Más bien lo contrario: apuntan a desoír los intereses de los trabajadores petroleros.

Cuando los precios aumentaron, como en todo el país, los trabajadores ocupados y desocupados de Santa Cruz comenzaron a reclamar, realizando piquetes en las rutas (algunos en pleno invierno, con temperaturas bajísimas), movilizaciones y tomas de edificios públicos. La respuesta a los pedidos de puestos de trabajo y salarios más altos fue la represión.



Durante todo el 2005 se vivió un escenario de detenciones (en junio se libraron más de 60 órdenes de captura, muchas de ellas se hicieron efectivas), acuerdos incumplidos por parte de los funcionarios y aumento en general de la hostilidad de la población hacia las fuerzas de ¿seguridad?, cada vez más claramente al servicio de las compañías extranjeras, con muy buenos lazos con los jueces y los políticos, empezando por el propio Néstor Kirchner, uno de los apoyos de la escandalosa privatización de YPF.

Pero nada de esto informaron los grandes medios: Santa Cruz está demasiado lejos y los intereses del petróleo -y de un gobierno preocupado en mostrar una "nueva" política- son poderosos. Los hechos ocurridos en esa provincia convulsionada, donde la represión de la gendarmería incluyó casos de tortura (verificados por organismos de Derechos Humanos) fueron silenciados durante meses. Igual que lo que está pasando ahora, con Las Heras en una situación parecida a una dictadura: militarizada, con gendarmes intimidando a los pobladores y agentes de inteligencia infiltrando las movilizaciones, como denunciaron recientemente las esposas de los trabajadores petroleros, información que sólo tuvo eco en sitios de contrainformación como Indymedia, AnRed o la agencia de noticias OPI.

En este contexto de suelos ricos, saqueo empresarial y pueblos empobrecidos, en el 2006 continuaron las protestas de los trabajadores. El 6 de febrero la policía de la provincia encarceló a Mario Navarro, luego de dos semanas de piquetes que reclamaban, entre otras reivindicaciones, la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias (aquí no sólo hay que considerar la asimetría entre ganancias empresarias y sueldos de los obreros, sino el costo de vida de la región patagónica, mucho más alto aún que 1800 pesos).

Navarro era uno de los referentes de los cortes, realizados con la oposición de la burocracia sindical (de lamentable papel en las últimas dos décadas, alineados con Hugo Moyano y de excelente relación con el gobierno provincial y nacional). En esas circunstancias, una buena parte de los pobladores se movilizó a la comisaría, pidiendo la libertad del detenido, el cese de la represión y la atención del gobierno a las demandas sociales. Desde el interior del edificio, el cuerpo de policía reprimió la marcha con gases y balas de plomo; y algunos manifestantes respondieron. En medio de esos enfrentamientos cayó muerto el oficial Sayago, además de resultar heridos otras 30 personas, que incluyen tanto policías como trabajadores petroleros.

Como en Mosconi en 2001, en Las Heras no se vivió un hecho que habilite a hablar de una situación preinsurreccional, generalizable a todo el país. Pero sí del hartazgo de un pueblo que ve cómo la ganancia que produce se las quedan unos pocos, mientras los que supuestamente son elegidos para defendernos terminan -en última instancia, a balazos- representando los intereses de los poderosos.

En momentos en que el pueblo venezolano avanza en logros sociales importantes a partir de controlar su renta petrolera, y cuando en Bolivia se discute la nacionalización de los recursos naturales, en nuestro país la política oficial parece ir bastante a contramano: se mantienen los privilegios empresarios, se sofocan con represión las protestas, se militariza la Patagonia, se silencia a la prensa corporativa por medio de pautas publicitarias. Tal vez desde ese lado no haya que esperar otra cosa.

En su lugar, a lo mejor habrá que continuar uniendo y uniéndose a las distintas reivindicaciones por el territorio y los bienes estratégicos, en un marco de reclamo cada vez más generalizado de defensa de nuestros recursos. Los trabajadores, mientras tanto, seguirán en la ruta, que no está en función de la integración de los pueblos, sino del saqueo para las multinacionales. Todo esto en la provincia del presidente.

* La Fragua es una publicación de trabajadores ocupados, integrante del Frente Popular Darío Santillán. Esta nota forma parte de la edición de febrero/ marzo de 2006.