19/12/2005
4-BRIGADA DE INFORMACIONES DE FORMOSA
Espionaje político e impunidad al mejor postor

Boletín quincenal Nº29.-Ante la creciente resistencia de campesinos y familias de pueblos originarios (Pilagá y Wichí) a la venta de 400 mil hectáreas en El Bañado La Estrella, localidad ubicada a 300 km al oeste de Formosa y una de las reservas ecológicas mas codiciada de la Argentina, el gobierno peronista provincial –que declaró las tierras de interés público para su posterior venta al mejor postor- espía a los movimientos sociales que no se disciplinan al poder del gobernador Gildo Insfran. Igual que en la última dictadura militar.

La acción es llevada adelante por la tristemente célebre Brigada de Informaciones de la policía provincial y se acentuó a partir de la presentación judicial hecha por las comunidades originarias para que se declare inconstitucional la recientemente dictada Ley 1471, que viabiliza el saqueo de las tierras. Esto se reforzó a partir de la presencia de una delegación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), encabezada por el responsable de ese organismo, Douglas Kline, para corroborar la construcción del proyecto hidrovial denominado “Reconstrucción de la Ruta provincial 28 tramo Las Lomitas-Posta Cambio Zalazar”.

De concretarse la obra, significará “el desalojo de decenas de familias que van a perder todo lo que con décadas de trabajo supieron construir, llevando una vida digna afianzados en la cultura del trabajo y la producción”, según señala el documento de las organizaciones sociales, en el que denuncian que el BID avaló una presunta audiencia pública en Puerto Nuevo, Formosa, para cumplir con lo que estipula la ley.

Simultáneamente, empleados del Instituto Provincial de Colonización y Tierra, punteros del PJ y del Frente para la Victoria, acompañados por una escribana, visitaron a familias de Fortín La Soledad y Punta del Agua, en las inmediaciones de la obra a construir, reclamándoles, bajo amenaza de sacarles las tierras, la firma de documentación en blanco, para después, seguramente, difundir su aval. Esta intimidación fue denunciada en el Juzgado de Instrucción y Correccional con asiento en Las Lomitas.

Todo el montaje represivo cuenta con la complicidad de organismos nacionales como la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a cargo de Eduardo Luis Duhalde y Rodolfo Matarollo, que pese a contar con toda la documentación, eluden una definición. Y la denuncia recorre el habitual ingreso por mesa de entradas para después perderse en los laberintos de la burocracia.

Como una forma de desnudar las complicidades, los afectados acudieron a los legisladores nacionales de esa provincia, entre ellos los diputados Rodolfo Roquel, Graciela Della Rosa, Mario Bejarano, Juan Carlos Díaz Roig y los senadores José Mayans y Adriana Bortolozzi de Bogado, quienes guardaron un sonoro silencio. Claro que resulta razonable, por ejemplo, que Bortolozzi (de Bogado) se preocupe por la cuestión ya que su esposo –Floro Bogado- es vicegobernador de Insfran; o uno de los responsables de la fuerza policial, el comisario general Angel Insfran. Así, el espionaje político va camino a ser coronado por un gran manto de impunidad.