04/12/2005
5-LA JUSTICIA DE FORMOSA Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN
Mil kilómetros de complicidad contra pueblos originarios y campesinos



Boletín quincenal Nº 28.- Separados por mil kilómetros de distancia, el Superior Tribunal de Justicia de Formosa y la Cámara de Diputados de la Nación dieron un didáctico ejemplo de cómo se licúan los derechos sociales y políticos de las familias de los pueblos originarios, campesinos y pequeños productores rurales.

El 21 de noviembre los habitantes de Bañado La Estrella presentaron ante el Superior Tribunal una demanda pidiendo la declaración de inconstitucionalidad de la ley 1.471 y la resolución de la Dirección Provincial de Tierras que ordenan “recolonizar sus 400.000 hectáreas con la argucia legal de declararlo de dominio público", lo que deja las puertas abiertas al desalojo para colocar con impunidad el cartel de remate al mejor postor.

El texto fue entregado en la mesa de entrada del Superior Tribunal de Justicia que preside Ariel Gustavo Coll. Lógicamente, la presentación no tendrá una resolución favorable, porque la dependencia de la justicia provincial respecto del gobernador peronista Gildo Infran es más que obvia.

Los temores de los pobladores sobre el futuro surgen de lo que sucedió cuando la empresa LIAG ( de capital extranjero) compró 40 mil hectáreas en el oeste de Bañado. Una vez que se hizo cargo, expulsó a todas las familias de la zona, violando las garantías de que no habría una política de desalojo de los habitantes. Los pobladores aseguraron que cobra más vigencia que nunca la consigna ecológica “ Bañado La Estrella no se vende, defiende”, y se disponen a seguir la lucha, según lo resolvieron en varias asambleas populares.

En el Congreso de la Nación, más precisamente en la Cámara de Diputados, al cerrarse el período ordinario de sesiones correspondiente a 2005 sin reunión plenaria, perdieron estado parlamentario decenas de propuestas legales, entre ellas algunas que intentaban revertir el estado de indefensión que aqueja -no sólo en Formosa, sino en Salta, Chaco, Misiones, Neuquén y otras provincias- a los pueblos originarios y campesinos.

Quedaron sin ser tratados proyectos presentados por la diputada del ARI Marta Maffei que declaraban de “Utilidad Públicas y sujetas a expropiación tierras situadas en el territorio de la República Argentina para regularizar la tenencia de las tierras que tradicionalmente ocupan y darlas en propiedad a comunidades de indígenas que viven en ellas y/o las trabajan y/o para su subsistencia...” Por otro proyecto, se suspendía “por el término de cinco años en todo el territorio de la República Argentina todo trámite y/o acción de ejecución de desalojo o expulsión de comunidades indígenas”.

La media sanción de ambas leyes hubiera significado, por lo menos formalmente, una salida a la indefensión jurídica. Pero la representación kirchnerista en el Congreso, fie a su papel de “escribanía de la Casa Rosada”, nunca demostró interés en su tratamiento.

Entre otras razones, porque es en las provincias donde se violan todos los derechos sociales de los pueblos originarios y casi todos los gobernadores son aliados estratégicos de Néstor Kirchner., por lo tanto la aprobación de esos textos es una utopía. Es una razón parecida la que explica que nunca se haya tenido en cuenta el artículo 75 de la reformada Constitución Nacional de 1994, el que habilita al Congreso a reconocer expresamente la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas con todo lo que ello implica: “el respeto a la identidad, el derecho a una educación bilingüe e intercultural, el reconocimiento de su personería jurídica como comunidad, así como la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y la regularización de la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano”.