13/02/2006
1-LAS RAZONES DE LA VIOLENCIA EN LA PROVINCIA DE LOS KIRCHNER
El gobierno protege la concentración de la renta petrolera para los grupos económicos

Boletín quincenal Nº33 -El gobierno nacional, el santacruceño y los grandes medios pretenden reducir el largo y generalizado conflicto social planteado en esa provincia patagónica al exclusivo tema de la responsabilidad por la muerte del oficial policial Jorge Sayago, el lunes 6, durante la movilización de los trabajadores petroleros de Las Heras a la comisaría para lograr la liberación del delegado Mario Navarro. Pero esos sucesos de Las Heras no hacen sino reafirmar que, en la provincia de los Kirchner, cualquier cuestionamiento al diseño de concentración de la renta petrolera, aunque sea en el mínimo aspecto de los costos laborales para las empresas privilegiadas, implica la generación de un estado de violencia, represión y criminalización de la protesta.

Santa Cruz participa en un porcentaje importante en la producción y en el modo de apropiación de la renta petrolera argentina, calculada en 1700 millones de dólares por año. En función de esa participación, y a partir del sustancial apoyo que el entonces gobernador Néstor Kirchner dio en 1992 al trámite de privatización de YPF, la provincia obtuvo de quien era en la época el ideólogo del modelo, Domingo Cavallo, el pago de más de 500 millones de dólares en concepto de regalías atrasadas, el monto que Kirchner depositó en bancos del exterior y todavía no regresó al país.

En Las Heras, como en Caleta Olivia, Cañadón Seco y casi todo el norte de la provincia, las empresas petroleras son todas subsidiarias de Repsol YPF, la multinacional española que se quedó con YPF y que estableció desde la privatización una relación particular, y mutuamente provechosa, con el presidente.

Desde la devaluación de enero de 2002, el negocio de la exportación de petróleo refloreció hasta dejar ganancias extraordinarias a Repsol y sus subsidiarias, y al resto de las petroleras que operan en el país. Un correlato de este reflorecimiento fue la creciente organización de los trabajadores de esas empresas para luchar por sus reivindicaciones y sus condiciones de trabajo.

En setiembre de 2004, esas luchas –que contemplaban además la defensa de la incorporación de desocupados a los nuevos puestos de trabajo- provocaron una violenta represión en Caleta Olivia, con numerosas detenciones en operativos de grupos policiales dignos de las épocas de la dictadura.

Dos meses después, la policía brava de Santa Cruz, siempre en defensa de los intereses empresarios de las petroleras, reiteró esos métodos, con detenciones nocturnas y golpes, en la misma Las Heras.

Durante todo el 2005 fueron innumerables los paros, movilizaciones y cortes de ruta de desocupados, trabajadores petroleros, estatales y docentes de Santa Cruz, dispuestos a exigir trabajo, mejores salarios y condiciones laborales, medidas que implican un cuestionamiento al esquema vigente de reparto de la renta petrolera.

Puede resultar importante determinar cómo y por obra de quienes murió el oficial Sayago. Pero las responsabilidades sobre la realidad violenta de Santa Cruz hay que buscarlas en el gobierno nacional, en el provincial y en la relación orgánica que mantienen con los grandes grupos petroleros.