19/06/2005
1- LA DEFINITIVA DESCONFIANZA POPULAR EN LOS TRIBUNALES
La calle es el camino de las organizaciones sociales para exigir justicia

Boletín quincenal nº 16.- Desde el regreso a la democracia, los organismos de derechos humanos ganaron los espacios públicos para ejercer presión en los juicios contra los genocidas. Esa conducta rompió el mito de que el Poder Judicial era neutral. Un mito, porque el andamiaje jurídico tiene un contenido de clase, como se puede leer en los fundamentos de los fallos y en las últimas modificaciones al Código Penal. Con el correr de los años, esa legítima práctica de los organismos de derechos humanos fue tomada por las organizaciones sociales, no tan solo de la Capital Federal sino también del interior.


Santiago del Estero, 25 de octubre de 2004. Movilización y acampe frente a los Tribunales exigiendo la libertad de los detenidos del MOCASE. Foto: Archivo Prensa De Frente




Por ejemplo, en los últimos meses, la Unión de Crianceros del Encon (UJC), la Unión de Jóvenes Campesinos de Cuyo (UJOCC) y la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) de Mendoza rodearon los tribunales de San Juan para repudiar un fallo de la jueza María Lucero. Por su lado, la Unión de Campesinos de Traslasierra (UCATRAS), Córdoba, sacudió la letanía de Villa Dolores al movilizarse frente al juzgado de la doctora Elba del Valle Allende. En ambos casos por desalojos a familias campesinas. Un camino transitado en casos similares, o por las detenciones de sus integrantes, por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y la Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba (APENOC). Por estos días, los cursos de acción del juicio por los asesinatos políticos de Darío y Maxi es seguida fuera de los tribunales de Lomas de Zamora por quienes fueron compañeros de ambos, militantes y vecinos de los barrios del Conurbano. O lo que protagonizan los familiares y amigos de las víctimas de la emboscada de Cromañón, quienes hostigan en forma permanente a la Justicia, al empresario Omar Chabán y al símbolo institucional de la masacre, Aníbal Ibarra, quien por estos días vive pendiente de una citación judicial. Didácticos ejemplos de que la desconfianza, el descrédito hacia el Poder Judicial son definitivos y no tienen retorno. Gestos populares que llevan a los jueces a confesar que la presencia popular en la calle “es una molestia y que nos les permite “trabajar con tranquilidad”. Es que la imagen de impolutos se ha licuado, y con mayor énfasis todavía en el interior del país, donde los jueces recibían un trato especial respecto del resto de los habitantes de la sociedad. “Eran como pavos reales”, dijo a Prensa de Frente uno de los dirigentes de las organizaciones campesinas que frecuentemente apelan a la movilización frente a los juzgados. Pavos reales desplumados por el pueblo en la medida en que dejó de tenerles confianza institucional. Ahora, ese pueblo confía en que la movilización en las calles es el único método para luchar contra la impunidad del Estado. Es una trama de la que también participa el Poder Legislativo, donde la alianza estratégica entre el kirchnerismo y el duhaldismo, más el radicalismo, obturan leyes como las que propician la libertad de los presos políticos, el fin del desmonte de los bosques, la posesión de la tierra para los pueblos originarios, la detención de los desalojos compulsivos a las familias campesinas, o las que impiden el corte de los servicios de agua y luz por falta de pago. Jueces y legisladores se resisten a creer que los vientos de la historia empezaron a soplar desde otro cuadrante.